Las mujeres, las niñas y los niños son la parte de la población más afectada por el crecimiento en la militarización, no sólo por la violencia física directa que se ejerce sobre ellas sino por las consecuencias que siguen a la guerra, en especial por la agudización de la miseria en que viven.
Esta es una de las conclusiones obtenidas durante una reunión de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (Cada), organizada para compartir información sobre los avances de la militarización y la criminalización de los movimientos sociales en el Continente Americano, y realizada en el marco del VII Encuentro Hemisférico de Lucha contra los Tratados de Libre Comercio (TLC), que inició el 7 de abril y concluye mañana en la ciudad de La Habana, Cuba.
De acuerdo con un texto de Gerardo Cerdas Vega, difundido por Minga Informativa de Movimientos Sociales, la reunión se realizó también para coordinar aspectos políticos y organizativos de cara al II Encuentro Hemisférico contra la Militarización, a celebrarse en octubre próximo en Honduras.
Las organizaciones que participaron de este espacio, relata Cerdas Vega, constataron que la estrategia guerrerista puesta en marcha por los Estados Unidos, después del ataque de las Torres Gemelas en septiembre de 2001, ha llevado a un aumento de la militarización y de la criminalización de los movimientos sociales en países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, Haití, entre otros.
Asimismo, se ha intensificado el trabajo de inteligencia norteamericana en toda la región, combinado con estrategias tendientes a desarticular la justa resistencia popular frente al genocidio neoliberal.
Como ejemplo de lo anterior, se señaló que en México hay una guerra abierta contra todos pueblos indios, no sólo contra los zapatistas.
En el caso de Chiapas, hay un proceso de militarización que abarca zonas zapatistas pero va más allá, se está creando confrontación entre las mismas comunidades para facilitar la apropiación de las tierras para luego desarrollar proyectos «ecoturísticos», para dividir a las comunidades y arrebatarles sus recursos, denunciaron.
Esta guerra económica es parte del avance del Plan Puebla Panamá, que está permitiendo a las grandes corporaciones y a los gobiernos tener control sobre extensos territorios ricos en diversidad biológica y cultural.
CENTRO Y SUDAMÉRICA
En Honduras, en regiones indígenas y campesinas empobrecidas, con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se están desarrollando «proyectos productivos», consistentes en entregar a las organizaciones o familias montos de hasta 30 mil dólares, a cambio de que esas organizaciones se comprometan a apoyar la «lucha contra el terrorismo» del gobierno de los Estados Unidos.
En Costa Rica, por otra parte, el Comando Sur del ejército norteamericano anunció en febrero anterior que, para el 2010, cuadruplicará su presupuesto de operaciones en el país, en una clara provocación a los gobiernos venezolano y ecuatoriano pues desde aguas costarricenses es muy fácil preparar y lanzar ataques potenciales contra ambos países, dice Gerardo Cerdas.
Asimismo, esto lleva a un mayor control sobre los movimientos sociales, a los que ya se ha acusado de tener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El caso de Ecuador es asimismo grave frente a la decisión del gobierno de Correa de no renovar el contrato para el funcionamiento de la base militar de Manta.
HAITÍ, EMERGENCIA TOTAL
Pero el caso más grave en la coyuntura actual es el de Haití, considera Gerardo Cerdas, país que ha sido tomado por una fuerza militar combinada de la ONU, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah), integrada por soldados de países latinoamericanos como Guatemala, El Salvador, Uruguay y Brasil. Desde hace una semana, se ha producido un alzamiento popular. La situación en Haití es de emergencia total, advierte.
La sublevación, que comenzó el viernes pasado, ya lleva 5 muertos y varios heridos, incluidos periodistas extranjeros. El levantamiento es contra el alza de precios y contra la Minustah.
Hay bien documentados 114 casos de violaciones, por lo menos, y la población vive aterrorizada.
Se está llevando a la población a la desesperación total y en ello los gobiernos latinoamericanos que mantienen tropas en el país son –acusa el texto– corresponsables directos de la violencia sobre nuestros hermanos y hermanas, que demandan alimento, agua, vida digna y paz.
