Nadia Zepeda, sentenciada el pasado 8 de mayo a cinco años 100 días de prisión por delitos contra la salud en su modalidad de comercialización, pidió a Marcelo Ebrard, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, que continúen las investigaciones en contra de los policías que participaron en su detención durante un operativo antidrogas en enero de 2003.
La joven de 19 años de edad informó vía telefónica desde el reclusorio femenil oriente, que no es la única mujer presa como resultado de detenciones arbitrarias cometidas por elementos encargados de velar por la seguridad pública de las y los mexicanos, pero que sí de las «pocas que lo he dado a conocer».
El enlace telefónico fue hecho en conferencia de prensa desde la sede de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPH). Allí, Zepeda relató a los comunicadores que se dieron cita, haberse sentido impotente y desesperada luego enterarse de su sentencia condenatoria.
Dijo sin embargo tener fortaleza ante las nuevas circunstancias que se le presentan, pues «no me quiero acostumbrar al encierro».
En rueda de prensa se informó que el próximo 29 de junio, la magistrada Gabriela Sánchez Magaña, Cuarta del Tribunal Unitario, decidirá acerca de la apelación que se hizo a la sentencia condenatoria en contra de Nadia, emitida por la Jueza Olga Sánchez Contreras.
Se hizo también el anuncio de la creación del Comité de Mujeres Unidas para la Liberación de Nadia Zepeda, que se reunirá en San Lázaro en un acto de apoyo a la liberación de la joven presa, justo el día de su apelación.
Adriana Carmona, abogada de la CMDPH, confió que la magistrada Sánchez Magaña «acate» los ordenamientos internacionales, tales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Belém do Pará; que garantizan el goce de los derechos humanos de las mujeres.
«Le toca a la magistrada revisar la sentencia que ya se emitió y resolverla, así como detectar las inconsistencias y señalar las responsabilidades de todas las personas y funcionarios involucrados en este acto en contra de los derechos de Nadia», explicó la abogada.
En tanto, María Berlanga Gallón, integrante del recién conformado Comité, dijo que la situación por la que pasa Nadia es un reflejo de lo que las mujeres tienen que pasar en situaciones de justicia en México: «es un ejemplo de cómo se violan los derechos humanos».
Finalmente, el Comité anunció que el próximo 29 en que se decidirá la apelación de la condena que se hizo a Nadia, habrá un acto político de apoyo a su liberación en San Lázaro, y la entrega de una carta a la SCJN -al Secretario de Seguridad Pública y a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal-, en la que se reunieron más de 200 firmas de apoyo de organizaciones nacionales e internacionales.
Nadia fue detenida el 23 de enero de 2003 con dos amigos en la colonia Agrícola Oriental de la Ciudad de México, en un operativo realizado por policías de seguridad pública. Tras ser golpeada y al negarse a ser abusada sexualmente por los policías, estos la presentaron ante el Ministerio Público donde fue acusada por delitos contra la salud.
Posteriormente fue incomunicada durante dos días y trasladada al Reclusorio Femenil Oriente de la Ciudad de México.
2004/BJ/GV/SM
