Durante varios años organizaciones feministas en el ámbito mundial han luchado porque la muerte materna deje de verse únicamente como un problema de salud pública y sea considerada como un asunto de derechos humanos.
Pero este clamor no es sólo de estos grupos de mujeres: organismos internacionales como las Naciones Unidas han reconocido que los Estados incurren en una violación a los derechos humanos de las mujeres cuando no toman medidas preventivas para que éstas dejen de morir por causas relacionadas con el embarazo.
En reiteradas ocasiones se ha mencionado que la muerte materna es el mejor indicador del nivel de desarrollo de un país porque refleja la inequidad, desigualdad y pobreza.
Ejemplo de ello son las mujeres rurales, quienes presentan más riesgo de muerte materna debido a las condiciones en las que viven, riesgo siete veces mayor incluso que aquellas que no cuentan con seguridad social, ocho veces mayor que las mujeres analfabetas y tres veces más alto en los municipios de muy alta marginación, documenta el texto La Mortalidad Materna en México: cuatro visiones críticas.
El derecho a disfrutar la sexualidad, a decidir el número de hijas o hijos y el espaciamiento entre éstos, al uso de anticonceptivos y a una maternidad sin riesgos, constituyen parte de los derechos humanos.
En este sentido, México ha signado varios compromisos internacionales en la materia que garantizan a las mujeres que gozarán de una maternidad sin riesgos.
Entre estos se encuentran la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer (Cedaw), que establece que los Estados deben garantizar a las mujeres servicios apropiados con relación al embarazo, parto y puerperio.
La Convención de los Derechos del Niño en su Artículo 24 establece que los Estados deben asegurar atención sanitaria prenatal y posnatal apropiada para las madres y desarrollar atención sanitaria preventiva incluyendo orientación a madres y padres, educación y servicios de planificación familiar.
La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la Declaración del Milenio, son entre otros, compromisos que México ha ratificado y en los cuales se le obliga a garantizar el derecho a la salud de las mujeres embarazadas.
Y la Norma Oficial Mexicana-007-SSA2-1993, que establece los criterios de atención a las mujeres embarazadas durante el embarazo, parto y puerperio.
MUERTE MATERNA, INJUSTICIA SOCIAL
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que las probabilidades de que una mujer muera por causas relativas al embarazo, parto o aborto inseguro a lo largo de su vida van a depender del país donde viva.
Así, las mujeres latinoamericanas y del Caribe, tienen una posibilidad de morir por esta causa en 150, las europeas una en mil 895 y las norteamericanas 1 en 3 mil 750.
En México, hasta 2006 murieron al año mil 138 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, el equivalente a tres y cuatro mujeres por día.
En el ámbito mundial, nuestro país ocupa el lugar 70 en defunciones por muerte materna, pero aún así, estas cifras promedio «ocultan las desigualdades regionales», ya que los estados de la República más pobres tienen las tasas más altas de mortalidad por esta causa, destacando desde hace muchos años Oaxaca, Guerrero y Chiapas, como lo han sostenido representantes de organismos no gubernamentales.
Lamentablemente, la poca inversión que el Estado realiza en las mujeres se refleja en que son éstas las más pobres, la que tienen los porcentajes más altos de analfabetismo, y que por su condición de pobreza, están mal alimentadas, no tienen acceso a revisiones ginecológicas periódicas, no utilizan métodos anticonceptivos y sus embarazos son continuos, lo que las debilita físicamente para poder tener embarazos plenos.
Ello, aunado a que pocas veces acceden a servicios de salud de calidad y confiables.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) ha insistido que combatir la muerte materna costaría tres dólares por persona al año, al tiempo que la reducción de ésta se relaciona más con los tratamientos eficaces y accesibles y la calidad de la atención que con el desarrollo socioeconómico general de un país.
No obstante, coincide con organismos civiles con trabajo en el tema que han sostenido que lo que falta es voluntad política y un verdadero compromiso para promover la equidad, la justicia social y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, adolescentes y niñas.
GARANTIZAR RESPETO A DERECHOS HUMANOS
La Organización Panamericana de la Salud ha recomendado a los países que para hacerle frente a este problema de salud pública es necesario impulsar el respeto a los derechos humanos de las mujeres, promover el cambio socioeconómico para éstas, que el matrimonio temprano y el nacimiento de las y los hijos se retrasen.
Asimismo ha recomendado que las mujeres puedan acceder a atención calificada en el parto, mejorar la cobertura y calidad en la atención y promover el empoderamiento de las mujeres para que puedan ser capaces de decidir sobre salud sexual y reproductiva y sus derechos.
MUERTE MATERNA, ASUNTO DE DERECHOS HUMANOS
La muerte materna está íntimamente ligada a la pobreza y las mujeres pobres, las que se encuentran en las zonas más excluidas son las que se están muriendo por no tener acceso a los servicios de salud y porque carecen de información sobre los riesgos o complicaciones que puede tener un embarazo.
También porque no ejercen sus derechos sexuales y reproductivos, no tienen acceso a métodos anticonceptivos ni pueden decidir si desean tener más hijas o hijos.
Aunque mucho se ha insistido desde diversos foros e instancias y es por demás sabido cómo se pueden evitar estas muertes, poco interés se ha dado al tema por parte de los gobiernos, quienes mediante la asignación de los recursos, han dejado atrás un asunto que cada día está cobrando la vida de casi 4 mujeres.
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