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Militarización, el peligroso camino de Calderón: Rosario Ibarra

Por Redaccion

En su desesperada búsqueda de legitimidad, Felipe Calderón ha escogido un peligroso camino que lo lleva a depender de las fuerzas armadas, en un proceso de militarización que tiene un objetivo político de control, amedrentamiento y desarticulación de la crítica y la protesta social, dijo la senadora Rosario Ibarra el pasado 25 de septiembre, durante la glosa del Informe del Ejecutivo en la Cámara alta.

Con la excusa del combate al narcotráfico, se trata de acostumbrar a la sociedad a la presencia militar y pretender convencer de que más allá de las críticas sobre un gobierno políticamente débil, se tiene un gobierno fuerte y de mano dura que debe ser aceptado de hecho, señala en su pronunciamiento la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado.

“Como si no bastara con la militarización del país se acompaña el proceso con iniciativas como las que el gobierno ha enviado, en lo que se conoce como reforma judicial, que pretende legalizar lo ilegal para criminalizar la protesta social”.

La militarización del país es volver a un camino ya conocido de usar a las fuerzas armadas para los objetivos y necesidades políticas del régimen en turno. A una semana del 2 de octubre, cuando se cumplen 39 años de Tlatelolco, tienen ustedes la evidencia del triunfo de la memoria, señaló la luchadora social.

Se equivocan quienes piensan que con el tiempo y la práctica de gobierno se olvidan los crímenes y los delitos de origen, apunta. “Y usar al Ejército para los objetivos políticos del régimen y para imponer una legitimidad y reconocimiento de hecho tarde o temprano arrastrará a toda la institución a mayor desprestigio”.

Por eso, abrir la guerra al narcotráfico usando simplemente al Ejército ya muestra sus contradicciones y desgaste para los propios militares. Usarlo en función de intereses políticos y como sustituto de la falta de legitimidad, será peor, advierte.

“Porque la militarización está implicando también estimular y solapar la violación de derechos humanos como una política de control, amedrentamiento, represión y desmoralización de las luchas sociales”.

La política de contrainsurgencia y la política exterior del gobierno federal fueron dos los temas principales que trató Rosario Ibarra este martes, durante su pronunciamiento en la Cámara de Senadores.

POLÍTICA DE CONTRAINSURGENCIA

No se trata de algunos excesos personales u ocasionales de algunos militares, como quisiera entenderlo una parte de las recomendaciones del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes. “Se trata de una política de contrainsurgencia por lo que los casos de violaciones a derechos humanos y de solapamiento cuando estos ocurren a manos de militares se repiten peligrosamente”.

Hay una constante en el trato a hombres y mujeres presos en Atenco o en Oaxaca o en los casos de Castaños, de Sinaloa o el de Zongolica, con la señora Ernestina Ascencio, en que el propio “titular del Ejecutivo” ejerce como forense para dar la línea de protección a la imagen de los soldados involucrados en el caso.

Una línea que, por cierto, es seguida puntualmente por el Presidente de la CNDH que, aunque ahora recomiende el retiro paulatino del Ejército, con su falta de autonomía y su subordinación a los intereses políticos dominantes, ha evidenciado la crisis de esa institución; una crisis similar a la de la otra institución representada por el Instituto Federal Electoral (IFE) de Ugalde.

El fondo del problema es el mismo: la falta de legitimidad que marca todo. En el caso de la CNDH porque la falta de autonomía y su subordinación política hacen evidente su falta de legitimidad, de credibilidad y autoridad moral y política.

Es cierto, sin embargo, dice la Senadora, que la falta de legitimidad no responde simplemente a las ambiciones personales de una figura gris que se disfraza a sí mismo y a sus hijos con símbolos del poder, olvidando que el hábito no hace al monje.

Más allá de ambiciones personales responde a la obsesión por imponer una política y programa neoliberales que benefician a un pequeño grupo social y hunde a la mayor parte del pueblo en la miseria.

POLÍTICA EXTERIOR

Y esa política, aseguró Rosario Ibarra, tiene también su vínculo con la política exterior, que pretende alinear a México con la política hegemónica en el gobierno de Estados Unidos.

No es solamente ya el alineamiento que vimos en el sexenio pasado obsesionado con la confrontación, a punto de ruptura de relaciones con Cuba o Venezuela, sino también en aspectos que tienen más claramente implicaciones para la política interior como es el acuerdo hacia el ASPAN, la intención de una suerte de Plan Colombia para México y por tanto reformas legales ya aprobadas como la ley contra el terrorismo y las que se pretenden para autorizar cateos, intercepciones telefónicas y otras acciones policíacas que echan atrás derechos conquistados y reconocidos constitucionalmente.

Estas reformas van en consonancia también con las que en Estados Unidos se han venido imponiendo en la ola patriotera y xenofóbica desatada después del 11 de septiembre y que tienen en el Plan Patriot la punta de lanza de los ataques contra los derechos humanos. Nuestra oposición a estas reformas y políticas es también oposición a una política de subordinación a esos intereses extranjeros.

Pero si el fondo de estos problemas evidenciados y exacerbados en estos 9 meses tienen su origen en el gobierno y el problema de la legitimidad, no es posible quedarse como ante un Muro de Lamentaciones.

Algunas voces nos llaman a ser realistas, a enfrentar la crisis logrando conquistas democráticas y populares por medio de la negociación y el pacto con el poder que, como sea, existe. En realidad no es un llamado a ser realistas, sino es un llamado a capitular, a rendirse.

Pero además no es realista porque la crisis de legitimidad no se resolverá con un pacto en la cúpula si se excluye la participación social que en millones de personas están exigiendo ser tomados en cuenta y respetados. Respetadas su opiniones y sus votos. Es un ascenso en el protagonismo social que no puede hacerse retroceder con un pacto en la cúpula. Porque no es que nos neguemos a la política, al diálogo y discusión y los acuerdos.

Precisamente defendemos y reivindicamos métodos democráticos como la consulta popular y el voto y exigimos que esos derechos sean respetados. Entonces no es a nosotros a quienes pueden acusarnos de no respetar los métodos democráticos.

El problema es que el pacto, la negociación, en la que pueden obtenerse concesiones o conquistas democráticas –recién lo vimos con la reforma electoral y la relación con los medios electrónicos– es prácticamente a cambio del abandono del reclamo original de respeto a reglas democráticas para las decisiones del pueblo, del electorado. Por eso reformas electorales y otras, aunque contengan aspectos positivos, progresivos o democráticos, serán limitadas mientras no resolvamos el problema de origen.

Y si el año pasado no se quiso volver a contar los votos, entonces hay que pensar una vía de solución que regresa el protagonismo a la sociedad y que no se atrinchera en medidas de fuerza para apagar o hacer olvidar el reclamo. Desde el movimiento, por ejemplo, surgen propuestas en esa dirección como es la de un referéndum presidencial que no está contemplado legalmente en la actualidad, pero que sería una medida audaz para apelar nuevamente a la sociedad a resolver el problema.

O ¿cuánto tiempo creen que podrá mantenerse la crisis, la confrontación, el encono? Se equivocan quienes piensen que con el tiempo y un poquito el pueblo olvidará. Tarde o temprano o en forma periódica la crisis reaparece.

Hace 39 años el régimen pensó que el control de los medios de comunicación le aseguraba dar la vuelta a la hoja y durante 39 años el grito de 2 de octubre no se olvida fue imponiéndose, rescatando la memoria y exigiendo la verdad. Hoy también los medios y los políticos realistas apuestan al olvido. Es una apuesta equivocada.

07/GG/CV

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