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México incumple compromisos internacionales en materia de violencia contra las mujeres

Por CIMAC Redacción

A 10 años de la firma de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer “Convención De Belém Do Pará”, México sigue incumpliendo con los compromisos allí asumidos.

En el artículo 8 de la Convención, México se compromete a adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, e inclusive programas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, pero en la realidad, los recursos asignados a los programas creados en los últimos años están disminuyendo denunció el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM- D.F.).

Según la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003 del INEGI, en el último año, 46.6% de las mujeres encuestadas sufrieron algún tipo de violencia, siendo las mujeres entre 15 y 19 años de edad las más afectadas con un 55.8% de ellas que reportan al menos un incidente de violencia.

Sin embargo, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005 no contempla recursos etiquetados para atender este grave problema social. Esto es muy preocupante porque al revisar el presupuesto asignado a este tema en los últimos tres años, se puede constatar que al no etiquetar recursos específicos, se reduce considerablemente el monto asignado a este rubro.

El Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres de la Secretaría de Salud comenzó a operar a partir del ejercicio fiscal 2002 con un total de 57 millones 667 mil 901 pesos y en el 2003 aumentó 12% para alcanzar 67 millones 145 mil 401 pesos.

Sin embargo, en el ejercicio fiscal del 2004, cuando ya no se etiquetaron los recursos, la cantidad asignada disminuyó en 41% quedando en 39 millones 181 mil 496. Todavía más alarmante es el hecho de que para el Modelo Integrado de Prevención y Atención a la Violencia, del 2002 al 2004 disminuyeron los recursos en un 98%.

Con lo anterior queda demostrado que si no se etiquetan recursos para los programas de violencia familiar y contra las mujeres, existe el riesgo de que dichos programas queden simplemente en discurso y tiendan a desaparecer en la realidad.

Aspectos legales

El artículo 7° de la Convención obliga a los estados a “tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”.

Reconociendo los avances legislativos que se han dado en violencia intrafamiliar, en la actualidad existen graves riesgos de retroceso y pocos avances en el tema de la violencia contra las mujeres.

En este año, en el estado de Guanajuato, se presentó una iniciativa para modificar la Ley de Violencia Intrafamiliar, eliminando de su definición la violencia por omisión, contraviniendo así el sentido de la Convención y de diversas recomendaciones emitidas por los Comités especializados en derechos humanos de las mujeres.

Por otra parte, todavía muchos estados no han legislado para tipificar como delito la violación entre cónyuges, siguiendo criterios discriminatorios y anacrónicos en los que se concibe este acto de violencia como el simple abuso de un derecho. Por ejemplo, en marzo de este año en Colima, se presentó una iniciativa para tipificar la violación entre cónyuges y todavía no ha sido aprobada.

Estos mismos criterios violatorios de los derechos humanos se encuentran en la aplicación de las leyes. Por ejemplo, todavía prevalecen criterios jurisprudenciales en los que se resta importancia al dicho de las mujeres violentadas sexualmente, al exigir otras pruebas que puedan hacerlo “verosímil” y da importancia a la denigrante diligencia del careo, mediante la cual la mujer se tiene que enfrentar al perpetrador del delito.

2004/SM

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