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Mujeres migrantes: entre la violencia y el abandono

Por Claudia Ocaranza Abascal
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Ser mujer, pobre y además migrante sin documentos es el peor de los mundos posibles.
 
Víctimas de explotación laboral, sexual, violaciones, secuestros, acoso, estigmas y maltratos de todo tipo, las mujeres migrantes en tránsito por México en dirección hacia Estados Unidos están en el desamparo ante la carencia de políticas públicas que protejan sus Derechos Humanos (DH).
 
Ése fue el sentir generalizado de las y los ponentes en el simposio internacional “Feminización de las migraciones y Derechos Humanos”, que se realizó del 12 al 14 de febrero en esta ciudad.
 
Además del análisis con datos duros y testimonios de la lacerante realidad que padecen miles de mujeres migrantes, especialistas convocadas por el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y la organización civil Salud Integral para la Mujer (Sipam), exigieron al Poder Legislativo compromisos puntuales para impulsar reformas y acciones concretas a favor de las migrantes.
 
Aunque no hay cifras exactas sobre cuántas mujeres están involucradas en la migración, las y los expertos de México, España y Estados Unidos estimaron a partir de datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que de los 214 millones de personas migrantes en 2010, la mitad son mujeres.
 
Sin embargo, la migración femenina en América Latina (AL) y el Caribe está por arriba de la media mundial, dijo María Eugenia Zavala de Cosío, investigadora del Colegio de México, con base en cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
 
Apuntó que en promedio las mujeres representan el 50 por ciento de la población migrante, pero en AL la proporción alcanza el 52 por ciento.
 
Y a pesar de ser mayoría, las mujeres migrantes son “invisibles” para los gobiernos.
 
En el simposio se informó que en el caso de México, las mujeres migrantes, en su mayoría centroamericanas, representan el 16.43 por ciento del total de población en esa condición.
 
Del total de mujeres, 16 por ciento son menores de 18 años, 82 por ciento tienen entre 18 y 45, y 2 por ciento son mayores de 46 años. La edad mayoritaria de estas migrantes va de los 18 a los 29 años, es decir en plena etapa reproductiva y aptas para ingresar al mercado laboral.
 
NUEVA REALIDAD SOCIAL
 
María José Guerra Palmero, académica de la Universidad de la Laguna, en Tenerife, España, explicó que a toda esta realidad se añade el ingrediente de que las mujeres migrantes están más expuestas que los hombres a la explotación laboral y sexual.
 
Otras expertas advirtieron que no sólo las mujeres se modifican como individuos cuando migran, sino que también las relaciones familiares y de integración se reestructuran, y con ellas las respuestas sociales y políticas en los países de origen, destino y tránsito de la migración.
 
Así, las mujeres migrantes son estigmatizadas como “abandonadoras” de sus hogares por buscar en otros países más ingresos en beneficio de sus familias.
 
Además son mal vistas por sus familiares al emplearse en labores de limpieza de oficinas o casas, trabajos que son más comunes entre las hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas en México y EU.
 
En nuestro país, precisaron las panelistas, las migrantes centroamericanas son empleadas en bares, cantinas y como trabajadoras del hogar en localidades del corredor fronterizo con Guatemala.
 
Ahí, ellas suelen quedarse para reunir dinero y continuar hacia EU o trabajar sólo unos meses y regresar a Centroamérica con más ingresos.
 
VIOLACIONES, PAN DE CADA DÍA
 
Seis de cada 10 mujeres centroamericanas en su paso por México son víctimas de violación sexual, denunciaron las académicas y defensoras de DH, con base en reportes de Amnistía Internacional.
 
Alertaron que la violencia sexual contra las migrantes se ha “normalizado”, y acusaron la falta de políticas y programas tanto en los países de origen como en México, que permita a las mujeres denunciar y acceder a la justicia.
 
La experta en violencia de género Andrea Medina Rosas observó que en los pocos casos en los que las centroamericanas se animan a denunciar un abuso sexual “es difícil” que se logre una sentencia, ya que las mujeres abandonan el sitio donde levantaron la demanda y las autoridades ya no le dan seguimiento.
 
Ante la falta de acciones en materia de justicia para las migrantes, las organizaciones civiles Sin Fronteras e Incide Social presentaron durante el simposio el “Modelo para atender a migrantes violentadas”, a fin de que sea una herramienta para los albergues gestionados por grupos ciudadanos y religiosos, y para que las mujeres denuncien una violación sexual, además de recibir atención psicológica y para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS).
 
Al respecto, Axela Romero Cárdenas, directora de Sipam, urgió a que se incluya en la agenda de atención a las migrantes el riesgo que viven todos los días frente a una violación, la transmisión del VIH/Sida, y los embarazos no deseados. 
 
COMPROMISOS
 
Al final del simposio, que tuvo como sedes a la UNAM y el Senado, legisladoras federales, académicas y activistas firmaron la “Declaración por los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes”.
 
El objetivo es establecer un marco de acción que comprometa al gobierno y a la ciudadanía a respetar y promover los derechos de ese grupo poblacional, destacó María Enriqueta Cepeda Ruiz, integrante de Incide Social.
 
El acceso a la justicia, el derecho a servicios de salud públicos y la protección contra la violencia sexual, psicológica y emocional, a favor de las mujeres migrantes, son parte de los 10 compromisos asumidos por el Poder Legislativo.
 
Ana Luisa Liguori, representante de la Fundación Ford para México y Centroamérica, apuntó que la sociedad civil debe estar vigilante de que los acuerdos firmados se cumplan. 
 
La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado, Ana Gabriela Guevara, reiteró que desde el Legislativo se garantizará que los compromisos “no se queden en la letra”, y se construyan políticas y programas para proteger a las migrantes.
 
En la firma de la declaración también estuvieron presentes la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Amalia García, e integrantes de las comisiones de Asuntos Frontera Norte y contra la Trata de Personas del Senado.
 
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