Impunidad, violencia, abandono de familiares de periodistas asesinados e ineficiencia por parte del Gobierno federal para investigar los crímenes caracterizan el ejercicio del periodismo en México, hoy en situación grave.
Así concluye un informe de la Misión Internacional, conformada por 13 organizaciones internacionales de libertad de prensa y expresión, como Artículo 19, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), el Comité para la Protección de Periodistas; la Federación Internacional de Periodistas, Fundación Open Society, entre otras.
De visita en México el pasado abril en los estados de Oaxaca, Michoacán, Sonora y Guerrero para analizar la situación de la libertad de expresión en tres ejes: impunidad, protección al ejercicio periodístico y autocensura, la Misión Internacional destaca que en México el periodismo continúa siendo una actividad de alto riesgo.
Durante los últimos 18 meses, México «se ha convertido en el más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo», dice el estudio.
Señala que desde el sexenio panista de Vicente Fox los asesinatos contra periodistas no han cesado, tan es así que ha sido calificado como «los seis años oscuros del periodismo» y todo parece indicar que faltan cinco años más, con la administración del también panista Felipe Calderón.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) citados en este informe, durante el periodo 2000-2006, 35 periodistas fueron asesinados y seis desaparecieron.
En 2007, este organismo público autónomo reportó haber recibido 84 quejas de periodistas que informaron de insultos o agresiones en el ejercicio de su profesión.
Critica que pese a la creación en 2006 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), y de las reformas legislativas para despenalizar los delitos de difamación y calumnia y para proteger el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes, hasta ahora, estas modificaciones «no han derrumbado un muro de impunidad en México».
Asimismo enfatiza que en poco han contribuido a tratar los problemas subyacentes que, en el periodo 2000-2007, tuvieron el peor saldo negativo anual en el campo de la libertad de prensa en América durante el decenio pasado.
Entre marzo de 2006 y abril de 2008, han sido asesinados por lo menos 15 periodistas, otros 6 han desaparecido y existen «numerosas» quejas de amenazas ante autoridades y ONG.
Según la ONU, detalla el informe, México es uno de los cinco países con mayor delincuencia organizada del planeta y se han registrado 4 mil asesinatos relacionados con el crimen organizado desde que Calderón asumió la presidencia.
En el reporte de la Misión Internacional se incluyen testimonios de entrevistas realizadas con periodistas de diversos medios que coinciden en que no existen medidas de autoprotección concertadas y que hay desunión dentro del gremio.
De las entrevistas con los funcionarios mexicanos, el informe precisa que existe una falta de compromiso en materia de protección a mujeres y hombres periodistas y medios de comunicación, ya que éstas se dirigen principalmente a los medios y no a las y los comunicadores.
IMPUNIDAD
El asesinato y la desaparición de periodistas constituyen la forma más extrema de censura y en México la mayoría de los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes nunca son castigados, lo que se traduce en impunidad y violencia, en una amenaza para el pleno ejercicio de libertad de expresión en el país, dice el Informe.
Califica de ineficientes a las autoridades por el clima de impunidad que rodea a las investigaciones de los casos de periodistas asesinados y desaparecidos, «lo que es muestra inequívoca de la gravedad del entorno que inhibe el ejercicio pleno de la libertad de prensa».
Por otro lado, el abandono de los familiares de los periodistas asesinados por parte de las autoridades federales y locales, así como la falta de castigo a responsables de las agresiones, principalmente en los asesinatos y desapariciones, han puesto al descubierto la falta de confianza en las autoridades para esclarecer los crímenes y existe la preocupación de que estos casos jamás sean resueltos por la vía legal.
En un recuento que hace de los casos que permanecen en la FEADP desde su creación en 2006, señala que de los 136 casos determinados en el fuero federal 47 fueron directamente a sus oficinas, 18 casos fueron enviados a archivos, los cuales, dice, pese a no estar siendo investigados permanecen como información reservada bajo la Ley Federal de Acceso a la Información.
14 casos fueron desechados por incompetencia de atribuciones, 9 se elevaron a investigación previa, en 4 casos se decidió el no ejercicio de la acción penal y solamente en 3 casos se ha logrado la consignación.
En cuanto a las radios comunitarias, el informe destaca que durante su visita pudo constatar la vulnerabilidad e incertidumbre en el que se encuentran las y los periodistas colaboradores de estos medios de comunicación, donde las principales agresoras de éstos son las autoridades locales.
Como ejemplo emblemático cita el asesinato de las periodistas triquis Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino de la radio «La Voz que Rompe el Silencio», a quienes las autoridades tanto federales como locales cuestionaron el hecho de ser periodistas y sólo merecieron este reconocimiento tras haber sido galardonadas post mortem con el Premio Nacional de Periodismo.
AUTOCENSURA
La Misión Internacional destaca que la autocensura en los medios de comunicación es una consecuencia inmediata de la grave situación que viven los periodistas y comunicadores en México.
Algunos medios de comunicación han decidido no investigar temas relacionados con el narcotráfico o corrupción gubernamental ligada al tema por temor a las represalias.
La autocensura es aceptada por funcionarios del Gobierno federal y de las entidades federativas como consecuencia de la impunidad con la que se mueven los criminales.
Asimismo, los medios de comunicación son sutilmente persuadidos para no publicar información sobre las acciones militares y policiales en la lucha contra el narcotráfico o conflictos sociales cuando existen abusos por parte de éstos hacia las y los ciudadanos.
El Informe concluye en este apartado que prevalece en nuestro país «una vieja práctica» que estimula y genera autocensura, como el control por parte del Estado federal y los estados locales de la pauta publicitaria.
«Se quitan importantes ingresos para las empresas periodísticas cuando desde el Estado se considera arbitrariamente que el medio informa críticamente sobre funcionarios. Ante las dificultades financieras que esta quita genera en los medios, se opta por la autocensura», señala.
RECOMENDACIONES
La Misión Internacional hace un llamado al Gobierno y a todos los actores de la sociedad, incluyendo funcionarios y autoridades, a parar las amenazas, hostigamiento y ataques contra los medios de comunicación y contra los periodistas, cuyo objetivo es silenciar a la prensa y la libertad de expresión.
Que se investigue profunda y transparentemente los asesinatos y amenazas contra medios y personas para terminar con la cultura de la impunidad.
Si bien dio visto bueno al anuncio de Calderón para que todos los crímenes contra periodistas serán tratados a nivel federal, insistió la Misión en que es necesaria una «promesa» del panista de que el apoyo oportuno y total esté proporcionado a todos los medios, a petición, para ayudar a garantizar su seguridad y que sus operaciones no son afectadas por amenazas y ataques.
Recomendó también la Misión que se termine con la acciones oficiales y extraoficiales que restringen la libertad de prensa y la de expresión, que imponen cualquier censura directa o indirecta, especialmente si se interfiere con la independencia editorial de los medios y que se permita que la Ley de Acceso a la Información se aplique de manera efectiva y progresiva, informando positivamente y promoviendo la rendición de cuentas sin que los periodistas denuncien ser amenazados o perseguidos, son otras de las recomendaciones.
08/LGL/GG/CV
