Resulta vergonzosa, si no dramática, la manera como los sindicatos de Mexicana de Aviación, de pilotos y sobrecargos, han aceptado la liquidación del personal, en un convenio leonino, sin precedentes en materia laboral: un 20 por ciento del monto de liquidación «en efectivo» al momento de firmar el acuerdo, un 5 por ciento como pago de acciones y el resto, el 75 por ciento, que se les cubra en ¡siete años!, es un acto oprobioso nunca antes visto.
Más allá de la pérdida del 80 por ciento del personal y la reducción, prácticamente en los mínimos legales, de sus contratos colectivos, además de la recontratación del personal sin reconocimiento de antigüedad, se presenta un panorama de incertidumbre entre el personal de aviación al no tener asegurados los pagos futuros ni la seguridad en el empleo en esa empresa de aviación.
Nada descarta que aparezca una nueva quiebra en un mediano plazo que haga impagables los compromisos contraídos. No existe, ni se pactó un seguro que prevea la seguridad del pago ante una posible desaparición de la empresa; es un compromiso que queda en el papel sin que se asegure nada, únicamente la renuncia de derechos laborales.
La quiebra inducida, la descapitalización de la empresa provocada y la ausencia total del gobierno mexicano para asegurar y dar protección a los derechos de los usuarios, así como consentir un supuesto rescate de la empresa, con capitales de origen dudoso, no hace más que considerar que las trabajadoras y trabajadores serán los únicos que pagarán los platos rotos en esta tragicomedia que empieza a volverse lugar común, en este país llamado «del empleo».
El gobierno mexicano, a través de la Secretarías del Trabajo y de Comunicaciones y Transportes, no han hecho otra cosa que mostrar, en las últimas semanas, ante la opinión pública un panorama sin alternativas y facilitar a capitalistas, todavía inciertos, una compañía con mínimos costos laborales y de operación, además de la condonación de una gran parte de las deudas. Y si eso no es complicidad, pues lo parece.
La existencia de sociedades «anónimas» en nuestra legislación, a las que, en derivaciones, se les llama también intermediarios financieros, como PC Capital y otros, ha permitido ocultar nombres de los dueños reales de las empresas y lo menos que ha propiciado ha sido impunidad y ganancia fácil.
Ocultarse en los entretelones de la ley son actos similares a los que realizan delincuentes, que prefieren la oscuridad de la noche para cometer sus fechorías. El privilegio de las sociedades anónimas es que son legales, se les trata como gente de bien (hasta como héroes salvadores) y gozan de la protección de las autoridades.
El gobierno calderonista ha dejado que estos capitales anónimos impongan sus condiciones y ha abandonado su obligación de mantener la rectoría, la seguridad y la soberanía de la Nación en las vías de comunicación aéreas como lo mandata la Constitución en su artículo 28.
La rectoría estatal del desarrollo nacional, como la define la Constitución en su artículo 25, debe garantizar que sea «…integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales»…
Nada de esto ha ocurrido, por el contrario, nuestros espacios aéreos están dominados cada vez más por los grandes corporativos transnacionales en perjuicio de nuestras decisiones soberanas y de las y los mexicanos.
No sólo los derechos laborales y la seguridad en el empleo están en juego, también la soberanía nacional que ahora está al mejor postor.
* Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e integrante del consejo de CIMAC.
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