La sociedad mexicana resta importancia a los delitos que afectan la vida o la calidad de vida de las mujeres, lo que dificulta el acceso de las víctimas a la justicia y las convierte en culpables por defenderse de una agresión.
Esa es la situación de Marilú Garrido Domínguez, de 16 años de edad, a quien su pretendiente Anastasio, pistola en mano, intentó subir a un vehículo para que se fuera con él. Durante el forcejeo la menor gritó: «¡ahí viene mi papá!», al voltear Anastasio ella le arrebató la pistola y le disparo en el pecho.
Temprano, el último día del año pasado, Marilú salió de su hogar rumbo a la Casa de Salud (donde trabajaba) ubicada en la comunidad de Palos Caídos, perteneciente al municipio de Zacatlán, cuando fue detenida por el hoy occiso.
Un día antes Anastasio, de 27 años de edad, intentó llevársela por la fuerza, por fortuna el hecho no se consumó por la llegada de una persona. La acosaba desde dos años atrás pues pretendía establecer una relación sentimental con la joven estudiante de bachillerato.
Según la averiguación previa 768/2003/ radicada en Zacatlán, Puebla, la menor cayó en diversas contradicciones al momento de ser interrogada por las autoridades y no está plenamente justificada la legítima defensa.
Marilú está detenida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de esa localidad, acusada de homicidio, pues el . Artículo 2 de la Ley de Consejo Tutelar para Menores Infractores del estado de Puebla, del 14 de julio de 1994, establece que cuando hay una denuncia penal en contra de los y las adolescentes de 16 años, tienen que ser recluidos.
EL ASUNTO TRASCIENDE
Entrevistada por cimacnoticias, la directora del Instituto Poblano de la Mujer (IPM), Claudia Hernández Medina, señaló que personalmente ha entrado en contacto con Marilú, «fui a visitarla al Cereso. Hasta ahora, lo que ella manifiesta, es que defendió su vida».
Como institución estamos participando y sobre todo por ser una parte coadyuvante con su defensa para verificar que el proceso se lleve adecuadamente y con apego a la ley, con justicia en este caso, agregó.
Para la funcionaria es necesario que las mujeres conozcan y ejercen plenamente sus derechos. En ese sentido, el instituto entra para acompañarla, que se sienta apoyada y para darle aliento como ser humano, como mujer.
También, abundó, nuestro servicio jurídico está muy pendiente de que todo el proceso se lleve conforme a la ley, «además de poder incluso revisar la jurisprudencia y se pueda coadyuvar con la defensa»
Aclaró que el IPM es una instancia de poder ejecutivo del estado, que al ver una situación de este tipo se solidariza con Marilú Garrido y en este caso además trabajar la parte de apoyo sicológico, si ella así lo permite.
Hernández Medina, recordó que al visitar a Marilú, ella manifiesto que fue amenazada en varias ocasiones, por Anastacio por varios años, quien le repetía «serás mía, viva o muerta».
Marilú, expresó la funcionaria, representa a las jóvenes contemporáneas, es de la comunidad de Palos Caídos, junta auxiliar del municipio de Zacatlán, que está en la parte norte del estado, en la sierra. Ella trabajaba en la Casa de Salud, donde las personas del lugar se hacen cargo de su funcionamiento.
Señaló que Marilú, es la menor de siete hermanos, cuando ocurrió el hecho tenía 16 años, apenas el 9 de enero de este año, ya estando en el Cereso, cumplió 17 años. Ella es una chica con sueños, normal y estudiaba el bachillerato.
UN CASO SIMILAR
El 3 de febrero de 1996, Claudia Rodríguez, después de defenderse con toda su fuerza física, disparó en una sola ocasión en contra del hombre que intentaba violarla. Hora y media después las autoridades del metro, donde ocurrieron los hechos, llamaron a los servicios médicos, fue demasiado tarde y Juan Manuel Cabrera murió. Ella fue procesada por el delito de homicidio.
Un año después, el juez primero penal de primera instancia en el Distrito Judicial de Texcoco, Carlos Cruz Preciado le notificó la sentencia: «penalmente responsable por la comisión del delito de homicidio con exceso en la legítima defensa…privativa de la libertad de un año seis meses de prisión y 55 días de salario mínimo por concepto de multa».
Según el juzgador Claudia pudo haber rechazado al ataque de una forma menos grave, más racional. «La legítima defensa pura y simple se da cuando la víctima se defiende de un ataque violento y real usando un medio más racional.
COMPROMISOS
La titular del IPM, reveló que el compromiso del gobierno de la entidad, es que las mujeres y hombres poblanos disfruten de una convivencia armónica, donde las leyes y normas regulen, efectivamente, las relaciones entre los integrantes de la sociedad.
Señaló que a través de la institución a su cargo, ha formulado e impulsado instrumentos que buscan igualar las oportunidades, condiciones, acceso y disfrute de los derechos entre hombres y mujeres.
Además, el instituto está buscando establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los distintos poderes del estado, de difusión, orientación y asesoría sobre los derechos de las mujeres y las formas de conocerlos y ejercerlos así como la canalización de estos, con el propósito de que toda la población femenina ejerza y conozca plenamente sus derechos.
En torno al caso de Marilú, reiteró, el instituto esta al pendiente estamos en contacto con la familia y el abogado para determinar la forma en que apoyarán a la menor. «Si hubiera algún tipo de fianza, bueno veríamos también la forma de poder ayudarla».
En un momento, concluyó, si se requiere convocar a diversas instituciones como el DIF estatal, la Asociación de Abogadas, la Procuraduría del Ciudadano, «en fin todas aquellas instancias que puedan tener una relación con el caso, podríamos integrar un Consejo de Atención para darle seguimiento».
RG/MEL
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