La comisión de esposas de los 5 presos de la organización de pueblos indígenas Me´phaa (OPIM), Reyna Soto, Eusebia Villa, Fortina Cruz, María Ortega y Celestina Remigio, se reunieron el pasado 13 de mayo con representantes de ocho distintas embajadas acreditadas en México, a quienes solicitaron su intervención ante el Gobierno mexicano para que liberen a sus esposos y cese la militarización en La Montaña de Guerrero.
Durante el encuentro, sobre el cual aún no se han manifestado oficialmente las embajadas y que se concretó a través de las Brigadas de Paz Internacional y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, las mujeres expusieron el acoso que viven por la intensa militarización que se ha desatado en la zona Me´phaa para desmantelar a la OPIM, informó Tlachinollan a Cimacnoticias.
La OPIM se ha destacado en la defensa de los derechos colectivos del pueblo tlapaneco, señaló el asesor jurídico de los detenidos y abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra. Por ejemplo, su denuncia por la esterilización forzada de 14 indígenas de la comunidad El Camalote y su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación sexual de la indígenas Valentina e Inés perpetrada por soldados del Ejército Mexicano.
Detalla un comunicado del Centro Tlachinollan que las cinco mujeres indígenas afirman estar convencidas de que, como no pudieron culpar a sus esposos por la emboscada en que murieron 4 policías municipales y un pagador de Telecomm-telégrafos que entregarían recursos del programa federal Oportunidades, ahora les fabrican pruebas para encarcelarlos por el crimen de Alejandro Feliciano, señalado como informante del Ejército.
Señala el abogado Rosales Sierra que las mujeres le hicieron saber sobre el clima de hostigamiento que están viviendo sus hijos en la escuela primaria de El Camalote, pues son presionados y se han convertido en objeto de burla por parte de los maestros que son familiares de quienes acusan a sus esposos por el homicidio de Alejandro Feliciano.
PUNTO DE ACUERDO
Ante la situación que viven tanto los presos como sus familias, diputados federales de Guerrero presentaron ayer, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo en el que se exige su libertad inmediata por no haber pruebas en su contra.
La presentación de este punto de acuerdo pudo ser posible, indica el comunicado de Tlachinollan, por la visita realizada por la visita que realizaron legisladores, el pasado lunes 12 de mayo.
Ahí, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados federal, Marcos Matías Alonso; el secretario de la Comisión de Educación y diputados por el Distrito 08 con sede en Ayutla de los Libres, Odilón Romero, y el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cuauhtémoc Sandoval, visitaron a los cinco indígenas presos y a sus esposas, con quienes acordaron que propondrían el punto de acuerdo el 14 de mayo.
El punto de acuerdo que se presentó ante el Senado, destaca el comunicado de Tlachinollan, menciona que varios líderes de la OPIM, como su secretaría técnica, Obtilia Eugenio Manuel, e integrantes como Inés Fernández y su esposo Fortunato Prisciliano cuentan con las medidas cautelares 6/05 que la CIDH pidió al Gobierno mexicano, porque corre peligro su vida e integridad.
También se hace referencia a los Acciones Urgentes que ha emitido por estos casos la prestigiosa organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
Aunque el escrito se turnó a Comisiones, esperan que el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, y el juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla, Alfredo Sánchez Sánchez, tomen en cuenta esta acción para hacer justicia a los indígenas presos y se reconsidere la militarización excesiva en la región Me´phaa, para que sean las autoridades civiles las que se encarguen de la investigación y no los soldados.
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