Organizaciones nacionales y extranjeras denunciaron que al menos desde la década de los 90 persiste la trata de mexicanas con fines de explotación sexual y laboral en Estados Unidos, por lo que demandaron acciones conjuntas entre ambos países para erradicar el problema.
Lo anterior lo señaló Vanessa Lanza, directora de la Coalición para la Abolición de la Esclavitud y la Trata de Personas (CAST, por sus siglas en inglés), durante la presentación del informe «Caminando hacia el norte: el papel del género, la pobreza y la violencia en la trata de personas de México hacia Estados Unidos».
Lanza indicó que desde hace 20 años comenzaron a identificar casos de trata de personas en el vecino país del norte, de los cuales entre el 30 y 50 por ciento de las sobrevivientes de este delito son originarias de México y de otros países de América Latina (AL).
La activista mencionó a Cimacnoticias que en la década de los 90 identificaron «casos grandes», como el de personas tailandesas esclavizadas en EU, pero el problema «viene de tiempo atrás», el caso más antiguo que conocen es el de una mujer explotada laboralmente en 1972.
En estos años han habido algunos avances para proteger a las víctimas de este delito en EU, pero hasta ahora ninguna acción conjunta con el gobierno mexicano para frenar la problemática.
Para visibilizar esta situación, CAST junto con la organización The Sex Workers Proyect at the Urban Justice Center, realizaron el informe que contiene el testimonio de 37 personas que fueron enganchadas en México para ser explotadas sexual y laboralmente, de las cuales dos son transgénero y un hombre.
El documento indica que salvo una de las entrevistadas, el resto sufrió acoso sexual o fueron insertadas en el comercio sexual. Además, la mayoría fue obligada a trabajar en actividades económicas.
De las 37 sobrevivientes, 34 son mexicanas y provienen sobre todo de Puebla (14), Tlaxcala (6), Estado de México (5) y Veracruz (5). Ellas tienen en promedio 19 años de edad y cursaron la educación básica.
Vanessa Lanza indicó que la mayoría de estas mujeres fueron más vulnerables a caer en las redes de trata de personas por su condición de pobreza y violencia de género.
Tal es el caso de «Florencia», originaria de la sierra norte de Puebla, quien fue víctima de este delito en EU en 2002. Ella carecía de una fuente de trabajo y tenía tres hijos que mantener. «Estaba en pobreza y fui presa fácil», refirió la mujer de 39 años al hablar sobre su experiencia durante la presentación del informe.
«Florencia» fue enganchada por la maestra de corte y confección, quien contactaba a «muchas mujeres para ir a EU». La falta de oportunidades la orilló a migrar.
«Tuve que entregar mi acta de nacimiento y mi credencial de elector. La maestra venía con el grupo de personas que íbamos a salir del país». En Tijuana la mujer conoció a la tratante y un «coyote» (traficante de personas) la cruzó hacia EU.
«Todo parecía normal, pero al llegar la situación cambió. Ese sueño se convirtió en pesadilla», recordó. La poblana pasó 40 días encerrada sin poder hablar con nadie, ni salir del taller de costura en donde estuvo.
«Florencia» sufrió abuso físico, verbal y psicológico. «Esa persona me decía que en EU los perros tenían más derechos que yo, que si me mataba a nadie le iba a importar. También me amenazaba con hacerle daño a mis hijos si no hacía lo que quería», relató.
Sus jornadas de trabajo culminaban a la 1 o 2 de la mañana y estaba vigilada todo el tiempo. «Un día pidió permiso para ir a la iglesia y pudo escapar», encontró ayuda de una organización que llamó a las autoridades y denunció que fue víctima del delito.
Sin embargo, la tratante fue juzgada por ser una empleadora abusiva y condenada a seis meses de arresto domiciliario, y tuvo que pagar una fianza de 75 mil dólares, «porque entonces no se hablaba tanto del delito», añadió.
CAST, Sex Workers Proyect at the Urban Justice Center, junto con las organizaciones nacionales Instituto para las Mujeres en la Migración y el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos, coincidieron en la necesidad de que México y EU lleven a cabo acciones conjuntas para frenar la trata de personas.
Los gobiernos deben comenzar por lanzar campañas de «concientización e información» sobre la problemática, seguido de la investigación de este delito, utilizando la recién aprobada ley general contra este crimen, así como la generación de mecanismos para reunificar a las sobrevivientes con sus hijas e hijos.
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