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Múltiples violaciones a los DH de mujer presa por aborto

Por Gema Villela Valenzuela
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El caso de María Teresa R. es considerado “particularmente emblemático” porque muestra lo que sucede ante la penalización del aborto en el mundo, específicamente en El Salvador, donde “se condena a las mujeres por el hecho de ser mujeres”, dijo el abogado del Centro por los Derechos Reproductivos (CDR), Charles Abbott.
 
El pasado 20 de mayo fue liberada María Teresa R. tras una audiencia en la que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano aceptó que el caso fue un “error judicial”.
 
El caso de María Teresa fue retomado para una campaña ciudadana por la libertad de 17 mujeres salvadoreñas condenadas por “homicidio agravado”, cuando en su mayoría sufrieron emergencias obstétricas.
 
En entrevista telefónica para Cimacnoticias, María Teresa R. expresó: “Lo que más me dolió fue la separación de mi hijo. Saber que me dieron una condena de 40 años fue lo más duro, pensar en el futuro de mi hijo. Y me preguntaba: ‘¿Cómo voy a salir de aquí?’”.
 
En 2011, esta mujer vivía con su hijo de seis años y su suegra de 59. María Teresa tenía entonces 29 años y trabajaba en una maquiladora. Se había separado del padre de su hijo tras su nacimiento, y con su salario ella era el sostén familiar.
 
El 24 de noviembre de ese año, María Teresa tuvo una emergencia obstétrica. Su suegra llamó a la Cruz Roja y la trasladaron inconsciente a la Unidad Primero de Mayo, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
 
En la hoja de emergencia citada en el expediente SS-0227-2014 se menciona que ella presentaba “tensión arterial 60/40, frecuencia respiratoria 16 por minuto, pálida”, que tenía pérdida sanguínea y desgarro por la pérdida del producto.
 
Entonces, personal de salud llamó al 911 para reportar que María Teresa había abortado, sin que tuvieran las pruebas suficientes para determinar que la interrupción del embarazo fue provocada.
 
Al despertar en la sala de cuidados intensivos, estaba esposada a la camilla y custodiada. También fue interrogada por agentes de la Policía Nacional Civil y por agentes de la Fiscalía General de la República. Ella explicó que no sabía que estaba embarazada y que  nunca llevó un control médico, ya que continuaba menstruando.
 
Aun así, María Teresa fue detenida de manera provisional, como medida cautelar y trasladada a prisión. “Me llevaron a la bartolina (celda), donde me trataban súper mal. Yo iba muy mal todavía. Ahí me quitaron el medicamento que me habían dado en el hospital”, contó.
 
Para la audiencia de julio de 2012, María Teresa conoció apenas cinco minutos antes a su defensor de oficio y en cuatro horas el juez le dictó la sentencia de 40 años de prisión por el delito de “homicidio agravado”, sin que compareciera el perito que hizo la autopsia del producto y sin pruebas científicas que demostraran el supuesto delito.
 
CONDENADA COMO “ASESINA SERIAL”
 
Según el abogado Charles Abbott, la pena máxima en la ley salvadoreña es de 40 años, la cual se impuso a los responsables de masacres perpetradas por el Ejército durante la guerra civil y a asesinos seriales. De la campaña “Por la Libertad de Las 17”, María Teresa fue la que obtuvo la pena más larga por haber sido acusada de homicidio.
 
“Saber que me dieron una condena de 40 años fue lo más duro”, dijo María Teresa, y comentó que en prisión conoció a otras mujeres que estaban en una situación similar, que fueron acusadas de abortar de una manera injusta.
 
Además de privarla del medicamento, María Teresa no podía recibir visitas: “Comienza un proceso muy largo y difícil de sobrellevar. Sufrimos discriminación por el delito de las que fuimos acusadas. Maltrato psicológico, escasez de comida y agua. En la cárcel sólo te pueden ver hermanos, padre, madre, hijos, pero yo no tenía nada de eso, sólo tenía a mi suegra y no podía verme, ni llevar a mi hijo”.
 
Cuando esta mujer creía que estaba sola, recibió ayuda de grupos civiles porque una de sus vecinas los contactó. Ana, amiga y vecina de María Teresa, estudiaba en el Servicio Social Pasionista cuando se dictó la sentencia de 40 años de prisión.
 
“Cuando me di cuenta de la condena injusta, llevé el caso a Colectiva Feminista y desde ese momento empezamos a luchar por su liberación y la de otras mujeres que sí tienen familia, pero que son pobres y desconocen sus derechos”, narró Ana a esta agencia.
 
“ME DI CUENTA QUE NO ESTOY SOLA”
 
La sororidad de las agrupaciones feministas, como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador y otras organizaciones de nivel internacional se interesaron en apoyar legalmente el caso por la violación de sus Derechos Humanos (DH).
 
“De repente salen ángeles tan bellos y te hacen saber que no estás sola. Que hay un millón de gentes que están apoyándote y eso me daba fuerza. Saber que no estás sola, que hay un pequeño varón esperándome en casa. Fue cuando me dije ‘pronto voy a salir de aquí’, cuando vi la velita de la esperanza de la solidaridad”, externó María Teresa.
 
Cuando las activistas solicitaron el indulto para María Teresa, lo hicieron no sólo a la CSJ, sino que también fue solicitada al Poder Legislativo, porque así es el procedimiento en El Salvador. Pero el indulto fue negado.
 
Las autoridades pretextaron que la mujer no se arrepentía de su “delito” y que su conducta en la cárcel era poco participativa, pues no se involucraba en las actividades, lo cual no aseguraba su reinserción social, según justificaron.
 
Abbott explicó que tales argumentos no ayudan a las personas que como María Teresa son inocentes, pues no pueden arrepentirse de un delito que no cometieron, además de que las actividades en la cárcel son en su mayoría de índole religiosa, por lo que las reclusas no deberían estar obligadas a participar, sostuvo. Por ello calificó de “político” el motivo real por el que se le negó el indulto a la mujer.
 
“Mi libertad significa mucho. Significa… mucha felicidad. Ahora quiero rehacer mi vida nuevamente con mi hijo, es lo más importante. Y buscar trabajo”, compartió María Teresa.
 
En el proceso judicial en su contra, a la mujer se le violentaron sus derechos a la libertad personal, a la igualdad ante la ley y la no discriminación, a vivir libre de violencia de género, a la salud, al honor, al principio de legalidad, a la integridad personal, vida privada y familiar, y a una serie de garantías y protecciones judiciales, como el derecho a ser informada de la acusación, a ser oída y su presunción de inocencia.
 
“Fue un proceso con lagunas porque no hubo testigos, ni pruebas en su contra que puedan prevalecer por encima de su testimonio. Finalmente la ciencia, la presunción de inocencia y la independencia judicial primaron sobre los prejuicios de género en las investigaciones, y da esperanza para el resto de las mujeres presas”, indicó Abbott.
 
Por su lado, el vocero de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Jorge Menjívar, precisó que de las 17 mujeres de la campaña, tres ya salieron en libertad: Guadalupe, quien consiguió el indulto, Mirna y María Teresa. Aun así, a las 14 restantes se suman 11 mujeres también criminalizadas por abortar.
 
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