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MP retrasa justicia para mujer nahua policía abusada por funcionario

Por Redaccion

El agente del Ministerio Público (MP) del fuero Común del Distrito Judicial de Zaragoza, con residencia en Huamuxtitlán, Guerrero, Daniel Reguera Salado, retrasó la investigación que se sigue por el caso de la indígena nahua Bertha, quien acusó al director de Seguridad Pública del ayuntamiento de Alpoyeca, Graube de Jesús Rosales por hostigamiento sexual, aprovechamiento sexual y abuso de autoridad (Cimacnoticias, 3 agosto 07).

A cinco meses de que sus asesores jurídicos y abogados del Monitor Civil de la Policía y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitaron la remisión del expediente de Bertha ante el Congreso del estado para que se inicie un juicio de procedencia (desafuero) contra Graube de Jesús, ya que se encuentran desahogadas todas las pruebas y existen elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad del funcionario publico, el MP sólo ha dado evasivas.

Así lo informó en un comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Monitor Civil de la Policía y Fuerzas de Seguridad de la Región de la Montaña.

La última ocasión en que los abogados insistieron en que se remitiera el expediente al Congreso local, Daniel Reguera Salado respondió irónico que llevaría el expediente a los diputados, sólo si se le pagaba el transporte a Chilpancingo. En otras ocasiones ha retrasado la ratificación de documentos ausentándose de su oficina o dando fechas cuando está de vacaciones.

Coincidentemente, Bertha sigue siendo objeto de presiones por parte de la abogada de Graube, quien le ha llamado por teléfono, en diversas ocasiones, para ofrecerle de 10 hasta 20 mil pesos a cambio de que retire la denuncia.

En mayo pasado se solicitó el proceso de desafuero contra Graube, ya que era imposible la acción penal pues ocupaba el el puesto de regidor de Agricultura y Desarrollo Rural. No obstante, en febrero de 2007 empezó a fungir como Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Alpoyeca.

EL CASO

Bertha comenzó a trabajar como mujer policía en el ayuntamiento de Alpoyeca el 2 de mayo de 2007. Días después, el 15 de mayo, Graube de Jesús aprovechó una salida con ella al municipio de Tlapa para llevarla a un hotel, y condicionándola, la obligó a tener relaciones sexuales con la amenaza directa de quitarle su trabajo si se negaba y si comentaba con alguien lo sucedido. La mujer aceptó esa imposición debido a su necesidad de tener un empleo. No obstante, fue despedida meses después.

Ante esta situación, Bertha, quien es soltera y vive con su madre, a quien sostiene económicamente, presentó el 11 de julio la queja 30/2007-II ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum) en Guerrero contra Graube de Jesús. Ese organismo pidió al ayuntamiento de Alpoyeca que salvaguardara la integridad física y psicológica de la mujer nahua, así como la de sus familiares, y que iniciara un procedimiento administrativo al funcionario municipal.

Bertha también denunció a Graube ante el MP de Huamuxtitlán (adscripción a la que pertenece Alpoyeca), radicándose la averiguación previa número ZAR/01/052/2007. Sin embargo, el acceso a la justicia plena ha sido un camino largo y difícil de recorrer, pues además de las graves irregularidades que hay en la integración de su expediente, ha enfrentado una serie de hostigamientos por parte de las autoridades de Alpoyeca y de la abogada de Graube.

El caso de Bertha es un ejemplo claro de la doble victimización que viven las mujeres que denuncian delitos sexuales, del drama que significa ser agredida sexualmente, señala Tlachinollan, por lo cual demanda, como Monitor Civil de la Policía y Fuerzas de Seguridad de la Región de la Montaña, que la Procuraduría del estado envíe la investigación a la Comisión Instructora del Congreso local, para que se determine la procedencia y pueda ejercerse acción penal en contra de Graube.

Demandan también se dé inicio a un proceso de investigación administrativa sancionatoria, en contra del MP Daniel Reguera Salado, por el incumplimiento de las normas básicas del debido proceso legal, al incurrir en dilación y poner en duda fundada su imparcialidad, independencia y probidad.

Pide también medidas de protección y auxilio que garanticen la integridad de Bertha, pues la actitud dilatoria y tendenciosa del agente del MP ha puesto en riesgo su seguridad.

08/VR/GG

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