Alda Facio, jurista feminista y experta en temas de género, sostuvo que en México no hay igualdad porque desde el Estado no se han erradicado todas las formas de discriminación contra las mujeres.
De acuerdo con la especialista, no basta con declarar la igualdad entre los sexos en la legislación sino que es indispensable que se eliminen todas las formas de discriminación contra las mujeres a través de la acción de Estado.
Esa argumentación también es la premisa de su nuevo libro “La responsabilidad estatal frente al Derecho Humano a la igualdad”, presentado hoy en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Durante la presentación, Facio señaló que existe un mal entendimiento, tanto de México como de otras naciones, del término de igualdad y por lo tanto de las responsabilidades que tiene el Estado para garantizar este derecho a las mujeres.
Abundó que desde que fueron redactados y pactados los convenios y acuerdos internacionales que protegen los Derechos Humanos (DH) de la población, existió una resistencia por definir correctamente la igualdad, ya que ello implicaba dejar las ideas patriarcales que ponderaban el valor de los varones sobre las mujeres.
Por ello, a decir de la experta, fue adoptado el término “equidad”, lo que permite que las formas de discriminación contra la mujer perduren, pues de acuerdo con el entendimiento de las naciones “equidad significa darle a cada quien lo que le corresponda, así lo
equitativo es que las mujeres tengan lo que necesitan y muchos entienden que las mujeres no necesitan tierras o propiedades”.
En ese sentido, Alda Facio enfatizó que los Estados, como México, tienen la obligación de garantizar la igualdad, lo que no termina con reconocer este derecho en las leyes o normas, y pasa por la erradicación de todas las formas por las que se discrimina a las mujeres, “lo que está lejos de ocurrir”, acotó.
La garantía de los DH –dijo– deben pasar por esa lógica de la igualdad, pues de lo contrario “serían una lista de privilegios para algunos cuantos”.
Agregó que jueces, ministerios públicos y demás servidores públicos tienden a valorar bajo sus propios criterios y de manera discrecional lo que consideran o no discriminación, lo que no debería de ocurrir, pues la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en su artículo primero ya da una definición lo “bastante amplia y clara”.
En su libro “La responsabilidad estatal frente al Derecho Humano a la igualdad”, la doctora Facio define tres niveles de obligaciones de la responsabilidad estatal en la garantía de igualdad: respetar, proteger y cumplir, y garantizar.
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