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Mujeres, actoras principales en la tragedia de la migración forzada

Las mujeres son actoras principales en la tragedia de la migración forzada por la pobreza, así ocurra de México y Centroamérica hacia Estados Unidos o incluso en la migración interna, los datos que documentan esta realidad son un indicador del fracaso de las políticas neoliberales que se aplican en la región y que toman forma en la violación sistemática, cotidiana, de prácticamente todos los derechos de las mujeres.

De «las penas de las hermanas» en la región Mesoamericana no hay duda, como tampoco la hay de la omisión e inacción, del silencio o hasta la complicidad de los gobiernos. Convenios internacionales, acuerdos y leyes, internas o externas, no se respetan.

Así lo dijeron de forma unánime las y los participantes –procedentes de Guatemala y de las entidades mexicanas de Guerrero, Chiapas y Oaxaca y de Guatemala– en el Seminario Taller Binacional Migración, Género y Derechos Humanos, que desde ayer y hasta hoy se celebra en esta ciudad, bajo la idea de aprender y compartir sobre los altos costos que tiene el fenómeno migratorio sobre el cuerpo y la conciencia de las mujeres, sobre todo las indígenas, así como de sus familias y comunidades.

Casi todas las mujeres que migran en esta región Mesoamericana son jóvenes, o por lo menos con las fuerzas suficientes para viajar, mayormente solteras, o madres solteras, pobres, muchas indígenas.

Y todas tomaron la decisión de migrar convencidas de que es mejor sufrir los altos costos de un viaje azaroso, a costa de su salud y su vida, que permanecer en los lugares donde su existencia y la de sus familias están condenadas a la infelicidad o incluso a la muerte.

Así lo documenta la academia; organizaciones civiles o no gubernamentales, nacionales o internacionales; la iglesia que optó «por los pobres», grupos de mujeres que enfrentan los dolorosos costos de la migración desde su casa o en otro país, así como decenas de participantes en el Seminario, muchos de ellos actores mismos del éxodo.

La reunión fue convocada por GTM-ALOT (integrado por el Centro para la Acción legal en Derechos Humanos; Deca Equipo Pueblo; Enlace, Comunicación y Capacitación; Proyecto de Desarrollo Santiago y Servicios para una Educación Alternativa); Antena Civil de la Selva (donde se incluyen el comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Misión de Guadalupe-Desarrollo Comunitario Chapaneco, Misión de San José-Desarrollo Marqués de Comillas, Misión de Ocosingo-Altamirano, y Servicios y Asesoría para la Paz); el foro para el Desarrollo Sustentable, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas (área pastoral de migración), la radiodifusora Xuxepil «La voz de la Frontera Sur» y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social.

LAS PENAS DE LAS HERMANAS

Las «penas de las hermanas», como definió un activista guatemalteco a la condición en que viven las migrantes, tiene un origen claro: la presión que ejerce Estados Unidos hacia las economías latinoamericanas, a través de un modelo que le permite el aseguramiento y continuidad de su propia economía, a costa de la población más pobre de la región, explicó Alejandro Cerda, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Los resultados saltan a la vista: 60 por ciento de la población latinoamericana vive en la pobreza, orillada a la migración forzada, en un principio encabezada por varones pero, con crecientemente femenina.

Ellas emprenden el viaje hacia territorios que imaginan «mejores», pero lo hacen en condiciones de alta vulnerabilidad, que se traduce en violencia de género.

Por eso, recordó Cerda, después de Chihuahua, los estados de Chiapas y Veracruz (zonas de expulsión de migrantes) tienen los índices más altos de homicidios a mujeres, «con componentes de violencia de género».

Por eso, dijo por parte Abner Paredes, del Centro para la Acción legal en Derechos Humanos de Guatemala, en la frontera con México todos los derechos de las mujeres se violan, pero «la moda» desde hace dos años es el feminicidio: 2 mil 500 casos en los últimos cuatro años.

