La militarización en el país para combatir al narcotráfico ha potenciado la reproducción de la violencia contra las mujeres y la multiplicación de la impunidad, situación que ha sido posible, en gran medida, por la actitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que con laxas recomendaciones ha permitido la evasión de responsabilidades de militares acusados de abusos contra mujeres.
Así lo sostuvo hoy el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) durante la presentación de su Informe Una mirada al feminicidio en México, 2007-2008, que hace un profundo análisis de este fenómeno de enero de 2007 a julio de este año, dado a conocer en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora mañana.
María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio, destacó que con la administración calderonista, que impulsó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, se ha generado un aumento significativo de violaciones a derechos humanos e impunidad.
Casos representativos de esta violencia ejercida por fuerzas del Estado, en donde prevalece la impunidad, son las mujeres violadas por policías de los tres niveles de gobierno el 3 y 4 de mayo de 2006 durante los operativos de San Salvador Atenco, en el Estado de México; el caso de Ernestina Ascencio, en Soledad Atzompa, Veracruz, en 2007; las cuatro menores de edad violadas por militares en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, en Michoacán en el mismo año, y las 14 mujeres violadas en Castaños, Coahuila.
En todos estos casos, dice el OCNF, la constante ha sido la falta de acceso a la justicia para las mujeres, lo que ha propiciado «un ambiente favorable para la impunidad, entendida como la ineficiencia de las instancias de justicia debido a la corrupción y la protección de los responsables».
Pero también de violencia institucional ante las omisiones y actos de los servidores públicos que discriminan, dilatan, obstaculizan e impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y su acceso a políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
El panorama anterior, sostiene el Observatorio, «coloca a las mujeres en un ambiente de vulnerabilidad e indefensión que promueve un mensaje de permisibilidad, en donde los asesinatos de mujeres pueden ser cometidos por cualquier grupo o individuo sin recibir castigo alguno».
VIOLENCIA DE GÉNERO, PROBLEMA NACIONAL
La Investigación documenta la frecuencia y gravedad de los feminicidios y sus diferentes expresiones en trece entidades federativas del periodo de enero de 2007 a julio de 2008, para la cual se realizó una base de datos con información de los siguientes estados, divididos por regiones: Norte: Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas; Centro y Bajío: DF, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tlaxcala; Sur: Tabasco y Yucatán.
La base de datos se basa en el estudio realizado por El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y la Comisión Especial de Feminicidio de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.
De acuerdo a los resultados del Informe, el Estado de México, Chihuahua y el Distrito Federal tienen el mayor número de asesinatos de mujeres registrados durante el periodo estudiado.
En total, se registraron mil 14 homicidios dolosos de mujeres en las trece entidades federativas, de los cuales el 42.7 por ciento se concentró en las tres regiones, en mujeres cuyas edades oscilan entre los 21 y 40 años de edad.
En la región Norte, compuesta por los estados de Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, la investigación documentó que, de 1993 a septiembre de 2007, 553 mujeres fueron asesinadas con violencia brutal.
En Chihuahua, punta del iceberg del feminicidio, de enero de 2007 a noviembre de 2008, se han cometido 206 asesinatos de mujeres, según datos de la Procuraduría General del estado.
Sin embargo, la investigación enfatiza que los asesinatos contra mujeres continúan minimizándose y descalificándose, ya que se documentó cómo del total de asesinatos (1014), en el 50 por ciento de los casos se desconoce su ocupación o la relación de ésta con su victimario.
Para las integrantes del OCNF, las políticas públicas existentes no han sido suficientes para garantizar la vigencia de los derechos humanos de las mujeres y, con ello, garantizar el acceso a la justicia, el derecho a una vida libre de violencia, así como las condiciones para gozar de seguridad ciudadana.
FEMINICIDIO
La investigación enfatiza que no toda violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede ser considerada como feminicidio, porque cuando el género de la víctima es irrelevante para el hombre que la asesina, se trata de un asesinato que no es de este tipo.
Y establece diversos tipos de feminicidios, para lo cual retomó la tipología de éstos desarrollada por la experta Julia Monárrez, de El Colef, en su investigación sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, de 1993 al 2005.
Clasifica a éstos en tres grandes categorías: íntimo, sexual sistémico y por ocupaciones estigmatizadas. El primer tipo de feminicidio se integra por dos subcategorías: infantil y el familiar.
Esta clasificación se puede dar, dice la investigación, a partir de cómo fueron asesinadas las mujeres, por qué las mataron, el lugar donde fueron encontrados los cuerpos y quién las mató.
En este sentido, algunos resultados del informe destacan que el 42 por ciento de los homicidios de mujeres documentados (de los 1014) se localizaron en la vía pública, lugares públicos, tiradero de basura y lotes baldíos, mientras que casi el 35 por ciento el cuerpo fue hallado en la casa habitación.
En cuanto a quién las mató, señala que en las tres regiones el 19.82 por ciento de las víctimas fueron asesinadas por su pareja (esposos, concubinos, amantes); en el 11 por ciento por algún familiar y en el 10.7 por ciento por un desconocido.
En el 51.57 por ciento de los casos no se conoció la relación de la víctima con su victimario.
En el país, señala el documento, «sólo existe conocimiento del motivo de la muerte de mujeres y niñas en 314 casos», donde los asesinatos por problemas familiares constituyen el 7.1 por ciento, por celos el 4.95 por ciento y los asesinatos por violación el 3.25 por ciento.
En el 69.03 por ciento de los casos (700 asesinatos) se desconocen los motivos por los que las mujeres fueron asesinadas.
DELITO DE FEMINICIDIO
El Observatorio exhortó al Gobierno mexicano a tipificar como delito el feminicidio y a crear e implementar un protocolo de investigación especial y atención del delito de éste, conformado por un grupo multidisciplinario con perspectiva de género y sensibilizado en el tema.
También exhorta a que, ante la militarización que se vive, se realicen evaluaciones periódicas realizadas por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos de las mujeres, para efecto, dicen, de salvaguardar la vida y la seguridad de las mujeres que se encuentran bajo este contexto de militarización.
08/LGL/GG
