El respeto a los derechos humanos en México tiene cuentas pendientes ante los organismos humanitarios internacionales. Los asesinatos de 260 mujeres en Ciudad Juárez a partir de 1993 es uno de los capítulos que más ha indignado a la sociedad, ya que la impunidad y la ineficacia de las autoridades son sus signos más característicos.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Claudio Grossman, quien visitó México en julio de 2001, informó que esa instancia tenía a su cargo al menos 30 expedientes de varios casos de violaciones a las garantías individuales en nuestro país, por lo que ha emitido diversas recomendaciones al gobierno federal.
Por su parte, los organismos no gubernamentales de derechos humanos, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), han enviado expedientes a la CIDH que dan cuenta de violaciones a las garantías humanitarias de las mujeres, así como de la presunta responsabilidad de autoridades, y de supuestas irregularidades en los procesos judiciales.
Uno de los hechos más graves es el caso de «las muertas de Juárez», por el que Martha Altolaguirre, relatora especial de Asuntos de la Mujer de esa instancia, perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), se encuentra en esa ciudad fronteriza para obtener la mayor información posible sobre el asunto, tanto de los gobiernos federal y estatal, como de los grupos defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas.
El asesinato de la abogada defensora de derechos humanos Digna Ochoa el pasado mes de octubre, es otro de los casos presentados ante la comisión. En 1999 la CIDH recomendó al gobierno mexicano que otorgará protección a la jurista, ya que había sido amenazada de muerte al parecer por su participación activa para resolver los casos Aguas Blancas y lograr la libertad en de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Los labriegos fueron encarcelados bajo la acusación de ser guerrilleros, luego de que se enfrentaron a taladores clandestinos de árboles en su natal Guerrero.
A decir de Adriana Carmona, directora de Defensa de la CMDPDH, el caso Digna Ochoa, al que le da seguimiento el Prodh no es manejado por la CIDH como un asunto de género, sino en los expedientes relativos a defensores de derechos humanos.
En abril del año pasado, la CIDH condenó al Estado mexicano por tortura, secuestro, falta de protección judicial, violar los derechos de la infancia y por su permanente indiferencia en el caso de la detención ilegal y violación sexual a tres mujeres tzeltales, ocurrido en junio de 1994 en un retén militar en el municipio de Altamirano, Chiapas.
En ese caso, la CIDH exhortó al gobierno de Vicente Fox a realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva que determine la responsabilidad penal de todos los autores de las violaciones a las indígenas, en el entendido de que integrantes del Ejército Mexicano incurrieron en violaciones previstas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y los Derechos del Niño y la Niña.
El caso de la adolescente Paulina, a quien en 1999 las autoridades locales le negaron el derecho al aborto luego de que fue violada, está a la espera de una próxima visita de una misión de seguimiento de la CIDH que coadyuve a la reparación del daño moral contra la menor, a lo cual se niega el gobierno mexicano.
| |
disponible para periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos por favor citen la fuente |
