En Chiapas, las instituciones de primer contacto que atienden a mujeres en situación de violencia carecen de políticas públicas, modelos de atención, protocolos y redes de referencia, además de que delitos graves como lenocinio o trata de personas ni siquiera son reportados por éstas.
Así lo evidenció el Observatorio de Violencia Social y de Género del estado de Chiapas al entregar este día al gobernador de la entidad, Juan Sabines Guerrero, el primer diagnóstico sobre violencia social y de género realizado en 22 municipios chiapanecos.
Durante la entrega del diagnóstico, Teresa Ulloa Ziáurriz , directora de la organización civil Defensoras Populares AC, la cual ejecuta el proyecto del Observatorio, informó que algunos resultados de esta recopilación estadística y análisis sobre el tema, la cual fue proporcionada por cinco instituciones estatales, evidencian la discriminación de las mujeres y niñas indígenas por su situación de pobreza y exclusión.
Las instituciones analizadas fueron el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), la Fiscalía de la Mujer de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC), la Secretaría de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, concretamente la Procuraduría de la Familia y Adopciones.
Estas instancias son consideradas de primer contacto debido a que las mujeres acuden a ellas sin considerar la calidad del servicio que presten, señaló Teresa Ulloa.
La activista denunció la falta de datos comparables y de un subregistro, principalmente en los municipios con población indígena que se rigen por usos y costumbres y autoridades tradicionales.
Otro de los hallazgos importantes del diagnóstico es que ninguna de las instituciones mencionadas tiene modelos de atención, ni protocolos, ni existe una red de referencia, por lo menos gubernamental», explicó Ulloa Ziáurriz.
«Si bien existe un Consejo estatal para garantizar el derecho a una vida libre de violencia en el estado de Chiapas, lo cierto es que no ha funcionado, ni ha producido ni políticas públicas, ni normas de coordinación, ni ha permitido mejorar la calidad y la calidez de la atención que se le brinda a la ciudadanía» agregó la activista y directora de Defensoras Populares.
En cuanto a delitos como el lenocinio, y la trata de personas, no son reportados por las instituciones, a pesar de haber sido definidos por el Comité Técnico y que formaban parte de las manifestaciones de violencia social y de género, dijo la activista.
CAPACITAN A FUNCIONARIOS
Ulloa informó que se capacitó a 403 funcionarias y funcionarios públicos, de los que 248 fueron mujeres y 155 hombres y se abrió a la disposición de la población del Estado de Chiapas el sitio web www.observatorioviolenciachiapas.org.mx, el cual tiene una sección titulada «Cuéntame tu historia», en donde las mujeres tendrán la opción de dar su testimonio de violencia de forma independiente a las instituciones estatales.
Los diagnósticos estuvieron a cargo de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Chiapas (UNACH).
Los municipios estudiados fueron Cintalapa, Huixtla, Tonalá, Chenalhó, Chilón, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Larraínzar, Ocosingo, Ocotepec, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, San Juan Chamula, Las Margarita, Chiapa de Corzo, Tumbalá, Palenque, La Concordia, Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, «aunque al hacer el cruce con la revisión hemerográfica se cubrieron más municipios», enfatizó Ulloa Ziáurriz.
EL OBSERVATORIO
El Observatorio de Violencia Social y de Género es un proyecto financiado por el Programa de Coinversión Social 2009 del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), y ejecutado por Defensoras Populares, capítulo Chiapas, quienes constituyeron un Comité Técnico conformado por representantes gubernamentales, de la iniciativa privada, de la sociedad civil y de la academia.
Por su parte, la Coordinadora del Observatorio, Margarita Garrido Martínez, declaró que la meta está hecha, e inclusive se logró el 300 por ciento del cumplimiento de la primera meta del Observatorio, que era capacitar a 120 personas de 22 Municipios.
Agregó también que se está a tiempo para garantizar la democracia, el buen gobierno, el desarrollo y la paz para las familias chiapanecas.
Los documentos que se entregaron al gobernador Juan Sabines incluyen los resultados de los diagnósticos hechos a las cinco instituciones y los resultados de la situación de la violencia social y de género en el estado de Chiapas.
También se entregó un paquete para la captura de datos estadísticos con el objetivo de geo-referenciarlos y que se puedan elaborar políticas públicas focalizadas y generales para la prevención, asistencia, protección y persecución de todas las formas de violencia social y de género pues, de acuerdo con el Observatorio, «el tema de la violencia contra las mujeres y los daños colaterales de la violencia social en sus vidas no debe ser un tema confinado al ámbito asistencialista, debe ser un tema de política pública y justicia social que requiere respuestas urgentes».
09/HEA/LGL
