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Muerte de Sandra Hernández muestra impunidad contra activistas

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El homicidio de Sandra Luz Hernández, una madre que buscaba a su hijo en el estado de Sinaloa, confirma que quienes exigen justicia en México enfrentan un contexto de impunidad, omisión y peligro, ya que este hecho se suma a la muerte de Marisela Escobedo, una madre ultimada en 2010 cuando protestaba afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua en demanda de castigo por el feminicidio de su hija.
 
Sandra Luz Hernández fue asesinada el pasado 12 de mayo en Culiacán, mientras buscaba a su hijo Edgar Guadalupe García Hernández, quien hace dos años fue sacado violentamente de su casa por personas armadas.
 
El crimen ocurrió luego de que Sandra se reunió con autoridades de la Procuraduría de Justicia de Sinaloa, para conocer los avances en las investigaciones sobre el paradero de su hijo.
 
Leonel Aguirre Mesa, presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa y quien apoyó a la madre en su búsqueda, contó a Cimacnoticias que tras la reunión Sandra se encontraría con una persona que acababa de conocer y que le pidió verla para darle información sobre el caso. Al llegar al lugar del encuentro, un desconocido le disparó con un arma de fuego.
 
Tan sólo cuatro años antes, Marisela Escobedo fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras exigía justicia para su hija Rubí, víctima de feminicidio. Dos días antes del homicidio, Marisela denunció amenazas en su contra a fin de acallar su protesta.
 
Como miles de madres y familiares de personas desaparecidas, Sandra y Marisela decidieron indagar por su cuenta para dar con sus seres queridos; coadyuvaron de manera importante en las pesquisas, y aportaron la mayoría de las pruebas a los expedientes respectivos.
 
EN RIESGO
 
En su búsqueda, ambas mujeres se convirtieron en activistas, defensoras de Derechos Humanos (DH) e investigadoras de la desaparición de sus propios hijos.
 
Sandra, por ejemplo, se integró a la agrupación Madres que Buscan a sus Hijos, en la que asumió un liderazgo e increpó en más de una ocasión a las autoridades de Sinaloa, recordó Leonel Aguirre.
 
Marisela, por su parte, encabezó marchas, colgó mantas en eventos oficiales, hizo plantones y se reunió con grupos civiles. También acudió a las autoridades estatales, pidió entrevistarse con el gobernador César Duarte, marchó desde Chihuahua al DF, solicitó audiencia con Felipe Calderón, pero nunca obtuvo respuesta.
 
Los asesinatos de ambas madres están impunes. En el caso de Escobedo, sus familiares señalaron que las autoridades detuvieron a un “chivo expiatorio”, y se conformaron con la muerte de Sergio Barraza –pareja de Rubí y señalado de haber cometido el crimen– para dar por cerrado el caso.
 
En el caso de Sandra, las autoridades dicen no tener suficientes pistas para dar con el asesino, según explicó Aguirre.
 
Esta situación es alarmante porque en esta misma condición, de búsqueda sin frutos y exigencia riesgosa, se encuentran las madres y familiares de las más de 26 mil personas desaparecidas en México, según datos recientes de la Secretaría de Gobernación (Segob).  
 
Además, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) advirtió en un comunicado que con el asesinato de Sandra ya suman en el país 31 crímenes contra defensoras de DH en cuatro años.
 
Tan sólo en el primer trimestre de 2014 hubo 41 agresiones directas contra 25 defensoras humanitarias y mujeres periodistas, así como seis agresiones contra organizaciones civiles.
 
El pasado 10 de mayo más de 200 madres, familiares y organizaciones civiles de todo el país marcharon en el DF, para exigir la creación de una instancia para las personas desaparecidas, y protestaron por el abandono y la indiferencia de las autoridades ante su desesperación, la opacidad de las investigaciones, la lentitud de la búsqueda, y los obstáculos que pone el Estado para que los propios familiares encuentren a sus seres queridos.
 
También denunciaron que desconocen si la lista de personas desaparecidas dada a conocer por la Segob ha sido actualizada, y si el Ejecutivo federal cuenta con políticas públicas o presupuestales para atender de manera estructural las desapariciones forzadas.
 
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