«… hallamos el cuerpo de una niña mexicana que murió calcinada a 50 grados centígrados en el desierto de Arizona…»
La cuota de sangre que aportan las y los migrantes mexicanos superó las dos mil 400 víctimas en la frontera norte durante los últimos cinco años. El precio es caro entre países «socios». Equivale casi al número de soldados estadunidenses caídos en lo que va de la invasión contra Irak que, según el reporte de The Washington Post en su página web, son aproximadamente dos mil 100.
El gobierno de Estados Unidos no tiene cara para insistir en un Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA). No en tanto no cese su trato imperialista, xenófobo y vejatorio de los derechos humanos de las personas que buscan oportunidades de trabajo y de bienestar en su territorio. Nuestros braceros le permiten multiplicar su desarrollo seis veces más que el nervioso ritmo de crecimiento de nuestro país.
El imperio norteamericano carece de autoridad moral para salir a Sudamérica en pos de consumidores de sus productos. Para muestra basta un botón: su relación alevosa con México; la negativa reiterada a un acuerdo migratorio justo; el pisoteo de cláusulas del Tratado de Libre Comercio (TLC) en materia agropecuaria y, en general, el ejercicio de la unilateralidad basada en el abuso para tomar sólo lo que le interesa; es decir, para despojar.
Más de mil almas integrantes de ONG, así como de comisiones nacional y estatales de derechos humanos, abordamos a finales de octubre el problema de la migración, un reto para los derechos humanos fundamentales.
Además del panel, el foro y las mesas de trabajo, inicialmente el senador Miguel Sadot Sánchez Carreño, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, ofreció una conferencia magistral sobre el tema, de la que retomo algunas cifras y también el relato del hallazgo de la niña mexicana calcinada en el desierto de Arizona en incursión a las zonas que denominadas «trampas de muerte» en la frontera norte.
El 50 por ciento de las y los 400 mil migrantes que anualmente expulsa México se desplaza hacia Estados Unidos por Sonora, esa puerta-trampa que conduce al desierto de Arizona, donde no existe ni un hilo de alambre para impedirles el paso; ahí mismo donde los rancheros norteamericanos practicaron la cacería humana contra los migrantes.
Obviamente, ahí se registra el más alto número de pérdidas humanas a causa del fenómeno migratorio que en los últimos cinco años arrojó, hasta finales de octubre, un saldo de 2 mil 411 connacionales fallecidos en el intento de encontrar mejores oportunidades de vida.
Es innegable que la migración de México a Estados Unidos debe ser vista por ambos países como una responsabilidad compartida. Si bien México tiene que hacer lo propio para evitarla -ya que en este momento la cuarta parte de su población son migrantes- hay razón para invocar una reforma migratoria integral de índole bilateral.
Los disturbios en Francia, interpretados como la acumulación del malestar de la población inmigrante basada en el racismo y la exclusión de las oportunidades para acceder a los derechos humanos -particularmente sociales y económicos- representan una alerta para países como México y Estados Unidos, pues en las condiciones actuales ambos alimentan una bomba de tiempo.
La reforma migratoria debe cancelar estas puertas de muerte; establecer la regularización de las y los mexicanos residentes en aquél país, así como de los programas de trabajo temporal; asimismo, es necesario el aumento de visas y medidas que privilegien la reunificación familiar.
México y Estados Unidos están emplazados a lograr una migración legal, ordenada y segura, basada en la vigencia de los derechos humanos de este grupo vulnerable, así como en los derechos humanos de tercera generación, que comprenden aquéllos enmarcados en los derechos de los pueblos y las naciones, como el de la autodeterminación y el acceso al desarrollo.
Cuán trillado, pero cuán vigente sigue siendo el «basta a la usura» con la deuda externa de México a Estados Unidos, que ya está multipagada, así como la lucha por que no sigan imponiéndole a México las rutas del fracasado neoliberalismo.
A ojos de la sociedad civil, al gobierno mexicano le falta firmeza para defender el respeto a los derechos humanos de nuestra nación y de sus migrantes. Aunque hemos visto intentos por un acuerdo migratorio, la evasiva del gobierno norteamericano es reiterada. Es inadmisible que amañadamente asocien allá la migración a la delincuencia o al terrorismo pues, ciertamente, la raíz del problema son la xenofobia, la explotación y la ambición.
Estados Unidos no asume que los migrantes mexicanos están creándole una riqueza que asciende a los 270 mil millones de dólares anualmente, pues las remesas que ingresan a nuestro país representan sólo la décima parte: este año la cifra alcanzará los 20 mil millones de dólares, aportación de nuestra fuerza de trabajo expulsada que amerita a su vez que el gobierno mexicano no claudique en su defensa, que no sea agachón y entreguista.
México pierde, y pierde mucho. La sangría es desastrosa para el país: el 70 por ciento de las y los migrantes tiene entre los 15 y los 44 años, es decir, las edades más productivas. ¿A qué costo se puede sustituir esta fuerza de trabajo para el país? Simplemente no se puede. ¿Cuál es el saldo de la fragmentación cultural?
Ya una cuarta parte de las familias mexicanas padece una transformación drástica por la migración. Incluso, Amnistía Internacional México advierte que la migración femenina se ha duplicado en los últimos años y son ya 21 mil mujeres las que anualmente salen del país.
El estado de Zacatecas, de acuerdo con los datos del Senado de la República, es el símbolo máximo de la migración en México, y así, del atraso y la pobreza que hacen proliferar otros males. De cada tres zacatecanos, uno es migrante.
* Consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas
05/TM/YT
