Mujeres indígenas originarias de los municipios de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, El Estor, Izabal y San Juan Sacatepéquez, Guatemala reiteraron sus denuncias por violaciones a los derechos humanos que han sufrido, a causa de la instalación de mineras en sus regiones, como la criminalización de lideresas y abusos sexuales.
Identificamos que tales violaciones se producen como consecuencia de órdenes de desalojo, de Estados de Prevención, como el caso de San Juan Sacatépequez y de la incursión de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército en nuestras comunidades ordenadas por el gobierno y las empresas, señalaron en un comunicado difundido por la entidad Derechos en Acción.
En estas comunidades se ha criminalizado la lucha y resistencia ante los proyectos mineros, a través de órdenes de captura, procesos penales, sentencias condenatorias en contra de hombres y mujeres, según la información.
Uno de los casos mencionados es el de Gregoria Crisanta Pérez, de Ixtahuacán, San Marcos, contra quien la minera Goldcorp ha levantado cargos criminales, junto a otros comunitarios, por oponerse a la extracción de oro en su municipio.
Según las lideresas, casos como el de Crisanta Pérez ilustran cómo mujeres indefensas son utilizadas para sentar precedentes y enviar mensajes para atemorizar a las mujeres que luchan en defensa de sus derechos ante las transnacionales.
Mujeres de las comunidades qeqchíes de Izabal denunciaron a su vez que miembros de la PNC han abusado sexualmente a las mujeres de las comunidades de La Paz, La Revolución, Lote 8, Lote 9 y Barrio La Unión, en los desalojos promovidos por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Las afectadas condenaron al Estado guatemalteco por la indefensión en que ha dejado a las mujeres, particularmente las indígenas y llamaron a las organizaciones que defienden los derechos de este sector a unirse en su resistencia hacia las políticas y proyectos que atentan contra la vida.
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