Hasta tres mil 500 palestinos, mayoritariamente mujeres y menores, fueron víctimas de la masacre en los campamentos de refugiados Sabra y Shatila al sur de Beirut hace 20 años, sin que hasta hoy prospere una demanda por genocidio contra el líder israelita Ariel Sharon.
Durante 40 horas, del 16 al 18 de septiembre de 1982, un grupo de falangistas libaneses torturaron, violaron y quitaron la vida a un número de personas que varía entre 700 según datos del gobierno israelí y tres mil quinientas, informó en esta ciudad el Comité de Solidaridad México-Palestina.
En los acontecimientos, el ejército israelí puso reflectores sobre los campamentos para evitar la huida de los residentes, indica un compendio informativo del Comité, donde también refiere que el gobierno israelí facilitó excavadoras para enterrar a los masacrados y demoler las viviendas.
«El número exacto de víctimas no se podrá definir nunca», asegura el Comité.
Cerca de un millar de personas fueron enterradas en fosas comunes por el Comité Internacional de la Cruz Roja o en los cementerios de Beirut por sus familiares, mientras que un número indeterminado fue enterrado por las milicias libaneses o quedó atrapado bajo los escombros de las viviendas derrumbadas con buldózeres.
A la agresión directa, parte de la operación «Paz para Galilea» comandada por el actual primer ministro Sharon, entonces ministro de Defensa, siguieron las redadas sistemáticas con el apoyo del ejército israelí, que resultaron en decenas de desapariciones forzadas.
Las masacres en estos campamentos en las afueras de Beirut, tras la entrada militar israelí al Líbano, recibieron la condena inmediata de la ONU y una resolución de la Asamblea General que calificó la acción como genocidio.
Durante 20 años la comunidad internacional ha señalado al general Ariel Sharon como responsable de estas muertes y torturas.
Ejemplos son un tribunal público y simbólico sobre crímenes de guerra en El Cairo, la posible reapertura de la investigación de la masacre por el fiscal militar en jefe de Líbano y las acciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos.
De manera concreta, 15 personas de nacionalidad palestina y ocho libanesas, presentaron una querella ante la justicia belga contra Ariel Sharon y Amos Yaron, actual ministro de Defensa en Israel, por las consecuencias de Sabra y Shatila. Una ley de 1993 permite juzgar en Bélgica crímenes contra la humanidad perpetrados en suelo extranjero.
Según el testimonio de la sobreviviente Sana Sersawi, publicado por el periódico español «El otro país», después de que las fuerzas libanesas sacaron a las familias refugiadas hacia la entrada del campamento, se pidió a los hombres entrar a un gran hoyo profundo al tiempo que los soldados israelíes decían por los altavoces «dennos los hombres».
Sersawi, hoy testigo en el juicio contra Sharon, relata que hace 20 años y con tres meses de embarazo, vio por última vez a su esposo Hassan, de 30 años, y a Faraj el-Sayed Ahmed, su cuñado egipcio, antes de entrar al estadio Camille Chamoun en Beirut donde separaron a las mujeres de los hombres.
Ellas salieron y esperaron a los varones; solamente salieron unos cuantos y pocas horas después un soldado israelí les informó que ya no había nadie más, que se habían ido. Cuando ingresaron al estadio, éste se encontraba vacío.
En la misma semana de la masacre, el general Sharon reportó ante el Parlamento que el ejército a su cargo tenía prohibido entrar a los campamentos, pero que las falanges libanesas se encargarían de la «limpieza».
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