No es nueva práctica que funcionarios del gobierno estatal se vean involucrados en delitos que toda la sociedad aborrece. Al amparo del gobernador Carrillo Olea se dieron hechos relacionados con la industria del secuestro, y se exhibió a los altos mandos del cuerpo policial y de procuración de justicia en complicidad con la mafia. Incluso tuvo que renunciar el mentado gobernador, aún y a pesar de que Zedillo extendió su manto todo lo que pudo. Ni así logró sostenerlo en el puesto. Muchas cabezas rodaron, no las suficientes, claro.
De manera parecida le sucede hoy al gobernador panista, Sergio Estrada Cajigal, en el caso de José Agustín Montiel López, a quien ungió como coordinador general de la Policía Ministerial de Morelos, a sabiendas del pésimo historial delictivo del sujeto. Resulta que bajo pedido expreso, Macedo de la Concha, nada menos que el Procurador General de la República, entregó la ficha de Montiel, donde aparece como torturador, protector de narcotraficantes, abuso de autoridad en los cargos desempeñados y hasta robo de ganado, toda una ficha. Pero al representante de los morelenses nada le impidió nombrarlo y ahora tendrá que responder a esa misma sociedad y a la Nación por sus actos y decisiones.
No puede aducir Estrada Cajigal que desconocía los antecedentes delictivos de su subalterno durante su función en Guerrero, puesto que, siendo gobernador Francisco Ruiz Massieu, se giraron más de diez recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), precisamente por las denuncias hechas en contra de Montiel. Los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Congreso Estatal se quejaron del secretario de gobierno, del procurador y hasta del mismo gobernador.
Desde luego habrá que investigar a fondo y fincar responsabilidades. El tema importante es la posible complicidad de parte de los que contra viento y marea brindaron «protección» a Montiel. Habrá que conocer a cambio de cuántos favores permaneció coordinando a la Policía Ministerial, y qué sucedió durante ese tiempo dentro de las investigaciones y detenciones realizadas bajo su mando.
Es imposible deslindar de toda culpa al gobierno a quien se advirtió. Hemos llegado al día en que se debe de pagar no sólo por pecados y omisiones, también por ineptitud; pues defender la postura de la ignorancia es alegar la incapacidad para gobernar un estado tan difícil y bronco como lo es Morelos.
Ha llegado el día que debiera haber un Ombudsman Superior que tenga suficiente autoridad como para salvar a la sociedad de un gobernante corrupto, nefasto, prepotente o simplemente idiota y, así, de esa manera, evitar que el presidente de la República se tenga que lavar las manos o meter en asuntos internos de los estados.
*Presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas Communica.
2004/BJ
