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Mujeres, especialmente vulnerables a la trata de personas: ONU

Por Silvia Magally

La relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, sostuvo aquí que las mujeres son especialmente vulnerables a caer en manos de redes criminales de trata de personas que las obligan a trabajar en la industria del sexo o como empleadas domésticas en condiciones de esclavitud.

En el segundo día de trabajos de la Conferencia Hemisférica sobre Migración Internacional, Derechos Humanos y Trata de Personas en las Américas, la relatora especial expuso su preocupación por que en algunos países de la región el negocio de la trata de personas queda impune y se ve favorecido por la participación y corrupción de servidores públicos.

En el foro organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señaló que muchas naciones otorgan visas especiales a mujeres contratadas en el extranjero para trabajar como “animadoras o artistas”, lo que favorece la prostitución.

Explicó que la trata de personas conlleva prácticas como la servidumbre por deuda, el trabajo forzoso en condiciones de esclavitud, así como la explotación, que constituyen violaciones a los derechos humanos.

Ante representantes de organizaciones intergubernamentales, civiles y de gobiernos de la región, la funcionaria de Naciones Unidas expuso que las víctimas de la trata se sienten atrapadas entre las amenazas de sus explotadores y su condición irregular en el país receptor, por lo que no se atreven a denunciar los abusos a los que están sometidas.

Frente a la alta vulnerabilidad de las y los migrantes a la trata y su temor a denunciar, consideró indispensable adoptar medidas que garanticen que no serán penalizados por su entrada ilegal en el país y sean adecuadamente protegidos contra las posibles represalias por parte de las redes criminales involucradas.

Dijo que en virtud del principio universalmente reconocido de la no discriminación, los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad y condición migratoria.

Igualmente planteó que a pesar de la escasez de recursos de las embajadas y consulados, es imprescindible proporcionar ayuda adecuada a sus connacionales, de tal forma que en el caso de aquellos hombres y mujeres migrantes que son privados de su libertad cuenten con asistencia legal, acompañamiento en situaciones de accidente o problemas de salud, garantizándoles entre otras cosas asistencia médica.

       
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