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Mujeres en Colombia: guerra sobre guerra

Por la Redacción

Los actores del conflicto armado en Colombia, en particular los grupos paramilitares y la guerrilla, usan la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres como una estrategia de guerra.

Esta es una de las preocupantes conclusiones de un informe elaborado por la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se hace público hoy.

Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia también revela que la discriminación contra las mujeres acentúa el impacto que la violencia tiene contra ellas, sus familias y sus comunidades.

El informe expone además la situación especialmente crítica de las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan no sólo las consecuencias de la discriminación de género, sino también aquéllas derivadas de su origen étnico o racial.

NIÑAS Y MUJERES JÓVENES VIOLENTADAS

Al hablar de la problemática del reclutamiento de niñas y jóvenes mujeres por grupos armados como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) señala que las niñas son violadas y forzadas a emplear dispositivos intrauterinos e incluso a practicarse abortos: Los líderes paramilitares mandan a buscar a niñas de entre 12 y 14 años para que residan con ellos a fin de prestar servicios sexuales y hacerse cargo de tareas domésticas.

En el curso de las investigaciones, la CIDH recibió información sobre el caso de una joven embarazada que fue asesinada como represalia por haber escapado. Su bebé fue removido de su vientre y expuesto como símbolo de desaliento para otras niñas en similar situación.

La CIDH también considera alarmante que los actores armados del conflicto arremetan contra las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, encuentran que el liderazgo ejercido por estas organizaciones representa un obstáculo que dificulta su avance en el control social y territorial, indica el informe.

Esto ha generado que las integrantes de estas organizaciones hayan sido y continúen siendo víctimas de intimidación sistemática, persecución, secuestro, tortura y abuso sexual, entre otros delitos, agrega.

Las manifestaciones de violencia derivadas del conflicto armado han conducido al desplazamiento forzado de más de dos millones de personas, con un alto porcentaje de familias con jefatura femenina (cuatro de cada diez).

El informe expone la discriminación padecida por las mujeres desplazadas, tanto por parte de los grupos armados generadores del desplazamiento como por las comunidades receptoras. La investigación constató además que al buscar justicia, las mujeres reciben un tratamiento y una respuesta inadecuada por parte del Poder Judicial.

Esto hace aumentar su temor a denunciar los crímenes padecidos, su desconfianza en la capacidad de las instancias judiciales para remediar las violaciones a sus derechos y promueve un ambiente de impunidad en donde se perpetúa el trato de las mujeres como botín de guerra por los actores armados.

SIN RESPUESTA ESTATAL INTEGRAL

Colombia se destaca por la adopción de normas y políticas públicas claves para el reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres, así como los avances jurisprudenciales impulsados por la Corte Constitucional.

Sin embargo, a pesar de estas medidas, se detecta la ausencia de una política estatal integral para dar respuesta al impacto específico del conflicto armado sobre las mujeres de manera articulada y multidisciplinaria, que aborde las necesidades específicas de las mujeres a lo largo de todo el territorio nacional.

Como señala el informe, el Estado parece carecer de una visión integral y preparación efectiva y comprensiva para abordar las consecuencias de la violencia y discriminación que el conflicto impone en las mujeres”.

El marco político existente no provee una base adecuada para la realización de programas y servicios integrales para las víctimas, que comprendan las esferas de la justicia, educación, y salud. El informe formula recomendaciones al Estado para revertir esta situación.

06/GG/CV

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