El Centro de Derechos Humanos (CDH) Digna Ochoa denunció el día de hoy a través de un comunicado los abusos militares ocurridos en Morelos y envió una carta al Congreso de la Unión pidiendo su intervención urgente para terminar con la presencia militar en dicho estado, que ha generado hostigamiento sexual contra niñas y mujeres.
La justificación para la militarización del estado se ha dado bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, ya que la policía era corrupta y el Ejército estaba «limpio», señala el Centro, organismo civil coordinado de Susana Díaz Pineda.
Sin embargo, afirma, han sido las fuerzas castrenses las que han cometido atropellos contra la población civil, como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, e incluso el hostigamiento sexual de niñas y mujeres, todas éstas graves violaciones a los derechos humanos.
En la carta al Congreso, Díaz pide que se haga pública la «criminalidad oficial», los delitos cometidos por agentes del estado, o con motivo de los servicios de seguridad pública o procuración de justicia.
Además propone la creación de un mecanismo de monitoreo dentro de los cuerpos policíacos, que informe continuamente sobre la forma en que son resueltas las distintas demandas de la sociedad o procesos administrativos referentes al comportamiento de los policías, haciendo uso de los medios masivos de comunicación.
Así mismo solicita el regreso de los militares a sus cuarteles y que se declare la inconstitucionalidad de los operativos militares, así como de los puntos de revisión y los retenes implementados por los militares en el estado, pues representan una suspensión de facto al derecho de libre tránsito.
Díaz Pineda aclara que no están en contra de la lucha contra la delincuencia, pero considera la militarización del estado innecesaria, «los magros resultados de este tipo de operativos en otras partes del país no han sido satisfactorios ni inhibidores de la delincuencia y sí se ha documentado el grave peligro en que se ponen los derechos humanos y las garantías individuales de la población civil».
La presencia de elementos militares en el estado y la realización de operativos por parte de éstos es inconstitucional, la presencia militar en las calles y avenidas principales, los rondines, la instalación de retenes, los cateos sin ninguna orden judicial, violentan los derechos humanos y las garantías individuales de todas y todos los habitantes del estado, señala el Centro.
INSTITUCIONES MILITARIZADAS
Denuncia también que la presencia de elementos militares en los puestos directivos y operativos de instituciones civiles como los cuerpos de seguridad pública es cada vez más común.
El nombramiento de un ex Coronel como Secretario de Seguridad Pública del Estado, otro militar como Subsecretario de Reinserción Social del Estado, otro como Coordinador de la Policía Ministerial Estatal y recientemente el nombramiento de un elemento castrense como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, son algunos ejemplos, asegura.
Además, menciona que se ha incrementado la legalización e institucionalización de las acciones del Ejército dentro de los espacios civiles, como la participación castrense en funciones de seguridad pública y fuerzas policíacas de élite y en la persecución e investigación de delitos, donde el Procurador de Justicia es un militar.
El principal problema, de acuerdo al CDH Digna Ochoa, es la falta de control que existe para las actuaciones del Ejército dentro del ámbito civil, y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. «Cuando un militar comete una violación a los derechos humanos, es investigado por el fuero militar, con la consecuente impunidad que conlleva la protección dentro del sistema de justicia militar».
Estos hechos han sido denunciados en varias ocasiones por organismos defensores de derechos humanos, y organizaciones internacionales como Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han emitido recomendaciones al respecto al Estado mexicano, pero éstas no han sido escuchadas, recuerda el comunicado.
La ineficacia de los mecanismos para la prevención del delito, la falta de capacitación policíaca y la falta de técnicas e instrumentos adecuados para la investigación del delito se convierten en prácticas comunes como la tortura, la coerción y la fabricación de culpables para resolver los casos.
Por tanto, el CDH Digna Ochoa propone la creación de un modelo de seguridad ciudadana que esté al servicio de la ciudadanía, y que incluya la participación directa de éstos en la planeación y supervisión de las labores de seguridad, y que además tome medidas como la mediación, conciliación, negociación y penas alternativas para la resolución de conflictos.
De acuerdo con Susana Díaz, «los derechos humanos no admiten excepciones ni pueden ser restringidos discrecionalmente por las autoridades administrativas atendiendo a criterios de seguridad interior, paz social o cualquier otro similar».
09/AG/GG
