Inicio Muchos pendientes por resolver a favor de las nicaragüenses

Muchos pendientes por resolver a favor de las nicaragüenses

Uno de los principales logros para el movimiento feminista nicaragüense es la aprobación y publicación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley número 779), coincidieron organizaciones de mujeres, pero también advirtieron que uno de los mayores retos será que se cumpla.

Aun con la aprobación de esa ley, la violencia contra la mujeres no cesa: hasta el pasado 7 de marzo, 15 mujeres fueron asesinadas por sus esposos, parejas y ex parejas, principalmente en los departamentos de Managua, Matagalpa, Jinotega, Región Autónoma del Atlántico Sur, León y Rivas, según el monitoreo de medios de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

Las organizaciones de mujeres consultadas esperan que con la aplicación de esta ley se disminuya la violencia contra las mujeres, que haya una mejor atención, y «que nos den respuesta expedita como lo establece el Código Penal, que atiendan con calidez, con humanidad y respeto a los Derechos Humanos (DH), que no se revictimice y que la resolución sea la adecuada», dijo María Elena Domínguez, enlace de la Comisión Coordinadora de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

La creación de las procuradurías de la Mujer y de la Diversidad Sexual, las Comisarías de la Mujer y la Niñez, y las políticas del Estado inspiradas en las normas y protocolos de tratados internacionales a favor de las mujeres, son otros avances significativos, añadió Martha María Blandón, directora de Ipas-Centroamérica.

CONTRASTES

Nicaragua ha sido destacada en el Mapa Mundial de Participación Política de las Mujeres, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dijo Ligia Arana, directora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEG) de la Universidad Centroamericana, al destacar como un avance que las mujeres ocupen 40 por ciento de participación en la Legislatura actual de la Asamblea Nacional.

Arana defendió que es un gran logro en términos de participación política tener esa representación en la Asamblea Nacional, aunque algunos critiquen que ellas responden a los intereses de los partidos políticos y no necesariamente a la agenda de los DH de las mujeres.

«Quienes expresan eso, están utilizando los mismos argumentos para descalificar a las mujeres? Entonces los hombres tampoco representan a los hombres. No quisiera pensar que son las mujeres las que están utilizando ese argumento, porque todos fueron electos por los partidos políticos, porque no hay organizaciones civiles que elijan, son los partidos políticos», sostuvo Arana.

Es muy prematura la actual Legislatura, iniciada en enero pasado, para evaluar el desempeño de las mujeres en ese foro político, dijo la académica al agregar que esas declaraciones negativas contra las mujeres están ancladas más en posturas políticas que en posiciones feministas.

La catedrática universitaria sostuvo que en Nicaragua «hemos avanzado, pero necesitamos avanzar más en términos económicos, de posicionamiento como sujetas económicas, sujetas políticas, ser reconocidas no sólo por el Estado sino por la empresa privada, que no haya segregación vertical, que los puestos más altos no sean sólo de hombres».

En cuanto a la participación de las mujeres en puestos de poder «no estamos mal, el problema es cuando esas mujeres obedecen a los intereses de los partidos políticos y no a las prioridades de los ejercicios de derechos de las mujeres como se espera de ellas, por ser mujer no necesariamente están sensibilizadas, hay mucho trabajo que hacer con hombres y mujeres que están en puestos de poder, donde se toman decisiones muy importantes para la población», sostuvo Martha María Blandón.

Hace falta que el Estado priorice los temas de salud de las mujeres, los problemas de muertes maternas, la violencia sexual, el feminicidio, que haya una actuación del Estado basada en DH y normativas jurídicas no basadas en creencias personales, se requieren mayor educación y oportunidades para la juventud, más presupuesto para la atención a las mujeres en educación y salud, urgió Blandón.

También las mujeres organizadas exigen participación en las Comisiones de Trabajo Territorial, que sean tomadas en cuenta con voz y voto, «no sólo para aparecer en los informes oficiales de que fuimos llamadas cuando en realidad no nos dejan participar», advirtió María Elena Domínguez.

APOYO A MUJERES RURALES

Otra demanda al Estado la tienen las mujeres rurales. Se trata de la implementación de la Ley 717 que manda al Poder Ejecutivo a crear un fondo de crédito para financiar a las mujeres con la compra de tierras hasta un máximo de cinco manzanas, tomando en cuenta que el 52 por ciento de la población nicaragüense está compuesta por mujeres y de éstas, el 51 por ciento vive en las zonas rurales.

Se necesita que el Estado asigne el presupuesto para este fondo que será administrado por el Banco Produzcamos; esta es una demanda que «tenemos las mujeres rurales desde hace dos años en que se aprobó la ley», dijo María Teresa Fernández, presidenta ejecutiva de la Coordinadora de Mujeres Rurales.

Sobre el anuncio del presidente Daniel Ortega de enviar una propuesta de reforma a la ley de municipios para que haya 50 por ciento de candidatas en las próximas elecciones. «No es nada nueva esa propuesta de tener cuotas en los espacios de poder, no basta solo nombrar mujeres, realmente es necesario que esas mujeres hagan avanzar la agenda de los derechos de las mujeres», dijo la directora de Ipas-Centroamérica.

La Red de Mujeres Contra la Violencia al igual que Ipas-Centroamérica y Amnistía Internacional continúan demandando al Estado de Nicaragua que ratifique el Protocolo Facultativo de la CEDAW, y se despenalice el aborto terapéutico, eliminado en el 2006 por la Asamblea Nacional atendiendo solicitudes de las iglesias y de organismos provida que señalaban que con esta figura se estaban cometiendo abusos y otros tipos de abortos.

«No somos abortistas, demandamos a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre los recursos por inconstitucionalidad, exigimos que se nos restituya el derecho al aborto terapéutico, que sirve para salvar vidas, porque hay muertes maternas, lo que pasa es que se ocultan cifras, nadie habla de eso, pero se siguen muriendo mujeres», dijo María Elena Domínguez.

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