En 2009, Durango registró 13 defunciones por muerta materna (MM), cinco de los fallecimientos (casi la mitad) se debieron a hemorragias del embarazo, parto o puerperio y por causas obstétricas indirectas.
De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM), sólo seis de esas mujeres contaban con el Seguro Popular.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Durango hay 771 mil 22 mujeres; de ellas, 567 mil 617 (73.6 por ciento) tienen entre 12 años y más. De esta población, 10.7 por ciento (60 mil 989) tuvieron al menos un hijo.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), la tasa global de fecundidad en Durango fue de 2.3 en 2008, ligeramente menor que en años anteriores (2000-2005).
De las madres con nacimientos registrados en 2006 sólo 15.5 por ciento estaba en el mercado laboral y 74.6 por ciento en otra actividad no remunerada.
Ese año se registraron 22 muertes maternas durante el periodo del embarazo, parto o puerperio: uno fue un embarazo terminado en aborto, 19 muertes obstétricas directas y dos por muerte obstétrica indirecta.
Conapo informa también que 59.1 por ciento de muertes maternas fueron por complicaciones previas al parto y durante el alumbramiento; 18 por ciento por edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, y 9.1 por ciento por complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio.
En los servicios de salud en el sector público de Durango hubo 27 mil 255 partos atendidos, 3 mil 403 abortos registrados y 220 mil 914 consultas de planificación familiar.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
En septiembre de 2008, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó a la Legislatura de Durango para que, de acuerdo con sus atribuciones, reforme sus marcos normativos para despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, tal y como se aprobó en 2007 en la capital del país. El exhorto se turnó a la Comisión de Justicia del Congreso estatal.
Contrario a la solicitud de la ALDF, el Congreso de Durango reformó el artículo 1º de la Constitución estatal el 7 de abril de 2009, para «proteger la vida» desde el momento de la concepción-fecundación y criminalizar así el aborto en la República Mexicana, como ha ocurrido con otras contrarreformas legislativas en 16 estados del país.
Con esta modificación se estableció que «la vida humana sea considerada como tal desde el momento de la concepción», y ahora se «reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural».
La reforma se publicó en el Periódico Oficial el 31 de mayo de ese año. No obstante, el Código Penal estatal permite la interrupción legal del embarazo en algunas causales.
Según la última actualización del Código Penal -del 14 de junio de 2009-, en el artículo 150 la interrupción legal del aborto se permite cuando el embarazo es causa de violación; el aborto es provocado accidentalmente (o, como dice la ley, por conducta culposa), y si el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer.
El artículo 148 de ese código establece que comete el delito de aborto quien provoque la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo y se impondrán las penas de uno a cinco años de prisión y multa de 72 a 360 días de salario, si se obra con el consentimiento de la mujer embarazada, y de tres a ocho años de prisión y multa de 288 a 576 días de salario, si se obra sin consentimiento de la mujer embarazada.
En ese contexto, en agosto de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la solicitud de 150 mujeres del estado de Morelos para que analice una reforma constitucional de la entidad que penaliza el aborto al igual que en Durango.
Esta información se expuso ante periodistas de la entidad norteña en los trabajos del taller «Por una maternidad libre y voluntaria», que inició hoy en la ciudad de Durango y concluye mañana, como parte de la Campaña Regional que con el mismo nombre se impulsa en la República Mexicana y Centroamérica.
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