México sin matrimonio infantil

Las estadísticas de embarazo en adolescentes o esas campañas institucionales que tanto hemos cuestionado, en las que se pondera que las “mujeres se embarazan antes de los 15 años”, no son sino parte de la naturalización de uno de las más aberrantes formas de control y opresión que persiste en México.
 
Sí, el país que se empuja hacia el “desarrollo” y el primer mundo no se atreve a encarar que prevalece el matrimonio infantil.
 
Disfrazado de “usos y costumbres” o bajo semióticas institucionales de “mujeridad”, en realidad se trata de abusos sexuales cometidos con anuencia del Estado, de las instituciones, servidores públicos, medios de comunicación, y sociedad en general contra las niñas.
 
Se les explota laboralmente, están condenadas a una vida de esclavitud, son entregadas como mercancía, castigadas por ejercer una práctica sexual temprana sin información, sin prevención del embarazo, y la sentencia es el matrimonio y ser arrancadas de las escuelas.
 
La sociedad mexicana se mira a sí misma como un país que va hacia el progreso, hacia el desarrollo y el “primer mundo”, pero no se atreve a mirar que en la ciudad, en la zona semiurbana, en la zona rural y sobre todo en las comunidades indígenas, sigue arraigada la práctica de obligar a las menores de 18 años de edad a adoptar responsabilidades de “mujer” y con ello la maternidad, la sexualidad con personas mayores o bajo condiciones de trata.
 
Quienes hemos elegido la campaña de eliminación del matrimonio infantil no nos detenemos con la legislación, vamos por la eliminación de la práctica porque sabemos que tiene que ser en ambos sentidos, pero también vamos a buscar que el país sea un mapa que paulatinamente vaya eliminándolo de sus legislaciones, estableciendo la obligatoriedad de los 18 años para este trámite.
 
Pero también con acciones institucionales que desnaturalicen el embarazo en adolescentes y lo llamen como realmente es: embarazo infantil, que renombren el trabajo de las esposas jóvenes y se denomine como lo que realmente es: explotación, trata y condiciones de esclavitud para millones de niñas en todo el país.
 
México está lleno de niñas que han sido abusadas y después obligadas a casarse con sus agresores, no sólo por un Estado que brinda las leyes para ello, sino por una sociedad que las prefiere afuera de la escuela, sin oportunidades de tener ingresos propios y violando su derecho a una vida libre de violencia.
 
Las niñas que son “casadas” son condenadas a una vida de violencia, de abuso, de explotación y de empobrecimiento. No entienden quienes han diseñado las políticas públicas que ningún programa será efectivo si no apostamos por la visión que otorgó el Premio Nobel a Amartya Sen, quien planteó la urgencia de que las mujeres tuvieran ingresos dignos.
 
Esto no es posible si desde niñas pierden oportunidades de estudiar y de aprender trabajos, y si antes de llegar a los 18 años ya tienen dos o tres hijos que como adultas tendrán que mantener solas.
 
Estamos lejos, muy lejos de ser un país democrático, de ser un país civilizado si continuamos permitiendo el abuso infantil, la explotación y el embarazo infantil validado a través de las uniones tempranas.
 
El compromiso tiene que extenderse a reconsiderar, revisar los principios rectores de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, que en realidad surgió como una respuesta a planteamientos que se vierten en el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), en el que se identifica al embarazo en adolescentes como un factor de riesgo asociado a la violencia y la delincuencia.
 
El Pronapred sostiene en su diagnóstico que el “embarazo temprano limita las oportunidades de los jóvenes y en algunas ocasiones causa frustraciones y problemas de autoestima”, sin abordar que muchos de estos embarazos ocurren en el contexto de graves delitos de abuso, violación y trata de niñas, contribuyendo así a la invisibilización del delito.
 
No será con campañas de un día, ni con estrategias surgidas pensando en atender el embarazo infantil como un factor de la delincuencia, no será así, y el Estado mexicano y todos sus actores y actoras están obligadas a replantearse y revisar qué está ocurriendo y qué se debe hacer para eliminar al menos en lo legal el matrimonio infantil.
 
No será sino hasta que se haga un llamado enérgico y puntual a los Congreso de los estados a que legislen para que se establezca la prohibición del matrimonio infantil, y que se estipulen castigos ejemplares y haya voluntad para investigar los casos en los que se den contextos de abuso y explotación de niñas.
 
#MéxicoSinMatrimonioInfantil
 
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
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