Por tercer año consecutivo, México permanece en la lista «roja» por su falta de acciones para combatir la trata de personas para explotación sexual y laboral en el informe anual del Departamento de Estado norteamericano, como país: la detención de Lydia Cacho resultó un punto negativo y la aprobación de la ley contra la Trata en el Senado, positivo.
«El gobierno de México no cumple ampliamente con los estándares mínimos para eliminar la trata», aunque hace esfuerzos de acuerdo al reporte que califica a todos los países en cuatro categorías, donde México, país de origen, tránsito y destino, ocupa la penúltima, lo que provocó una fuerte respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El informe resalta que la mayor parte de los casos de trata involucran mayoritariamente a personas centroamericanas en la frontera sur, pero también de origen sudamericano o de Europa del Este. Y también registra la trata interna de las zonas más marginadas a los centros urbanos y turísticos para explotación sexual con el uso de ofertas fraudulentas o incluso violencia física.
El Departamento de Estado sostiene también que pese a las acciones del gobierno mexicano «el arresto de una periodista en Puebla este año por informar sobre la colusión oficial con tratantes» en clara alusión a Lydia Cacho, «muestran que la corrupción de las figuras, políticas y judiciales representan un obstáculo primordial para mejorar los esfuerzos antitrata».
«El turismo sexual infantil sigue siendo un problema, principalmente en las fronteras y zonas turísticas,» y afirma que la trata sexual de mujeres se da tanto en México como hacia los Estados Unidos por parte de organizaciones criminales.
Del reporte se desprende que si México no cayó al último nivel se debe a «compromisos hacia el futuro del gobierno para hacer esfuerzos adicionales en la persecución, protección y prevención de la trata»
Como positivo destaca la iniciativa de ley aprobada por el Senado el pasado diciembre, pero anota que está pendiente en la Cámara de Diputados, los 140 policías federales destinados a investigar el fenómeno y al trabajo oficial con las ONG.
El Departamento de Estado norteamericano hace hincapié en que la falta de registros confiables sobre la investigación, arrestos y condenas –en parte por falta de ley específica– demerita el trabajo mexicano, al no poderse evaluar los avances que este sentido se han dado, pese a que las autoridades han identificado 126 mafias, pero sin darles curso legal.
Asimismo, sostiene que se mejoró la protección a las víctimas gracias a la cooperación con las ONG pero se carece de albergues y asistencia específica a víctimas de trata.
La respuesta oficial de la cancillería mexicana no se hizo esperar. «México considera que la trata de personas es un fenómeno trasnacional que debe ser atendido mediante acciones que privilegien la cooperación bajo un esquema de responsabilidad compartida y no la emisión de reportes con carácter unilateral», sostiene un comunicado.
Al referir un compromiso gubernamental permanente para combatir la trata, la SRE destaca la creación, para ese fin, del Grupo Intersecretarial sobre Trata de Personas (GITP), mismo que «hará las precisiones pertinentes sobre el contenido del reporte y las transmitirá a través de los mecanismos de cooperación existentes al Departamento de Estado.»
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