Aunque desde 2010 el estado de Guerrero cuenta con lineamientos para garantizar el aborto por las causales permitidas, las autoridades judiciales impiden que las mujeres víctimas de violación sexual accedan a este derecho.
Ante esta situación y en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, organizaciones civiles crearon un observatorio para vigilar que se garantice el acceso al aborto por violación, y evidenciar los casos en los que se niegue este derecho.
El Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, el Colectivo Nosotras, la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, Ddeser Guerrero y Comunidad Raíz Zubia, entre otras agrupaciones, forman parte de este proyecto a favor de la salud de las mujeres en la entidad.
El artículo 121 del Código Penal estatal establece que el aborto no se penaliza por imprudencia de la mujer embarazada, sea resultado de una violación o de una inseminación artificial indebida, y cuando el producto padezca alteraciones genéticas o congénitas.
Si bien la Secretaría de Salud (Ss) local es la entidad encargada de brindar el servicio, las organizaciones denunciaron que en los casos de violación sexual es el Ministerio Público (MP) el que impide que las mujeres interrumpan un embarazo no deseado.
Silvia Castillo, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, acusó en entrevista que las mujeres tienen que denunciar el delito, acreditar que fueron víctimas de violación, someterse a exámenes médicos y esperar una autorización que incluso puede tardar meses.
Las organizaciones han documentado casos en los que las víctimas tienen que probar que fueron violadas sexualmente, y en muchas ocasiones sus agresores no son juzgados. Muchas de ellas enfrentan también trámites legales para evitar un embarazo.
De acuerdo con Castillo, el problema empieza cuando una mujer agredida no recibe información sobre el aborto y tampoco la anticoncepción de emergencia que ?consideró? deberían tener en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales del estado.
Los lineamientos para el acceso al aborto en Guerrero fueron publicados el 10 de septiembre de 2010 y establecen que los trámites administrativos se deben realizar lo más pronto posible, resolviendo el caso en un máximo de cinco días naturales a partir de la autorización del MP.
Sin embargo el MP puede llegar a tardar hasta dos meses para girar un oficio en el que apruebe el procedimiento, que para entonces puede ser dañino para la salud de las mujeres, ya que los riesgos se incrementan conforme avanza la gestación.
La organizaciones señalaron que información extraoficial de la Procuraduría de Justicia estatal indica que al año se reciben cerca de 2 mil 700 denuncias por violación sexual contra mujeres y niñas.
De estos casos se autoriza el aborto sólo si la mujer tiene conocimiento de su derecho a decidir y lo exige, de lo contrario no se le da la oportunidad de decidir ser o no madre, lo que orilla a que continúen con embarazos no deseados o tengan abortos de alto riesgo.
Las organizaciones pidieron a la nueva procuradora estatal, Martha Elva Garzón Bernal, garantizar que las agencias del MP informen a las mujeres sobre su derecho al aborto y que no retrasen el procedimiento.
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