La lamentable muerte el pasado 15 de febrero de la joven de 15 años de edad en el Hospital de Balbuena tras haberse realizado una interrupción legal del embarazo (ILE) no debe poner en duda la efectividad de la Ley que permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, ni considerarse como «ejemplo» de lo que ocurre en los demás hospitales donde se brinda este derecho a las mujeres que lo soliciten, coincidieron especialistas en el tema.
En entrevista telefónica, María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), enfatizó que «ninguna mujer debe morir por un aborto» y dijo que es necesario ajustar al máximo los mecanismos que señala la Ley aprobada el pasado 24 de abril en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en los hospitales de salud capitalinos para que esto no vuelva a suceder.
Por separado, Leticia Cuevas, de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía y Trabajo, lamentó el fallecimiento de la adolescente y coincidió con Consuelo Mejía en que deberán revisarse los mecanismos y realizar los procedimientos que marcan los lineamientos publicados en la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal el 4 de mayo de 2007, tal y como lo ha asumido la Secretaría de Salud capitalino, dijo.
Ambas señalaron que en los servicios de salud deben otorgarse todas las facilidades para que las mujeres que así lo soliciten ejerzan su derecho a realizarse una ILE y destacaron que desde que se aprobó en la ALDF esta medida, 5 mil 843 mujeres han acudido a los servicios de salud a solicitar este derecho.
Si bien lamentaron la muerte de la adolescente de 15 años, precisaron que desde que se aprobó la ILE en abril de 2007 no se había registrado ningún deceso ni complicación por esta práctica en ninguno de los 14 hospitales capitalinos donde se realiza el procedimiento.
Para Leticia Cuevas, aunque este hecho puede ser tomado en cuenta en la discusión que tendrá lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, «no deberá ser lo único» a considerar por las y los ministros para emitir su fallo, ya que éste dijo, «deberá ser apegado a derecho».
«Esperamos que esto no signifique en el imaginario colectivo de la ciudadanía del DF que la Ley no sirve, porque ha demostrado sus bondades y beneficios, desgraciadamente ocurrió este accidente en el que intervino una característica de salud de la joven que se complicó con fallas en la intervención médica», agregó Consuelo Mejía.
La interrupción del embarazo fue uno de los puntos discutidos en las conferencias internacionales sobre Población y Desarrollo (la Conferencia de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo CIPD o El Cairo) y de Pekín.
En la CIPD se reconocieron por vez primera los derechos sexuales y reproductivos (DSR) de mujeres, adolescentes y jóvenes más allá de cuestiones demográficas.
De acuerdo a la Conferencia, en lo que se refiere a los DSR, señala que es la mujer quien debe controlar su propia fecundidad para lo que establece garantizar servicios de planificación familiar y de salud reproductiva de calidad.
En el Cairo se acordó evitar los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA a través de la promoción de conductas reproductivas responsables e informadas para cada grupo de edad.
Y por primera vez se mencionó el derecho de las mujeres a acceder a interrupciones legales del embarazo en países donde éste estuviera permitido en condiciones salubres y seguras.
Los gobiernos participantes en las conferencias se comprometieron a reducir de forma significativa el número de muertes y la morbilidad derivados del aborto practicado en condiciones inadecuadas, reducir el uso del aborto a través de la prestación de servicios de planificación familiar más amplios y mejorados y garantizar la prestación de servicios de abortos seguros en aquellos casos en que éste no sea ilegal.
También, como parte de los compromisos adquiridos en las conferencias, los gobiernos acordaron garantizar que en todos los casos las mujeres tengan acceso a servicios de calidad para el manejo de complicaciones derivadas del aborto, así como servicios de consejería, educación y planificación familiar pos- aborto.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Instituto Alan Guttmacher y de la organización civil Family Care Internacional, estiman que el aborto inducido en forma clandestina y condiciones inseguras, es la causa de una de cada tres muertes maternas en América Latina y el Caribe, y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.
Los servicios de aborto seguro, indican los mismos organismos, podrían prevenir entre el 20 y el 25 por ciento del medio millón de muertes maternas que anualmente ocurren en los países en desarrollo.
Actualmente, las hemorragias, infecciones, pre-eclampsia y el aborto clandestino, constituyen las principales causas de muerte materna en México.
08/LGL/GG
