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Mujeres reclaman falta de solución por derrame en río Sonora

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Esta vez alzaron su voz las mujeres de los pueblos del río Sonora, contaminado con metales pesados desde el pasado 6 de agosto por la minera Buenavista de Grupo México.
 
En asamblea popular realizada en este municipio sonorense afectado por el derrame tóxico, las mujeres destacaron como convocantes, oradoras y líderes que llamaron a otras mujeres a organizarse, pues son ellas las más afectadas por la contaminación del agua, expusieron.
 
“Nadie está viendo la situación emocional”, dijo en entrevista Beatriz Adriana Lugo Nieblas, maestra de educación especial en el preescolar de Aconchi, pueblo ubicado a 146 kilómetros de Hermosillo, capital del estado.
 
La situación es dramática porque no hay confianza en que las autoridades digan la verdad, por el contrario hay incertidumbre sobre lo que pasará más adelante con la salud de la población. Lejos de los apoyos económicos, más les preocupa a estas mujeres si va a ser posible seguir viviendo en sus comunidades.
 
Tres hijos y 12 años radicando en Aconchi con su esposo ganadero la hacen sentirse parte de la comunidad. Su más grande preocupación es la falta de información, nadie sabe cómo se encuentran los pozos; sólo se enteran a través de los medios de comunicación, las redes sociales y de boca en boca.
 
Hay mucho miedo de qué pasará con sus vidas. Lo emocional ha quedado de lado y la salud también, pues no hay un monitoreo entre la población, acusó. “Nos han quebrantado nuestros derechos, pues lo primero que deberíamos tener es información y nadie nos la ha dado”.
 
Elba Isela Romero Córdova, directora del Jardín de Niños “Belem L. de Gándara”, advirtió que la contaminación del río Sonora les ha cambiado la vida totalmente. Acarrear agua en baldes y cubetas las agota. Brazos y espalda son las partes del cuerpo más afectadas.
 
Como responsable del plantel, ha notado cambios en la higiene de las y los alumnos, así como inasistencias por afectaciones en la salud que se volvieron frecuentes.
 
Son comunes dolores de estómago, infecciones estomacales, fiebres y vómitos. Casi a diario hay faltas escolares por hospitalización de niñas y niños, contó la directora.
 
El ruego de las madres es que a sus hijas e hijos no les den de tomar agua de garrafón, pues el líquido proviene de los pozos en los que hay duda de si están contaminados. Sólo les da confianza el agua embotellada traída de otras ciudades del estado.
 
“Hemos sobrevivido”, pero la gente no tiene conciencia de lo que se viene a futuro y de las afectaciones en la salud, por eso hay una gran incertidumbre, consideró Isela Romero.
 
Originaria del municipio sonorense de Arizpe, Francisca Nora Quijada, de 72 años de edad, comentó que hace tiempo se quebró la cadera, por lo que para ella es muy pesado cargar cubetas con agua, además de que su esposo está enfermo del corazón, por lo que ninguno de los dos está en condiciones para ese ritmo de trabajo.
 
Su familia ya fue beneficiada con un tinaco, pero Nora es de quienes rechazan el agua que les reparten en garrafones, pues proviene de los pozos sospechosos de estar contaminados. Conscientes de que purificar el agua no elimina los metales pesados, las mujeres de las comunidades afectadas exigen agua embotellada que provenga de otras ciudades.
 
“Nos da mucha comezón en la cabeza y en todo el cuerpo cuando nos bañamos con esa agua”, dijo Nora Quijada al recordar que el presidente municipal de Aconchi, Pedro Armando Lugo López, prometió que iría “casa por casa” para entregar un apoyo económico a las amas de casa, lo cual no ha cumplido.
 
Sin embargo, al igual que las demás mujeres, Nora subrayó que no es cuestión de dinero, sino de que les surtan de “agua buena”.
 
SE EXTIENDE RECLAMO
 
En la asamblea ciudadana realizada en la plaza principal de Aconchi las mujeres se hicieron escuchar, se alzaron.
 
Hasta ahí llegó Luz María Domínguez Peralta, de la localidad de Mazocahui, municipio de Baviácora, quien llamó a las amas de casa a defender lo que les corresponde, a “no aceptar migajas”, a luchar por ser parte de quienes deciden sobre el fideicomiso para la reparación del daño a las comunidades.
 
Exhortó a las mujeres a permanecer organizadas, pues sin duda son ellas las que más resienten la afectación al tener que resolver la problemática doméstica en la que el agua es preponderante.
 
“Hay que aprender a defender nuestros derechos, esta es una injusticia. Y si hay que ir a otra ciudad ¡vamos todas!”, les dijo. Si hay que ir a Hermosillo o a Cananea vamos todas y todos organizados para defender un medio ambiente limpio, arengó.
 
Hortensia Calderón, habitante del municipio de Banámichi, dijo que desde el pasado 6 de agosto cuando empezó el ecocidio provocado por Grupo México, no ha habido información sobre la descontaminación del río Sonora.
 
Exigió que se incluya a la ciudadanía en el comité que administra el fideicomiso formado por Grupo México para atender el desastre en el afluente.
 
Reparación total del daño, que limpien el río, que los pozos afectados no se abran, demandó. Convocó a que el dinero no divida a la población: “Yo no creo que después del desparramo de billetes que hubo hace ocho días el río se haya limpiado”.
 
Martha Patricia Velarde, habitante de Baviácora, una de las mujeres que impidieron que las autoridades abrieran los pozos cercanos al río por no estar suficientemente monitoreados, rechazó las declaraciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de que el caudal ya está limpio, pues el proceso durará años y no dos meses como la dependencia trata de hacer creer.
 
Celebró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunciara recientemente que se destinarían 200 millones de pesos del fideicomiso para la emergencia del río Sonora a la construcción de un hospital de alta especialidad y para la vigilancia epidemiológica, pues fue una demanda de la población afectada.
 
Sobre la decisión de las autoridades de abrir los pozos que se encuentran en la zona de restricción, Patricia Velarde confirmó que no permitirán que se abran, pues “esos pozos en cuanto empiecen a succionar agua del subsuelo se van a contaminar”.
 
Se calcula en 23 mil las personas afectadas por el derrame de químicos como ácido sulfúrico por parte de la minera Buenavista de Grupo México. Los municipios que más resienten la falta de agua potable y los daños a la salud de su población son Arizpe, Banámichi, Aconchi, Huépac, San Felipe de Jesús y Baviácora, ubicados en el centro del estado de Sonora.
 
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