La práctica de la minería a cielo abierto en Centroamérica no sólo afecta al medio ambiente con sustancias tóxicas como cianuro, plomo y otras, sino que está utilizando el agua de algunas poblaciones para sus procesos productivos, denunciaron activistas ambientales de El Salvador, Guatemala y Nicaragua ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA).
En el sexto día de trabajos del TLA en el ex templo de Corpus Christi de la capital mexicana, los representantes del colectivo Madre Selva de Guatemala y el Centro Alexander Von Humboldt de Nicaragua, reiteraraon que los intereses económicos de los gobiernos y transnacionales pasan por encima de las poblaciones indígenas o de escasos recursos.
Lilian Marenis, del Centro Alexander Von Humbolt, expuso ante el Tribunal los graves daños que la minera Desminic (Desarrollo Minero de Nicaragua) está ocasionando en la región de los Chontales donde habitan más de 60 mil personas en seis municipios, cuatro de los cuales están siendo afectados por la explotación minera.
Marenis dijo que esa región es ganadera en un 90 por ciento, pero el trabajo de las minas está contaminado las cuencas del Río Mico y Escondido, los cuales son los principales abastecedores de agua de la zona.
La activista denunció que además de esa concesión que ya se dio en Los Chontales, se tiene conocimiento de que otras empresas están solicitando concesiones en territorios que abarcan el 26 por ciento de la zona.
Ante el tribunal la representante del Centro Von Humboldt detalló que los estudios hechos en el medio ambiente y en las aguas de los citados ríos muestran que los niveles tóxicos de cianuro y plomo en niveles mucho más altos de los permitidos por la norma internacional.
Por su parte, la representante del Colectivo Madre Selva de Guatemala, Magaly Rey Rosa, dijo que no fue hasta que la Iglesia intervino cuando las autoridades empezaron a dar respuesta a las demandas de la población de Sipacapa.
Rey dijo que el gobierno del presidente Oscar Berger dio la autorización a la minera Glamis Gold de explotar oro y plata en una región única que pertenece a una etnia indígena ancestral.
«Todas las negociaciones se hicieron a espaldas de la población y los trabajos de la construcción de la mina han sido rechazados por la población incluso ha habido enfrentamientos violentos donde ha muerto una persona y 16 han resultado heridos», expuso.
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