La garantía de los derechos a una vida libre de violencia, a la salud, y a los derechos sexuales y reproductivos fueron una constante demanda durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Esta fecha remite a importantes luchas impulsadas por el movimiento de mujeres para posicionar sus derechos en la agenda pública nacional y global.
En 1994 la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo ?realizada en El Cairo? reconoció el papel central que tiene la sexualidad y la equidad, en las relaciones entre mujeres y hombres con relación a la salud.
No obstante, a casi dos décadas de estas demandas, el contexto continúa marcado por la desvalorización de la vida de las mujeres, la impunidad, la represión y las asimetrías en el acceso a los recursos y la toma de decisiones entre mujeres y hombres.
Diversas organizaciones de mujeres insistieron en estas reivindicaciones durante la realización de caminatas, actividades artísticas, políticas y culturales ?tanto en los centros urbanos como rurales de todo Guatemala?, dirigiéndose al Estado para que cumpla con las obligaciones que ha adquirido como signatario de instrumentos internacionales a favor de los Derechos Humanos de las mujeres.
Considerando que la sociedad guatemalteca está marcada por 36 años de conflicto armado interno, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg) demandó "justicia ante el genocidio, impuesto como política de Estado, para aniquilar toda posibilidad de transformación social. Esta política implicó la violencia sexual como arma de guerra, en forma masiva y sistemática, particularmente en contra de mujeres indígenas, dejando como resultado uno de los capítulos más graves de violencia contra las mujeres en la historia del país."
Las académicas feministas integrantes de la Comisión Universitaria de la Mujer (Cumusac) señalaron como una de las principales manifestaciones de la violencia el aumento del abuso, acoso y violencia sexual que afectan la dignidad, la salud y los cuerpos de las mujeres. Particularmente condenaron la recurrencia de esos casos en el campus central de la única universidad estatal.
La Organización de Mujeres Tierra Viva exigió que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos debe ser garantizado en las políticas públicas nacionales; el reconocimiento y ejercicio pleno a los derechos sexuales y reproductivos, y la implementación oportuna y eficaz a las políticas relacionadas con la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Recalcaron la necesidad de "un Estado laico y libre de fundamentalismos, ya que estos atentan contra la vida de las mujeres y las decisiones sobre sus cuerpos, su libertad y autonomía."
La Coordinadora 8 de marzo, integrada por más de 50 organizaciones de mujeres de diversas identidades étnicas y sexuales, recordaron al nuevo gobierno que "la Política de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (debe ser) el instrumento de planificación a nivel de todos los ministerios del Ejecutivo".
La Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila (Atrahdom) demandó al Ministro de Trabajo y Previsión Social retomar el diálogo sobre las reformas al artículo 139 del Código de Trabajo, para que se legitime el trabajo de las mujeres en el campo cuando laboran en grupos familiares. Y que la política laboral del agro considere la protección a la maternidad de las trabajadoras rurales.
Valiéndose del grafitti con la leyenda "no más acoso de los policías", trabajadoras sexuales de la ciudad capital demandaron respeto de parte de las autoridades de seguridad.
Desde las organizaciones juveniles del país, aglutinadas en la Asamblea Nacional de Jóvenes de Guatemala (ANJG), se lanzó el reclamo por la pronta aprobación de la iniciativa 3896 Ley Nacional de la Juventud, que incluye medidas relacionadas con los derechos específicos de las mujeres adolescentes y jóvenes.
Además exigieron una vida libre de violencia para niñas, adolescentes y jóvenes, a través del cumplimiento efectivo de las leyes Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer; Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, y de Promoción Integral para el Desarrollo de las Mujeres.
En tanto, mujeres indígenas de diversas comunidades de Huehuetenango y la montaña de Xalapán, Jalapa, al occidente y nororiente del país respectivamente, denunciaban los riesgos a su salud y su integridad que están viviendo, derivado de las respuestas represivas de las fuerzas de seguridad pública y guardias de seguridad privada, por oponerse a la instalación de proyectos hidroeléctricos y mineros de empresas transnacionales en sus territorios ancestrales.
Al norte de Guatemala, la Alianza de Mujeres Maya Q?eqchi? y la Asociación de Mujeres de Petén Ixqik pidieron a las autoridades locales dar cumplimiento a las agendas políticas de las mujeres construidas colectivamente, para dar respuesta a sus necesidades en participación ciudadana y política, desarrollo económico, acceso a la salud, acceso a la educación, vivir sin violencia y acceso a la justicia.
En diversos idiomas, con la presencia de rostros de todas las edades, con el colorido y la fuerza de las luchas de las guatemaltecas de todas las identidades y condiciones, este 8 de marzo la consigna que las convocó e hizo converger agendas e intereses sigue siendo: Exigir al Estado garantías para que se respeten la integridad, la salud y la vida de las mujeres.
*Corresponsal en Guatemala.
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