MILITARIZACIÓN, NEOLIBERALISMO Y POBREZA
No podemos ver el crecimiento en la militarización y criminalización de los movimientos de forma aislada, explica Cerda. El crecimiento de los presupuestos militares y policíacos, así como de la acción de las fuerzas militar y policial, va de la mano con la expansión del neoliberalismo en toda la región, que se está llevando a cabo sobre una cada vez mayor apropiación y explotación no sólo de la fuerza de trabajo, sino de recursos como el agua, el bosque, la tierra, el petróleo y los minerales, entre otros.
Para ello, se recurre al desplazamiento o aniquilación de comunidades indígenas y campesinas completas, todo lo cual redunda en mayor miseria y en una agudización de los conflictos sociales.
Se trata, explica, de un cóctel explosivo cuyas consecuencias son inimaginables, pero que con toda seguridad radicalizará más todavía la lucha popular, pues se está negando a decenas de miles de personas lo más elemental para su supervivencia.
Así que la militarización es el correlato de la expansión de los grandes capitales en la región, además de ser un gran negocio para los productores y comercializadores de armas, que ven en la guerra un botín permanente, señala el texto. Los vínculos de la militarización con el narcotráfico y el paramilitarismo hacen todavía más complejo el escenario y esta complejidad sirve de excusa para todo tipo de abuso contra la población civil.
Aunque se ha insistido en los últimos meses en la inminencia de la crisis en los Estados Unidos, no debe subestimarse la capacidad militar instalada de este país en el mundo entero y en América Latina en particular, advierte. Estados Unidos cuenta con bases militares, sistemas de monitoreo y espionaje, así como con el apoyo incondicional de gobiernos como el de Álvaro Uribe en Colombia y Oscar Arias en Costa Rica, entre otros, que le permiten operar atacando a los gobiernos progresistas de la región y a los movimientos sociales que luchan por la transformación social.
Las mujeres y las niñas y niños son la parte de la población más afectada por el crecimiento en la militarización, no sólo por la violencia física directa que se ejerce sobre ellas sino por las consecuencias que siguen a la guerra, en especial por la agudización de la miseria en que viven.
ENCUENTRO CONTRA LA MILITARIZACIÓN
En este contexto, apenas dibujado aquí, se realizará en octubre próximo el II Encuentro contra la Militarización, con el objetivo de discutir entre los movimientos sociales de la región acerca de la realidad que estamos enfrentando y acordar un plan de acción común para que la lucha en cada país cuente con verdadero respaldo y acompañamiento regionales.
El II Encuentro busca dar continuidad al esfuerzo iniciado en Chiapas, en mayo del 2003, por poner el tema de la militarización en el centro de la agenda de los movimientos sociales. Se avanzará en la definición de las líneas estratégicas de acción mediante el intercambio de experiencias sobre las consecuencias y reacciones sociales, éxitos, luchas, que se dan en el continente contra la militarización.
Todo ello, con el fin de trabajar más de manera coordinada y efectiva para enfrentar los embates que se están agudizando como respuesta a la oposición que surge con la puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá y de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) –y otros procesos de integración– y sus megaproyectos y políticas bajo el saqueo neocolonial de hábitats, vidas y culturas.
Asimismo, el II Encuentro servirá para manifestar el rechazo a la ocupación militar de Estados Unidos, ante la amenaza continental y global que representa la militarización, las guerras y la represión convertida en jugoso y poderoso negocio.
Se espera que acudan al II Encuentro todos los movimientos y redes regionales que luchan por un mundo con equidad, con trabajo y justicia, donde se respete la vida en primer lugar.
Las más de 25 organizaciones convocantes hacen un llamado para que este Encuentro sea exitoso y permita a los movimientos sociales enfrentar coordinadamente las amenazas cada vez mayores que se levantan sobre nuestros pueblos y sobre aquellas organizaciones y personas que luchan por la transformación de la sociedad, concluye el texto de Gerardo Cerdas Vega.
08/GG/CV
