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Minimiza Costa Rica grave violencia obstétrica en hospitales

Por Anaiz Zamora Márquez
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El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica (CIEM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la recurrente violencia obstétrica que viven las mujeres en Costa Rica (CR).
 
En audiencia temática como parte del 156 periodo de sesiones de la CIDH –que culminó el viernes pasado en Washington–, integrantes de grupos civiles y de la academia presentaron ante las y los comisionados testimonios de mujeres víctimas de violencia obstétrica, así como investigaciones que demuestran la cruda realidad para las costarricenses al ser atendidas en sus embarazos o partos.
 
Ana Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de Cejil, dijo que la audiencia tenía como objetivo buscar el diálogo entre las organizaciones y el Estado costarricense, pues si bien éste ha llevado a cabo diversos esfuerzos, éstos distan de ser suficientes para las mujeres.
 
Fue así que mediante un video se hizo del conocimiento de las y los comisionados que en los servicios de salud pública de CR es común para las mujeres la falta de respuestas claras a sus preguntas, la indisposición, impaciencia o negativa a aclarar las dudas, y la descalificación de lo que como mujeres gestantes están sintiendo.
 
Se denunció también la aplicación inadecuada de técnicas médicas como el rompimiento de membranas, el uso de medicinas para acelerar las contracciones, así como maniobras médicas o quirúrgicas que generan daños físicos a la mujer o al feto.
 
De igual forma se presentó la información recopilada por la Defensoría de los Habitantes, en la que se evidencia la grave situación en dos hospitales regionales en las provincias de Limón y Guanacaste, donde se atienden alrededor de cuatro mil partos al año en cada uno de ellos.
 
A pesar de la alta demanda de los servicios no se cuenta con la cantidad apropiada de personal médico y especialistas en gineco-obstetricia para darles atención adecuada.
 
Al mismo tiempo se presentaron investigaciones del CIEM en las que se revela que este tipo de maltratos ocurre también en la consulta prenatal en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), o las clínicas de atención, además del ámbito hospitalario.
 
De igual forma se señaló que las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad ante la violencia obstétrica son aquéllas de estrato socioeconómico más bajo, las indígenas y las migrantes, así como las niñas y adolescentes, dato que se deriva del informe del CIEM, ya que no se cuenta con datos oficiales sobre este tema.
 
Pese a este contexto, no existe en CR una política pública para prevenir, sancionar y erradicar la violencia obstétrica, ni el personal de los centros médicos públicos ni los estudiantes de ciencias de la salud reciben capacitación en Derechos Humanos (DH) y con perspectiva de género.
 
Las organizaciones civiles también se refirieron a la ausencia de mecanismos de apoyo y asesoría para denunciar este tipo de violencia, lo que impide el acceso a la justicia y provoca que la mayoría de los casos queden impunes o invisibilizados.
 
Ante estos señalamientos, los representantes del Estado costarricense presentes en la audiencia enunciaron diversas acciones que está implementando la Caja Costarricense de Seguridad Social.
 
Sin embargo, los funcionarios minimizaron la problemática de violencia obstétrica como hechos aislados, y reprocharon traer estos casos ante el Sistema Interamericano de DH.
 
Tanto las y los comisionados como las organizaciones peticionarias lamentaron la respuesta del Estado costarricense, y le recordaron la importancia de valorar la audiencia como un espacio de diálogo y no como una denuncia.
 
Finalmente las activistas instaron al Estado a adoptar políticas públicas que corrijan las prácticas institucionales actuales, para garantizar la protección efectiva de los derechos reproductivos de las mujeres, y le solicitaron a la CIDH monitorear la situación de violencia obstétrica en CR.
 
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