En México no hay una ley eficaz para hacer frente al problema de la explotación sexual, la trata de personas y el secuestro de niñas y niños, tanto a nivel estatal como federal; y, de acuerdo al Informe Provisional sobre la trata de personas, presentado el pasado 19 de enero por el Departamento de Estado de la Unión Americana, el Gobierno federal está muy lejos de iniciar un diagnóstico sobre el tema.
Lo anterior quedó de manifiesto en el estudio que realizaron el Senado de la República y el Centro de Estudios e Investigaciones en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), mismo que fue presentado en el marco del Seminario Internacional de Prevención y Sanción a la Trata de Personas, celebrado en el Senado los días 21 y 22 de junio.
Las recomendaciones del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para realizar un estudio amplio y determinar las causas, naturaleza y magnitud de la trata de niñas y niños, además de alertarnos sobre lo que es urgente para nuestro país, evidencia las carencias que tenemos en materia de protección y seguridad social, y de la intolerable omisión del gobierno para la protección de los derechos humanos en nuestro país, explica.
El documento destaca que al no existir la ley y no haber un tipo penal a nivel federal, el gobierno de la República no ha logrado diseñar una estrategia articulada que logre sumar a las capacidades y recursos de dependencias, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, el DIF nacional, la Procuraduría General de la República , el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para combatir eficazmente la trata de seres humanos en nuestro país.
La trata de personas, precisa, es considerada la forma de la esclavitud contemporánea y diversos análisis muestran que se ha convertido en el segundo negocio ilícito que más ganancias obtiene a nivel mundial. En México, se estima que más de 20 mil personas –fundamentalmente mujeres, niñas y niños– son explotadas a través de la trata de personas cada año.
Lo anterior, sin contar los probables casos de trata que pueden existir entre los más de 100 mil casos de niñas, niños y mujeres que, de acuerdo a distintas instancias, son víctimas de la prostitución o la explotación sexual comercial en nuestro país, advierte.
El documento del Senado y del CEIDAS cita que el Informe Parcial del Departamento de Estado de los Estados Unidos sigue considerando a México no sólo un país de origen, tránsito y destino de víctimas de la trata de personas, sino que además el problema endémico de nuestro país frente al fenómeno es la corrupción y la falta de eficacia de las autoridades para actuar frente a este crimen.
LA INICIATIVA DE LEY
La Iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, aprobada el 26 de abril del 2006 por la Cámara de Diputados con algunas modificaciones significativas, deberá ser todavía aprobada por el Senado de la República.
Y se espera que sea el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, o en alguno de los Periodos Extraordinarios que sean convocados entre agosto y septiembre, cuando se discuta y apruebe.
Los retos que habrá de enfrentar dicha iniciativa son, dice el estudio: combatir y erradicar la corrupción y la complicidad de algunas autoridades que han permitido y auspiciado en algunos casos, el crecimiento de este que es el crimen más cínico que existe en las sociedades modernas.
Lograr que las dependencias federales puedan ponerse de acuerdo para actuar de manera coordinada y asumir, en los ámbitos de sus responsabilidades, las tareas de prevención, persecución y atención a víctimas de la trata de personas.
Construir la información estadística a que obliga la Ley, así como el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y, en consecuencia, el Informe Anual que en la materia deberá presentar el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión.
Asimismo, indica el texto que habrá que impulsar la participación de la sociedad civil en la prevención del delito y en la atención y rehabilitación de las víctimas; habrá que diseñar las campañas, a través de alianzas estratégicas entre actores clave, para avanzar juntos en el posicionamiento público del tema y en lograr que este crimen, casi siempre oculto cobre mayor visibilidad y pueda genera en la ciudadanía la decisión de participar e involucrarse en su prevención y erradicación.
07/GG/CV
