Las mujeres que cruzan sin documentos la frontera entre Arizona y México son, en su mayoría, mexicanas, seguidas de guatemaltecas y hondureñas. Sólo que ahora son casos de mujeres jóvenes que son el único sostén económico de sus familias.
Anna Ochoa Leary, profesora e investigadora del Departamento de Estudios México-Americanos de la Universidad de Arizona (UA) en Tucson, informó lo anterior a la agencia de noticias EFE, al tiempo de agregar que «por muchos años hemos visto cómo se ha incrementado el cruce de mujeres indocumentadas a través de la frontera de Arizona, pero esta vez estamos viendo más casos de mujeres que son el sostén económico de sus familias».
La investigadora basa sus conclusiones en 105 entrevistas que realizó entre mujeres en el albergue San Juan Bosco para inmigrantes indocumentados en la ciudad fronteriza de Nogales, en Sonora, México, entre septiembre de 2006 y julio de 2007.
«Estamos hablando de mujeres relativamente jóvenes que están cruzando la frontera, entre los 25 y 35 años de edad», dijo O´Leary.
Más del 95 por ciento de las mujeres que entrevistó la investigadora eran mexicanas, el resto, de países centroamericanos como Guatemala y Honduras. «Muchas mujeres vienen ahora solas, quizás acompañadas de sus familiares, pero sin esposos. Tampoco vienen con el fin de reunirse con su esposo en los Estados Unidos, sino que vienen a trabajar, porque muchas veces son la única fuente de ingresos de sus familias», explicó O’Leary.
Las entrevistadas coincidieron en destacar lo difícil que es cruzar la frontera debido al incremento de la seguridad en la región fronteriza, por lo que las inmigrantes se ven forzadas a caminar distancias más largas.
«Ellas no están preparadas. Las mujeres piensan que recorrerán el camino en dos días, pero terminan caminando tres o cuatro o hasta más. Los coyotes les están mintiendo para que se animen a hacer el recorrido», sostuvo.
DETENCIONES EN CAROLINA DEL SUR
Por otra parte, agentes federales del Departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles), arrestaron el martes pasado a unos 300 trabajadores de una granja avícola, en el estado de Carolina del Sur.
Tras extensos interrogatorios, 58 de los trabajadores detenidos fueron liberados por razones humanitarias, pero deberán presentarse ante un juez de inmigración, quien decidirá su futuro en Estados Unidos.
De acuerdo con el diario local The Greenville News, los trabajadores de la planta salieron corriendo hacia las puertas poco antes del cambio de turnos en la mañana, pero los agentes federales cercaron las salidas y ordenaron a los empleados que se congregaran en la cafetería.
Algunos testigos indicaron que «los agentes ordenaron a los ciudadanos de Estados Unidos que se pusieran a un lado, y a los que no son ciudadanos que fueran a otro lado, añadió el rotativo.
Univisión, por su parte, dice que la Fiscalía de Distrito señaló que los arrestos se llevaron a cabo tras el cumplimiento de una orden de allanamiento.
Kevin McDonald, fiscal asistente, dijo a la prensa local que el allanamiento se llevó a cabo en la planta Raeford’s Columbia Farms, en la ciudad de Greeneville, situada a unos 100 kilómetros al suroeste de Charlotte.
McDonald detalló que las autoridades de inmigración del DHS entrevistaron a los trabajadores arrestados para determinar quiénes son residentes con permiso de trabajo en Estados Unidos, y quiénes se encuentran indocumentados.
Según dijo la fiscalía, los agentes federales pidieron a los trabajadores de Raeford’s que anotaran sus nombres y otros datos. A los que fueron puestos en libertad se les colocaron pulseras azules en sus muñecas.
Walt Wilkins, fiscal de Distrito, dijo que los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) –una de las 23 agencias que integran el DHS– buscaban información y pruebas de la contratación ilegal de trabajadores en la planta avícola.
McDonald refirió que la orden de allanamiento resultó de una investigación de la planta avícola que ya incluyó otros arrestos.
Wilkins añadió que en la investigación han participado 450 agentes durante diez meses. El ICE estableció el número telefónico 1(866) 341-3858 para que los familiares tengan información sobre sus seres queridos arrestados durante la redada.
La fiscalía dijo que mantendrá en custodia a aquellos trabajadores que utilizaron documentación de otras personas, tengan historial criminal y hayan sido deportados anteriormente.
La operación de hoy es el último paso de una investigación criminal que involucra el empleo de ilegales. ICE esta atacando a empleadores que prometen trabajo a ilegales y eso no lo vamos a permitir, resaltó Wilkins.
08/LPB/VR/GG
