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Molinos de viento y asalto a Forum

Por la Redacción

El 22 de octubre de 1993, la revista Forum publicó un resumen de la tesis de recepción profesional como licenciado en ciencia política y administración pública –Universidad Nacional Autónoma de México– del general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, titulado “Las necesidades de un ombudsman militar para México”.

El 9 de noviembre siguiente, el general Gallardo, a la sazón destacada en Hermosillo, Sonora, fue aprehendido con lujo de violencia y trasladado en avión (“durante el viaje, más de una vez pensé que sería tirado al mar”, comentaría después) al Campo Militar Número Uno en la capital del país.

El mismo día, elementos castrenses buscaron al director de Forum, Eduardo Ibarra, tanto en las instalaciones de la revista como en su domicilio particular sin encontrarlo en ninguno de ambos sitios, por lo cual deslizaron bajo la puerta del segundo de ellos un citatorio de comparecencia ante la Procuraduría General de Justicia Militar, cuyo entonces titular, Mario Guillermo Fromow García, actual asesor jurídico de la secretaría de la Defensa, fue sucedido en el cargo por Rafael Macedo de la Concha, actual procurador general de Justicia de la República.

Un reportero amigo de Ibarra tenía instrucciones de que si no salía del recinto militar en un plazo de dos horas, reportaría su desaparición a los medios. Durante la diligencia fue acompañado por un publicista.

Al término de su declaración, un oficial le dijo: “y por supuesto, el procurador le otorgará la cita que pide, cuando usted lo estime pertinente”; el publicista, mientras el trámite era desahogado, había consumado una preventa de gacetilla en las páginas de Forum.

Tiempo después, Ibarra fue visitado en la redacción de la revista Concertación que editaba la empresa paraestatal Diconsa, por elementos del Ministerio Público Militar que le invitaban a otra comparecencia: “queremos que corrija su declaración”, le dijeron. El periodista se negó. Entonces procesaron ahí mismo el acta, en cuyo cuerpo el interrogado se negó a revelar sus fuentes informativas. “Como el señor Ibarra tiene muchos secretos profesionales y periodísticos nosotros tenemos secretos de Estado y de seguridad, así que olvídese de su cita con el procurador Fromow García”.

Evidentemente de la iniciativa profesional del publicista alguien había derivado la posibilidad de llegar a un “acuerdo de intereses” que nunca estuvo en los pensamientos del director de Forum.

Hubo una segunda comparecencia, ahora por iniciativa de Ibarra, como testigo de descargo del general Gallardo; el ministerio público militar intentó atemorizarle para obligarle a declarar contra el acusado y el juez registró la protesta del defensor. Entonces la Fiscalía Militar inició una averiguación previa contra el periodista en la Procuraduría General de Justicia de la República, que duró tres años hasta ser sobreseída.

Por cierto, el juicio iniciado hace casi años por difamación y faltas al honor militar, en la actualidad se sustenta en la imputación de supuestas irregularidades administrativas. De 17 recursos de amparo presentados por la defensa, 14 han sido ganados y en los tres restantes ha procedido la suspensión provisional. El que actualmente está en proceso no ha podido prosperar porque la Procuraduría General de Justicia Militar entrega sus elementos de manera fragmentaria y esto genera posposiciones de trámite o, dicho llanamente, retrasos en la causa.

En la agitada atmósfera generada por el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las desapariciones forzadas de la llamada “guerra sucia” ocurrida entre las décadas de 60 y 70; el asesinato de la defensora de presos políticos Digna Ochoa; la exigencia de libertad de activistas presos en las llamadas cárceles de alta seguridad; los reclamos de esclarecimiento y justicia del asesinato y violación sexual de más de 250 muchachas en Ciudad Juárez.

También, la acelerada militarización de la geografía chiapaneca; el anticonstitucional patrullaje de la capital por soldados y marinos vestidos de civil, y las reiteradas evidencias de que el aparato jurídico de las fuerzas armadas obstaculiza el juicio del general Gallardo Rodríguez, la madrugada del martes 4 de diciembre de 2001 fue hurtado de las oficinas de Forum equipo con un valor de 64 mil 779. pesos y la totalidad de materiales de archivo, dos computadoras, programas de diseño, discos compactos y zips, si bien toda la información ahí contenida estaba íntegramente respaldada y ahora ha sido situada en más de un centenar de buzones cibernéticos en diferentes puntos del planeta.

El caso ha sido denunciado, además de al Ministerio Público, ante la Organización Internacional de Periodistas, la Federación Latinoamericana de Periodistas, Reporteros sin Fronteras y el Comité de Protección al Periodista. Y la información cuyas copias fue sustraída en ese operativo, ya ha sido situada en buzones electrónicos de una gran cantidad de países.

       
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