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Militares y violencia feminicida

Por Lourdes Godínez Leal

Por una supuesta lucha contra el narcotráfico, este año varias entidades del país se convirtieron en “cuarteles del Ejército”, donde las mujeres han sido víctimas de la violencia feminicida ejercida por militares.

Este tipo de violencia feminicida, explica Marcela Lagarde, es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado”.

Está “conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”, agrega la feminista.

Esta violencia prevaleció, durante 2006 y 2007, en Coahuila, Veracruz y Michoacán.

Para Lagarde, el caso más emblemático de violencia feminicida, reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue el de Ernestina Ascencio Rosario, en Veracruz, presuntamente violada y asesinada por militares en febrero de este año.

“Ernestina era mujer, indígena y mayor, fue abusada, se le lastimó y maltrató, fue violada a grado tal que al segundo día después de la agresión murió a consecuencia no de una gastritis, sino del maltrato brutal del cual fue objeto por parte de militares”, señala.

Para Lagarde “el abuso de poderes por parte de funcionarios del Estado y del propio Felipe Calderón, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se convirtió en Ministerio Público”, le dieron a este caso múltiples formas de violencia.

No ha sido el único, se sumó a la larga lista de mujeres violadas en México por militares, denunciados desde la década de los 90.

En julio de 2006, 14 mujeres fueron violadas por 13 soldados en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, de los cuales, al año siguiente, sólo tres fueron sentenciados por un juez civil. En mayo de 2007, 4 menores de edad fueron violadas en los municipios de Nocupétaro y Carácuaro, Michoacán.

“Todas ellas son sobrevivientes de violencia feminicida porque quedaron en riesgo de perder la vida, hubo un poder total sobre ellas y se ejerció violencia directa en su contra”, sostiene Lagarde.

VÍA ERRADA DE JUSTICIA

Este año, el interés de los medios de comunicación se centró en la lucha contra el narcotráfico, las elecciones en 14 estados de la República y la reforma electoral, por lo cual la visita de Amnistía Internacional (AI) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dos de los organismos defensores de los derechos más importantes en el ámbito internacional, pasaron inadvertidas al parecer para Felipe Calderón.

AI y Cejil manifestaron preocupación por la creciente militarización en el país y la violación a los derechos humanos, condenaron la violación sexual contra mujeres ejercida por soldados y que los casos fueran “investigados” por el fuero militar, no civil, porque ello garantizaba la impunidad.

Opinión contraria a la expresada por la CNDH en sus recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en septiembre pasado por los casos de Michoacán, Castaños y Zongolica, ésta última emitida siete meses después de los hechos y seis después de que Calderón decretó la muerte por “gastritis” de la señora Ascencio.

Las “recomendaciones” de la CNDH a la Sedena fueron calificadas como “una cortina de humo” y recomendaciones Light para legitimar la existencia de la Comisión, por el General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, preso en 1993 por denunciar violación de derechos humanos en el Ejército

“A Calderón no le conviene que haya señalamientos directos sobre el Ejército porque deslegitima su actuación en la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo el militar a Cimacnoticias.

Gallardo es pesimista sobre las recomendaciones, pues recuerda que aún en los casos “más oscuros” en donde el Ejército ha estado implicado, como la ejecución de 7 judiciales en 1991 o la guerra sucia, cuyos personajes han sido identificado con nombre, apellidos y cargos, “hubo recomendaciones de la CNDH y no pasó nada”.

LA IMPUNIDAD TIENE PERMISO

Protegido por el poder político, el Ejército ha sido históricamente “intocable”. La diferencia hoy, opina Gallardo, es que tiene una participación activa en tareas que no le competen: seguridad pública y lucha contra el narcotráfico. “Estamos viendo un abuso de las Fuerzas Armadas por parte de Calderón, quien en una decisión unilateral saca al Ejército del cuartel”.

La impunidad empieza desde que los militares deambulan por las comunidades indígenas violando los derechos humanos de mujeres, hombres e infancia sin que haya una autoridad que los sancione, porque quienes incurren en estos delitos son juzgados en tribunales militares por “faltas a la disciplina militar”, no por las violaciones sexuales contra mujeres, precisó Gallardo.

“El Ejército calcula costos y no pasa nada si pone a disposición del ámbito civil a 20 personas, porque negocian y salen procesadas dos o tres, como ocurrió en Castaños y volvemos a lo mismo, a la impunidad absoluta”, opinó.

Gallardo afirmó que corresponde al Ministerio Público Militar y no a la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea investigar los delitos sexuales cometidos por militares, por lo que las recomendaciones de la CNDH no tienen peso alguno para una institución como la Sedena.

Asimismo, Soraya Long, directora de Cejil, criticó durante su reciente visita a México que los tribunales militares no tengan autonomía, pues son nombrados directamente por el Presidente y entonces no hay independencia sino vinculación política.

Gallardo afirma que el Secretario de la Defensa “da línea” sobre quién es culpable o inocente: “Tiene la facultad de modificar alguna opinión del MP (procurador militar) que se supone es un abogado, pero el Secretario le puede decir este señor es culpable o es inocente”.

Por eso conviene reformar artículos de la Constitución referentes a las Fuerzas Armadas y a las facultades del Presidente. Sobre ello existen al menos tres iniciativas, congeladas en el Congreso de la Unión.

07/LGL/GG/CV

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