Mujeres, en la cárcel de la impunidad

Acceso a la justicia para las mujeres
    Los rostros de la violencia de género en México
Mujeres, en la cárcel de la impunidad
Por: Miriam Ruiz
Cimac | México, DF.- 29/11/2005

¿Temor al secuestro exprés? En México, los vacíos legales y la rampante impunidad atan de manos a la justicia cuando se trata de privación de la libertad de las mujeres bajo las formas de rapto, explotación sexual o, simplemente, violencia doméstica.

En caballo blanco, un charro impecable y sus amigos llegan a la casa de una joven y dulce mujer. Con unas cuantas canciones, la convencen de dejarlo todo atrás -hasta el honor de la familia-para irse con el hombre de sus sueños.

Ese es el lado idílico del rapto, delito con penas mínimas en 28 estados en tanto que se reconoce como una práctica tradicional que daña a las víctimas que pierden, bajo coerción, el bien de la humanidad más preciado: la libertad.

Las penas son minimizadas por tratarse de mujeres, reconoció Patricia Olamendi, que mucho antes de ser ex subsecretaria de Asuntos Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había trabajado más de una década por revisar la legislación penal sobre violencia de género.

Recordó que "se supone que en México una forma de relacionarte con fines de matrimonio es llevarse a la mujer, aunque en la realidad se trate de un rapto. Sin embargo, en el país aminoramos la pena, la hacemos chiquita si se trata de mujeres".

Y agregó: "si no es con ese fin (de matrimonio), por supuesto que es secuestro, y no es lo mismo imponer de seis meses a 40 años de prisión -como en el Estado de México- que nunca llegar a la cárcel si te casas con la víctima para reparar el daño".

De ello podría dar testimonio el señor Trini, ya libre en Linares, Nuevo León, luego de purgar una sentencia de tres años bajo acusación de rapto y violación; una historia cualquiera si no fuera porque los jueces y el abogado de la agraviada le dieron la opción de casarse con ella y salir libre.

TRABAJO FORZADO, SEXO Y TRATA

"Sólo hay que empezar a rastrear los casos y aparecen. Por ahí están. Aunque nadie los denuncie oficialmente, por ahí están", señala Rosember López, responsable de la asociación civil chiapaneca Una Mano Amiga.

Como parte de un proyecto de prevención de VIH en la zona de tolerancia y en la comunidad gay de Tapachula, esta ONG organizó en junio y agosto pasado capacitaciones para trabajadoras sexuales en la ciudad de Mazatán, con 70 mil habitantes y 30 bares o cantinas. En el camino, 10 de ellas se reconocieron como víctimas de trabajo forzado, explotación y trata.

Los testimonios reportaron varias coincidencias: llegaban seguras de que había empleo como meseras o despachando en una taquería, restaurante o lonchería, o en el servicio doméstico; al llegar al lugar se encontraban que los negocios eran bares o cantinas; a partir de ahí, las encerraban, muchas veces sin alimentos o con escasa comida. Los dueños o dueñas las obligaban a tener sexo con los clientes del negocio; si se negaban o se "ponían difíciles", las hostigaban con amenazas y, a veces, con golpes.

También reportaron que alguien se encargaba de viajar a Guatemala y establecer el contacto con otra persona que en sus pueblos o comunidades hablaba con sus familiares o con ellas, ofreciéndoles trabajo en Chiapas.

Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) trataron de rescatarlas, pero ocho desaparecieron. Y apenas es la punta del iceberg.

EL RESCATE Y SUS LIMITANTES

Algo se hizo por las dos restantes. Una, originaria de Guatemala, de rasgos indígenas y mal español, expresó a la ONG que donde trabajaba la dejaban encerrada, sufría maltrato y era obligada por la dueña a "fichar" y ella le entregaba una cuenta mensual; continuamente le retenían el pago y nunca se lo entregaron completo.

En coordinación -OIM, consulado de Guatemala e Instituto Nacional de Migración (INM)- la localizaron, fueron por ella y la regresaron a su comunidad.

La segunda era hondureña, menor de edad. Cuando la buscaron, el dueño del bar aseguró entre gritos y amenazas que ella no era extranjera, sino su hija. A pesar de todo, la rescataron mediante la colaboración del consulado de Honduras y la OIM.

Una limitante, señaló Una Mano Amiga, es que la trata de personas en Chiapas no está tipificada como un delito, sólo el lenocinio. Por este motivo no es posible detener a los tratantes; únicamente, en algunos casos, rescatar y proteger a las víctimas, quienes muchas veces ya no quieren regresar a sus comunidades, donde les espera una situación de extrema pobreza y sin apoyo para obtener un empleo.

Esa es una parte de la realidad de por lo menos un millón 320 mil personas que realizan trabajo forzoso en América Latina, de acuerdo con un estudio publicado en 2005 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Estimado mínimo de trabajo forzado de la OIT explicita que son mujeres o niñas 56 por ciento de las víctimas de explotación económica -un mínimo de 994 mil personas en América Latina- y 98 por ciento de las víctimas de explotación sexual: por lo menos 115 mil en la región.

CADENA PERPETUA

Diana Pardo de la Rosa forma parte del grupo de mujeres que han padecido el maltrato psicológico severo de sus parejas sin que el sistema judicial haya podido estar a la altura de la situación. Y es que en México, del 46.6 por ciento de las mujeres que padecen algún tipo de violencia.

Según la Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres (ENDIREH), un 38.45 por ciento sufría maltrato emocional, seguido por el económico (29.3 por ciento), físico (9.3 por ciento) y finalmente el sexual (7.8 por ciento).

El desconocimiento de las leyes que penalizan la violencia psicológica en casa fue la causa por la que Diana Pardo soportó durante 13 años las constantes medidas de control, descalificaciones e infidelidades de su marido, hasta que finalmente decidió acudir, en el año 2003, al Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón (CAM).

La organización civil presentó una demanda de divorcio por la causal de violencia familiar, ofreciendo como pruebas ante el juez de primera instancia de lo familiar las valoraciones psicológicas realizadas a Pardo, a su esposo, a la hija y al hijo de ambos, en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Rocío Corral, directora del CAM, define los acontecimientos sucesivos como "absurdos". Aunque el juez le otorgó a Pardo el divorcio y la guarda y custodia de su hija e hijo, desde la organización apelaron la sentencia porque "obligaba a Diana a tomar terapias individuales y familiares junto con el agresor en el hospital psiquiátrico Fray Bernardino de Sahagún".

Para sorpresa de Corral y de Diana Pardo, mediante sentencia con fecha del 27 de septiembre de 2005, la segunda sala de lo familiar -integrada por las magistradas Carmen Aída Bremauntz y María Magdalena Díaz Román, y el magistrado Óscar Gregorio- resolvió que las pruebas psicológicas eran insuficientes.

"La violencia familiar es todo un estilo de vida constituido", señalaron, afirmando también que "es igualmente culpable y responsable el cónyuge que permite al otro generar conductas de violencia familiar".

Además, resolvieron que el matrimonio permanecía vigente y que, en consecuencia, los cónyuges y los hijos debían continuar en el domicilio conyugal. Diana Pardo, azorada todavía, espera una rectificación de esta sentencia a cadena perpetua.

05/GV/CV/ER/MR