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Miles de maestras en riesgo de perder sus plazas

Por Lizbeth Ortiz Acevedo

Además de violentar derechos laborales, las evaluaciones a las que se someterá a las docentes dejan de lado las condiciones precarias en las que realizan su labor.
 
Miles de maestras están en riesgo de perder sus empleos con la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), la cual las obliga a ser evaluadas de manera permanente  en aras de lograr una “educación de calidad”.
 
Sin embargo, a decir de profesoras y especialistas, la reforma educativa –en realidad una reforma laboral– no consideró la situación de pobreza y marginación en la que las docentes desempeñan su trabajo en las comunidades indígenas y rurales.
 
Maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y académicas advirtieron que las modificaciones legales atentan contra los derechos laborales, ya que con la evaluación se justificará la rescisión de contratos sin importar el número de años trabajados en el magisterio, o la capacitación en horarios no laborales y con sus propios recursos que han tomado las propias profesoras.
 
Además indicaron que ante el riesgo de perder sus plazas, podría quedar en segundo plano la “calidad educativa” tan defendida por Enrique Peña Nieto en su iniciativa de reforma.
 
La recientemente promulgada LGSPD estipula que las y los maestros que no aprueben la evaluación obligatoria que se les aplicará a partir de 2015, perderán su nombramiento y además no les tomarán en cuenta el número de años que hayan laborado como docentes.
 
El artículo 52 de esa ley señala: “En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda”.
 
Fue por esta reforma educativa que integrantes de la CNTE se movilizaron a la Ciudad de México para exigir al Ejecutivo federal dé marcha atrás a los cambios aprobados.
 
“PRIMERO TENEMOS QUE ENSEÑAR ESPAÑOL”
 
Maestras de la CNTE provenientes de estados con altos índices de pobreza como Oaxaca, dijeron a Cimacnoticias –a reserva de que se proteja su identidad– que muchas veces antes de comenzar con los programas de estudio, ellas tienen que enseñar primero a las y los alumnos indígenas a hablar el español, labor que realizan sin condiciones apropiadas de infraestructura y servicios públicos.
 
Una profesora de educación básica de la escuela Hermenegildo Galeana, en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, dijo que desde mucho antes de la reforma educativa ella ya era evaluada.
 
Detalló que cada ciclo escolar se evalúa en dos ocasiones la planeación docente, los logros alcanzados, el tiempo dedicado a la enseñanza-aprendizaje, puntualidad, asistencia y las sugerencias presentadas para mejorar el trabajo educativo. Además de otra calificación a través de la prueba ENLACE que se aplica al alumnado.
 
La maestra aclaró que no se opone a esas y otras evaluaciones, pero recordó que el personal docente ya enfrenta severos obstáculos para ascender en la carrera magisterial.
 
Puso como ejemplo que desde 2007 no ha aumentado su sueldo de 6 mil pesos al mes, lo que para ella es incongruente con sus cinco años de estudios en la Normal de Maestros, y los cinco dedicados a una licenciatura en Economía, además de los constantes cursos sabatinos de actualización.
 
Otra docente del estado de Querétaro relató que apenas gana mil pesos adicionales al mes a pesar de haber obtenido este año uno de los primeros lugares en el Examen de Oposición de Asignación de Plazas, y por el que obtuvo tres horas para impartir la asignatura de Lengua Extranjera en una secundaria.
 
Ese dinero –criticó la maestra– apenas le alcanza para pagar el transporte en el que recorre tres horas de distancia que hay entre su casa y la escuela que le asignaron. Además dijo que en ocasiones tiene que pagar con sus propios recursos algunos insumos necesarios para impartir clases, como la compra de una extensión de luz o cualquier otro imprevisto.
 
María de Ibarrola, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, explicó que la reforma educativa dejó fuera aspectos que debieron reglamentarse, como las horas interinas, los contratos menores a seis meses que no generan responsabilidad para las autoridades, o la licencia sindical por tiempo indefinido que es cubierta por personal interino sin derecho a prestaciones.
 
Graciela Bensusán, investigadora de la UAM Xochimilco, señaló que esta reforma no partió de un buen diagnóstico sobre las condiciones laborales de las y los docentes, quienes podrían estar más enfocados a la aprobación de estas evaluaciones que por mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 
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