Ante la ineficacia del Estado mexicano para proteger la vida e integridad de las y los activistas durante 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó seis medidas cautelares a favor de dos organizaciones civiles y 35 personas.
El informe anual 2011 que la CIDH presentó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el pasado lunes, revela que Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas y Chiapas ?entidades donde se otorgaron las medidas de protección? se mantienen como focos rojos para las y los defensores de Derechos Humanos (DH).
Los datos proporcionados por la CIDH indican que por tercer año consecutivo México es el segundo país de América Latina con más denuncias por violaciones a los DH sólo detrás de Colombia, toda vez que en 2009 se presentaron 232 casos, 267 en 2010, y en 2011 la cifra llegó a 273 demandas contra el Estado mexicano.
El 19 de mayo de 2011 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las y los activistas Patricia Galarza Gándara, Francisca Galván, Oscar Enríquez y Javier Ávila, todos de Chihuahua y quienes son representantes legales de la familia de Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, desaparecidos desde diciembre de 2009.
Varios familiares y uno de sus representantes ya eran beneficiarios de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), sin embargo ante los constantes actos intimidatorios las y los luchadores sociales decidieron solicitar medidas cautelares a la CIDH.
A su vez, el organismo internacional pidió al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de los cuatro activistas y acordar las medidas que se adoptarán con los beneficiarios y sus representantes.
El 19 de mayo de 2011 la CIDH también otorgó medidas cautelares a Rosa Díaz Gómez y otros 18 integrantes del ejido Jotolá, en Chiapas, quienes han sido agredidos y amenazados por defender su derecho a la propiedad de la tierra.
En el caso de Guerrero, la CIDH brindó medidas cautelares para Javier Torres Cruz, asesinado el 18 de abril de 2011 cerca de la comunidad La Morena, en el municipio de Petatlán, presuntamente por defender el medio ambiente.
Con estas medidas se tiene como objetivo proteger a la familia de Torres Cruz que, de acuerdo con información recibida por el organismo, continúa en una situación de riesgo pues se han percatado que vehículos desconocidos vigilan su casa.
También se ordenaron acciones cautelares para el activista Víctor Ayala Tapia, quien desapareció el 14 de septiembre de 2010 en Tecpan de Galeana, Guerrero.
En el estado de Tamaulipas, la CIDH pidió a las autoridades mexicanas garantizar la vida y la integridad de los miembros de la Casa del Migrante Nazareth y del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Además otorgó medidas cautelares a 10 personas desparecidas en la entidad, con el fin de que las autoridades hagan todo lo posible por localizarlas.
En el reporte también se precisa que durante 2011 la CIDH admitió a nivel regional 67 informes, 11 los declaró inadmisibles, aprobó ocho de solución amistosa, archivó 54, publicó 25 informes de fondo y cinco sobre el fondo, además envió 23 casos a la CoIDH.
Cabe mencionar que el año pasado la CIDH admitió tres casos contra México que tienen que ver con la falta de protección judicial, de éstos destaca el de tortura sexual de 11 mujeres detenidas en los operativos policiacos de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México.
Ese caso actualmente es revisado por la Comisión, y eventualmente decidirá si pasa a la CoIDH para que determine las responsabilidades del Estado mexicano.
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