Las mujeres se van, porque huyen de una situación donde viven violencia por parte del Estado, que no garantiza su supervivencia y viola sus derechos fundamentales, aseguró la abogada Fabiola García Galán, de CALDH Guatemala, pero transitan luego –en el recorrido– por otro territorio de violencia y llegan a otro igual o más difícil.

Y esta vulnerabilidad se triplica, acota la doctora Tania Cruz, del Colegio de la Frontera Sur, porque en el recorrido encontrarán que muchos funcionarios de migración, de cualquier país del área, polleros o coyotes, delincuentes u hombres que hallen en el camino, reducen a las mujeres a su condición de cuerpo femenino, más específicamente, las reducen a una condición de vagina al servicio de los varones.

NO ESPEREMOS NADA

De los Estados y los gobiernos no podemos, ni debemos, esperar nada, dijeron durante la mesa Análisis y valoración de las acciones gubernamentales frente a la problemática, donde se hizo evidente que los programas del gobierno mexicano inciden apenas en un fenómeno de creciente magnitud.

María Eugenia Mata, de Deca Equipo Pueblo, Adriana Alcázar, del Foro para el Desarrollo Sustentable, y Anabel López, de Educa Oaxaca, pusieron como ejemplo los programas Tres por uno, el de Trabajadores migrantes en Canadá, Programa Paisano, los Programas especiales del Instituto Nacional de Migración, los del Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Desarrollo Social o de Salud.

Aún más, estos programas fueron creados con un enorme afán propagandístico, pero sin una visión de género, como ocurre con Tres por uno (que en Oaxaca, por ejemplo, funciona en tan solo 3 de los 570 municipios), o el de Trabajadores agrícolas en Canadá, ambos excluyentes de las mujeres, afirmó Dafne Cruz, de Enlace, Comunicación y Capacitación, quien concluye que estos son paliativos, muestra del «raquítico interés por las mujeres migrantes».

Igual ocurre en Guatemala con el programa Todos por Guate, cuyo objetivo es repatriar la mano de obra, mediante su inscripción en una hipotética «bolsa de trabajo», reseñó Abner Paredes, de CALDH. Pretenden convencer a casi 3 millones de personas (40 por ciento de ellas mujeres, de las cuales 60 por ciento madres) de que no migren en busca de trabajo.

No funcionan, porque las y los migrantes centroamericanas prefieren correr el riesgo de ser tratadas como criminales, pandilleras o terroristas, según ocurre desde 2001 por el atentado a las Torres Gemelas.

ACCIÓN CIUDADANA

Hay que actuar, fue otra de las conclusiones –también compartida– de las y los asistentes. Es posible, porque «asistimos al nacimiento de la articulación de espacios sociales de la sociedad civil, como parte de la construcción de la ciudadanía que se opone al nacionalismo metodológico», dijo el investigador José Carlos Luque, autor de una investigación sobre migración familia y género.

Se pueden aprovechar incluso pequeños espacios dentro de las acciones de gobierno, apuntó Luis Flores, integrante de la Organización Internacional para las Migraciones, quien ha podido trabajar satisfactoriamente en Tapachula con el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración.

O bien, emprender acciones que surjan de las propias comunidades, como los proyectos de mujeres que existen ya en ambos lados de nuestra frontera sur –zona conocida en Centroamérica como la parte más estrecha de la frontera con Estados Unidos– para hacer frente a la migración desde su país de origen o en su condición de migrantes.

De ello hablaron la organización de Mujeres de la Selva y de ARIC-Independiente, ambas de Chiapas; Luna del Sur, de Oaxaca, y las mujeres que participan en el Proyecto de Desarrollo Santiago, en Guatemala, durante este Seminario Taller Binacional Migración, Género y Derechos Humanos.

La convicción general es detener esta tragedia, este éxodo que cobra sus más altos intereses en el cuerpo y en la conciencia de millones de mujeres de México y Centroamérica.

07/GG/CV

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