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México, evidenciado ante Naciones Unidas por impunidad en Atenco

Por Lourdes Godínez Leal

Las violaciones sexuales cometidas contra las mujeres de San Salvador Atenco, Estado de México, y la impunidad en torno a ellas continúa evidenciándose en el plano internacional, esta vez en la sesión interactiva del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CoDH), donde organismos defensores de derechos humanos acusaron a las autoridades mexicanas de ser omisas para la impartición de justicia.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) informó en un comunicado que su directora del Área de Relaciones Internacionales, Madeleine Penman, leyó este día un pronunciamiento durante las sesiones interactivas del Consejo de la ONU, específicamente ante la Relatora Especial contra la violencia contra la Mujer, Yakin Ertürk.

En el pronunciamiento, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Foro Asia-Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo (APWLD por sus siglas en inglés) conjuntamente con el Prodh, hicieron un llamado a la justicia por el caso Atenco, al que calificaron como un caso paradigmático “que evidencia cómo en México se usa la tortura sexual como herramienta de represión para las mujeres”.

Acusaron a las autoridades mexicanas de no haber hecho ninguna consignación por los abusos sexuales y violaciones cometidos por elementos policíacos de San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, contra 26 de las 47 mujeres que fueron detenidas durante los operativos policíacos para desalojar al campesinado que comerciaba flores en la localidad.

Asimismo, que a tres años de los hechos y de haber denunciado ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra), ésta tampoco ha actuado conforme a sus funciones, pese a contar con elementos suficientes para consignar a los presuntos responsables de estos abusos.

Tampoco, dijo la responsable de las cuestiones internacionales del Prodh, se han acatado las recomendaciones hechas sobre el caso por el Comité contra la Tortura (CAT) y el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Cabe recordar que la primera recomendación internacional hecha al Gobierno mexicano fue a cinco meses de realizados los operativos, en octubre de 2006, por el CAT, quien reconoció a través del Protocolo de Estambul, la existencia de tortura señalando al Estado mexicano como responsable de ejercerla, por lo que consideró que era su “obligación” reparar el daño en todos los niveles de las víctimas y sus familias.

El mismo delito de tortura fue reconocido también en los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), en junio de 2006, donde señalaban la existencia de ésta durante los operativos para desalojar a los floristas mexiquenses.

Otros organismos internacionales de derechos humanos y el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Amnistía Internacional (AI), la ONU, han pedido en reiteradas ocasiones al Estado mexicano castigo para los responsables y justicia para las mujeres.

Asimismo, las expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reunidas en agosto de 2006, exigieron al Gobierno mexicano otorgar a la entonces Fevim, presidida por la ex fiscal Alicia Elena Pérez Duarte, la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos de Atenco.

No obstante, tres años después, la Fevim desapareció, su titular renunció y la ahora responsable de Fevimtra, Guadalupe Morfín Otero, ex comisionada de la Comisión especial encargada de investigar el feminicidio en Ciudad Juárez, ha evadido reunirse con las mujeres, argumentando que tiene que hacer una nueva revisión del caso.

Por ello, recordó Penman ante el Consejo de la ONU, el Prodh asumió la defensa legal de 11 mujeres que en abril de 2008 presentaron su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sea admitida y así obtener justicia.

Reiteraron ante el pleno del Consejo que, a más de tres años de ocurridos los hechos, la justicia permanece ausente para las mujeres violadas por policías, ya que de los 20 procesados sólo algunos fueron acusados por delitos menores como abuso de autoridad y actos libidinosos, por lo que no purgaron condenas en la cárcel al obtener su libertad bajo caución mientras que quienes ordenaron el operativo permanecen en la impunidad.

Ante este panorama, hicieron un llamado a la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, para que visite próximamente nuestro país y conozca de primera mano los hechos.

09/LGL/GG

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