Mujeres y niñas son explotadas con esquemas de contratación

La legalización de nuevos esquemas de contratación en la Ley Federal del Trabajo (LFT) tras la reforma de 2012 trajo consecuencias negativas para las mujeres, ya que no protege a las trabajadoras y fomenta la explotación laboral, dijeron especialistas.
 
Esa fue una de las conclusiones del foro “Mitos y realidades de los diversos esquemas de contratación de personal”, que se realizó el pasado 11 de septiembre en esta capital, y en el que participaron funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del DF (STyFE) y personas de la academia.
 
Luis Bueno Rodríguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que esta nueva realidad productiva, es decir, que empresas contraten a otras empresas a fin de no reconocer derechos a su personal, debe obligar a reconceptualizar la figura del patrón para que las empresas centrales (que requieren directamente del trabajo de la empleada) tengan responsabilidad en toda la cadena productiva.
 
Un ejemplo de que estos esquemas pueden derivar en formas de explotación y violación a Derechos Humanos (DH), dijo, es el caso de una empresa (de la que omitió su nombre) que está contratando a las esposas de los empleados para que cosan uniformes, pero les paga poco y por destajo, además de que no les da ninguna prestación porque están registradas bajo el régimen de “servicios profesionales”.
 
Como el pago es por destajo (y a mayor productividad hay más paga), existe la posibilidad de que las mujeres tengan que emplear a otras personas de la familia, entre ellas sus hijas e hijos.
 
Al respecto, las y los inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que ya fueron notificados del hecho señalaron que sólo suspenderán la práctica si se sorprende a menores de edad laborando, pero que en este caso se culpará a las amas de casa y no al sistema que promueve estas formas de trabajo.
 
Y dijo que a nivel nacional, casi un millón de personas están en condición de subcontratación y en el DF representan el 19 por ciento de la Población Económicamente Activa ocupada, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
 
Sin embargo, las y los académicos coincidieron en la ausencia de cifras confiables (ya que criticaron que las del Inegi en este sentido no lo son), para conocer a profundidad la realidad y el impacto que generan entre la población trabajadora estos nuevos esquemas de contratación.
 
Rosario Ortiz Magallón, directora de Empleo, Capacitación y Fomento al Empleo de la STyFE, dijo que es necesario reestructurar el actual mecanismo en el ámbito de la relación de trabajo, ya que no genera empleos decentes, tal como lo exige la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
 
Criticó que con estos esquemas la negociación colectiva ha ido a la baja, además de que la legitimidad de los sindicatos no existe.
 
Como conclusión, las y los participantes propusieron que en la licitación de servicios se obligue a las empresas a respetar los derechos laborales; así como elaborar un padrón y un censo para saber cuántos y cuántas trabajadoras están siendo subcontratadas, además de realzar inspecciones continuas en los centros de trabajo para detectar las irregularidades.
 
Además, urgieron a garantizar certeza jurídica a las y los trabajadores, lo cual implica transparencia y legitimidad desde la contratación hasta los juicios laborales, y un debido proceso para garantizar que el derecho de demanda cumpla los tiempos justos y deriven en pagos adecuados.
 
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