A 17 años de que México firmó el llamado Consenso de El Cairo, que obliga a los gobiernos a garantizar el abasto de métodos anticonceptivos y brindar servicios de salud sexual y reproductiva con respeto a los Derechos Humanos (DH), en nuestro país prevalecen los embarazos en adolescentes, la mala atención del personal sanitario, la alta incidencia de infecciones de transmisión sexual en las jóvenes, y la penalización del aborto en 17 estados.
«Desafortunadamente México ha fallado», lamenta la directora de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, María Eugenia Romero. Advierte que a tres años de que se cumpla el plazo para cumplir a cabalidad los compromisos signados, «persisten las deficiencias en la atención de la salud sexual y reproductiva, que afectan sobre todo a las adolescentes, jóvenes e indígenas».
Este 13 de septiembre se cumplen 17 años de que México, junto con más de 180 países suscribieron el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo, Egipto. El programa estipula que los servicios de salud deben brindar una amplia gama de métodos anticonceptivos, dar información acerca de su uso y un trato con respeto a los DH.
Romero, también presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población del Conapo, aclara que a pesar de que el Estado mexicano ha establecido normas, programas, presupuestos y ha integrado en su discurso los derechos de las mujeres, las mexicanas carecen de servicios sanitarios que garanticen su bienestar.
En México, cada minuto nacen tres niñas y niños, uno de los cuales fue parido por una joven menor de 20 años de edad. En Tamaulipas, por ejemplo, cada año se registran 14 mil embarazos en adolescentes de 12 a 17 años, según cifras del Inegi.
En el país, la posibilidad de tener el primer hijo en la adolescencia es del 32 por ciento, y el riesgo de morir en una mujer embarazada de entre 10 y 18 años se incrementa de dos a cinco veces, según datos de la Secretaría de Salud (Ss).
Además el número de mujeres con VIH en México va en ascenso y Tamaulipas también es un emblema de esa realidad, hasta hace unos años por cada tres hombres con la infección había una mujer, ahora hay dos hombres por cada dos mujeres seropositivas.
A nivel nacional la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) es de 10 por ciento, pero para las jóvenes aumenta a 18 por ciento y para las adolescentes se dispara a 25 por ciento, señala la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009.
De acuerdo con la Enadid, en 12 años (1997-2009) la cobertura de métodos anticonceptivos para las jóvenes disminuyó uno por ciento, de 45 por ciento a 44.7. El promedio nacional de uso de estos métodos es de 71 por ciento, pero para las mujeres indígenas apenas alcanza 52.4 por ciento.
En 10 años, la prevalencia anticonceptiva (uso de métodos de control natal) pasó de 68.5 a 71 por ciento, es decir, un aumento de apenas 2.4 por ciento, lo que nos habla de un «evidente estancamiento del programa», observa Romero.
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia realizó entre 2007 y 2010 una investigación para fiscalizar el acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos.
En ese estudio se asienta que en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y el DF las usuarias enfrentan obstáculos para regular su fecundidad. En Chiapas sólo 31 por ciento de las usuarias entrevistadas recibió un método anticonceptivo en la unidad de salud en 2010.
Equidad de Género detectó que en más de la mitad de los estados hay «actitudes prejuiciosas» o desaprobación del personal de salud ante la solicitud de las usuarias de la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE).
Respecto al abasto de esa píldora, estipulado en la Norma Oficial Mexicana (NOM-005) de Planificación Familiar (PF), sólo 50 por ciento de los servicios contaba con el anticonceptivo y no se otorga porque el personal considera que las usuarias «se acostumbran y cada mes van a ir a pedirla».
El horario de atención también es una barrera que las usuarias deben sortear para atender su salud sexual y reproductiva. «En algunas clínicas ofrecen sólo cinco fichas al día y las entregan a las 6 de la mañana. Hay mujeres que tienen que ir dos o tres veces para conseguir una ficha», detalla la activista.
México incumple con el acuerdo de El Cairo de garantizar servicios de salud confidenciales para las adolescentes. Según la indagación de Equidad de Género, a las menores de edad se les pide ir acompañadas de una persona adulta.
Cada año en la Ss se otorgan 76 millones de consultas relativas a la atención de la salud sexual y reproductiva, de las cuales 16 por ciento son para adolescentes, sólo una de cada seis.
Respecto al presupuesto destinado a planificación familiar, para 2011 se etiquetaron 170 millones de pesos; de 2003 a 2007 ese gasto disminuyó en 2.4 por ciento cada año.
En Veracruz, por ejemplo, la Ss estatal destinó en 2009 5 millones 277 mil pesos para ese rubro, pero en 2010 redujo de manera brutal el monto a 317 mil 202 pesos.
Al crítico escenario, dice Romero, se suma la penalización del aborto en 17 estados del país, circunstancia que ha generado «confusión» entre el personal de salud, el cual se niega a atender a mujeres con padecimientos vinculados al aborto inseguro, cuando «es una responsabilidad que debe atender».
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