San Juana García Ríos, de 47 años, y su hija Zaida Patricia Alvarado García, de 16 años, atropelladas por un hombre en estado de ebriedad el pasado 1 de febrero, sufren no sólo por las graves lesiones que el accidente les provocó, también por la enorme cuenta acumulada en los hospitales donde las atendieron, pues el Seguro Popular que habían adquirido no es suficientes para cubrir los gastos de su atención.
San Juana, a quien le amputaron una pierna, está semi paralizada y tiene fractura de cráneo, el Seguro Popular sólo le dio derecho a tres días de internamiento en el Hospital General, pero la gravedad de su estado la mantendrá ahí muchos días más, con lo cual adquirió una deuda de la que, dice, «no quiere ya ni contar».
Zaida Patricia sufrió lesiones que aún la mantienen postrada en la cama 105 del Hospital Infantil y la deuda que sus padres tienen hasta ahora con el nosocomio, de 25 mil pesos, seguirá creciendo, pues «con ella, no nos valió el Seguro Popular».
Florentino Alvarado, padre de Zaida y albañil de oficio, dice que además de las deudas adquiridas con el hospital, tienen que comprar medicinas, pagar estudios nuevos, comida, por lo que ha recurrido a la solidaridad familiar y a los amigos para conseguir dinero.
María Elena García Ríos, hermana de San Juana, relata que trataron de argumentar en el hospital que los gastos debería pagarlos el responsable del atropellamiento, pero la trabajadora social del Hospital General, Flor Vázquez, les ha dicho que «no hay antecedentes que valgan», tiene que pagar.
Si fue un accidente o una enfermedad, no hay más responsable de los gastos que el paciente y su familia, y tiene que responder por todo, les habría dicho la trabajadora.
Les dijo también que para adjudicar responsabilidad al conductor que las atropelló tendrían que entablar un juicio para la reparación del daño.
Pero para que Juan Torres Rodríguez, el conductor ebrio, pague los gastos, la familia tendría que gastar en los honorarios de un abogado. Y el juicio, según investigó otro de los hermanos de San Juana, duraría hasta cinco años, «cuando que ni siquiera tenemos para comparar una pastilla».
Además, para que la demanda prospere, la víctima del accidente tendrá que aportar y demostrar cada gasto médico que haya hecho, explica el licenciado Anastacio Martínez Melguza, del Juzgado de primera instancia de lo civil.
Y mientras la familia de las atropelladas se pregunta en dónde están las leyes que protejan a las víctimas en estos casos, el legislador José Gudiño, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Tamaulipas, explica que existe una Ley de Asistencia Social que tiene que contemplar este tipo de situaciones.
Dicha ley asume que todos estamos expuestos «a que un mal día, por la irresponsabilidad de un tercero, tengamos que enfrentar sucesos de este tipo, y aunque la ley marca cárcel para el culpable, las víctimas no pueden quedar desamparadas. El estado debe de otorgar algún tipo de ayuda, para quienes sin deberla ni temerla tienen que hacer frente todo lo que conlleva un accidente de esta magnitud».
Sin embargo, para la familia afectada por Juan Torres la ley sólo ha hecho posible el encarcelamiento del responsable, sin derecho a fianza, pero ni el apoyo que deberían recibir de las autoridades, ni las pretendidas bondades del Seguro Popular los libran de la deuda y de las graves secuelas que les dejó el accidente.
Por lo pronto, la familia de las afectadas envió ya una carta al gobernador Eugenio Hernández Flores, «para que nos ayude, porque estamos desesperados, igual a la Secretaría de Salud para que nos considere tanto dinero que debemos en los Hospitales, ya que aunque el borracho que nos amoló esta preso, no hay Ley que nos apoye para que se nos haga justicia en la reparación del daño».
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