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Muertes intolerables

Por Ricardo Rocha

Una vez mas, México ha sido reprobado en materia de derechos humanos. Lo grave es que ahora ocurra en pleno gobierno del cambio: el mismo que generó expectativas gigantescas en lo económico, lo político y lo social; el mismo que suponía un giro de 180 grados en un asunto tan sensible y tan cercano a la democracia que se manifestó, por cierto, plena aquel inolvidable 2 de julio del 2000.

A propósito, nadie podría negar que una de las razones mas importantes que llevaron a los ciudadanos al hartazgo y al rechazo al partido de estado que gobernó durante 70 años fue precisamente la larga cadena de crímenes y atropellos que incluyeron hechos tan vergonzantes como el 2 de octubre de Tlatelolco en el 68, hasta el 22 de diciembre del 97 en el oprobio de Acteal, pasando por las matanzas de Aguas Blancas, El Charco o El Bosque, por recordar sólo algunas de las miserias humanas que no alcanzaron a ser compensadas en el corazón de los electores ni por las épocas de bonanza económica ni por la llamada “estabilidad”.

Hoy, es cierto, nadie podría acusar al gobierno de Vicente Fox de actos que ni remotamente se asemejen a aquellos años todavía cercanos de crímenes de estado. Sin embargo, el gobierno actual si está corriendo el riesgo de pasar a la historia como un gobierno cómplice por su ineficiencia y negligencia y hasta un gobierno violento si es que aceptamos la indiferencia, la insensibilidad y el silencio como formas de violencia. Está claro que el informe reciente de Amnistía Internacional está abriendo estas posibilidades.

Irene Khan, la secretaria general de la organización no gubernamental con sede en Londres, vino a restregarnos a todos en la cara un reporte contundente: Muertes Intolerables, México: 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

Conste que hablo a propósito en plural en aquello de la vergüenza colectiva. Y es que siento que todos somos culpables en alguna medida: los gobiernos estatales y municipales que han transcurrido, pero también la opinión pública y los medios de comunicación, que seguramente no hemos insistido con la decisión y vehemencia requeridas para curar y cerrar esta herida abierta en la conciencia nacional.

Pero en el caso de los gobiernos, no parece haber un reconocimiento sereno e inteligente de esta culpa. Por el contrario, asoman otra vez los signos de la intolerancia y la manipulación.

En el caso del gobierno federal, ahí está el reclamo de que el diagnóstico de Amnistía Internacional es por lo menos injusto al no tomar en cuenta los recientes esfuerzos del actual gobierno. Y tienen razón sus voceros, se trata de esfuerzos demasiado recientes y que se produjeron casualmente cuando el informe de Amnistía ya estaba en la imprenta y cuyo contenido muy probablemente era ya conocido de las autoridades.

Fue hasta entonces, cuando se decidió el espectacular montaje escenográfico del anuncio de una estrategia tardía y poco convincente en donde no se tomó en cuenta a ni una sola de las organizaciones de madres y deudos que han surgido como única consecuencia luminosa de estos crímenes oscuros y horrendos.

Antes el gobierno estuvo sumido en un proceloso mar de confusiones acerca de cuál era el ámbito de la cadena de muertes, cuáles de los crímenes correspondían a la esfera federal y cuáles a la estatal y si habría o no una posibilidad jurídica de atracción de casos. En pocas palabras, tres años perdidos en reflexiones legaloides, mientras en Juárez las mujeres seguían siendo torturadas, violadas, asesinadas y destazadas.

Es entendible que el informe les haya dolido a los gobiernos. Cómo no les va a doler si para empezar plantea en toda su brutal realidad todo el escenario de miseria absoluta en que se han dado las desapariciones y asesinatos. Luego, sigue documentando con precisión, las coincidencias, similitudes y patrones que han venido operando en esta cadena de horror y muerte todavía interminable. Lo que no son admisibles son las reacciones.

En el caso del gobierno federal, además de su reacción ineficaz y tardía, ahora el presidente afirma que su administración no guarda esqueletos en el desván. Cierto, nadie lo ha acusado de eso. Añade que su gobierno no ha prohibido la entrada de visitadores de derechos humanos como se hacía antes. Tampoco se le ha acusado de eso. El reclamo es por ineficiencia e indiferencia que han generado impunidad. En todo caso el presidente deberìa reclamarles a quienes resulten responsables desde el inicio de su mandato.

La que es verdaderamente patética es la reacción del gobernador priista de Chihuahua, Patricio Martínez. Gasta una pequeña fortuna en desplegados a plana entera en donde de manera histérica dicese defender la dignidad de los juarenses ante las mentiras de Amnistía. Como si esa frágil pero admirable y fuerte mujer que es Irene Khan haya violado las supuestas castidades de un gobierno probo e impoluto. Francamente ridículo.

Lo que deberían de hacer ambos mandatarios es reflexionar en lo que nos vino a arrojar al rostro –a todos- la secretaria general de Amnistía Internacional. Resumo algunos de sus conceptos, luego del privilegio de una entrevista con ella:

-“Desafortunadamente, México no es el único país donde se presenta la violencia de género, pero aquí sí se presenta de manera intensa”. Está claro que ha habido una resistencia de las autoridades a admitir que la pista principal de estos crímenes es el hecho de que se están matando mujeres por el simple hecho de serlo; además de tratarse de mujeres humildes, sin familia cercana, habitantes de zonas marginadas; mujeres sin importancia pues, de acuerdo al criterio oficial.

Nadie podría reclamarle al presidente que llame presuroso a un prominente hombre de negocios por el asesinato de su hijo o que sea el primero en felicitar a una destacada atleta apenas cruza la meta. Pero si esperábamos que pusiera mayor empeño en exigir resultados para estos 370 crímenes de estadística y sin nombres propios de acuerdo, insisto, en ese criterio oficial.

– “Este es un problema de mas de 10 años de muertes, de desapariciones, de raptos, de violaciones y de violencia contra mujeres y el gobierno ni siquiera tiene información clara de las cifras y de lo que ha sucedido. No han abierto las investigaciones criminales; las madres a mi me comentaron de la falta de interés a las que se enfrentaban cuando iban a denunciar el hecho de que sus hijas habían desaparecido. Las investigaciones han sido mal manejadas. Es una letanía de violaciones que ha cometido el gobierno y que deben ser corregidas”. No hace falta ningún comentario adicional.

– “Las autoridades se rehúsan a reconocer que existe un patrón en estos casos. Nuestras propias estadísticas indican ciertas conductas recurrentes. Por ejemplo, 46 por ciento de estas muertes han sido de niñas y jovencitas menores de 22 años. El 20 por ciento eran menores de 18 años y la mas joven que hemos registrado es de sólo once años. La manera, los lugares en que estas mujeres eran raptadas son otra pista. Eran mujeres pobres que trabajaban en las maquiladoras, estudiaban y trataban de ser mejores. Ha habido, sin embargo, un grave problema: todas eran mujeres de poco valor político”.

Sólo me resta una pregunta ¿es esta la verdadera razón por la que a los gobiernos estatal y federal les ha importado poco solucionar y detener esta cadena de crímenes vergonzantes?

2003/RR/MEL

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