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Necesario el mejoramiento de la política pública para pueblos indígenas

Por María Sarai Fabián Villa*
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En materia de política pública de pueblos indígenas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) una auditoría al ejercicio presupuestal de 2016. El documento se encuentra disponible en la página electrónica de la ASF (Auditoría de Desempeño 16-1-47AYB-07-0277). Documento que analiza las acciones efectuadas por la CDI para preservar y fortalecer las manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas.

En el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se consolidó como la instancia estatal descentralizada e independiente que tiene personalidad jurídica propia, presupuesto y autonomía de acción en los tres niveles de gobierno.

Desde sus inicios, la función de la CDI era la de formular, ejecutar, monitorear y evaluar, los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal desarrollen; así como realizar tareas de coordinación que permitieran la implementación de políticas vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

Sin embargo, sus acciones como unidad responsable quedaban al margen de su misión y perpetuaban las condiciones de inequidad que ya de por si proliferaban entre los pueblos y comunidades indígenas.

Por tal motivo, en 2015, se crea el programa P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas”, el cual trataba de dar seguimiento a los programas sociales que se encontraban dentro del Anexo 10 “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas”.

Anexo que contemplaba 56 programas de política pública, de los cuales, diez hacían referencia a población indígena y sólo dentro del Ramo 10 “Economía” (Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural), Ramo 12 “Salud” (salud materna, sexual y reproductiva) y Ramo 20 “Desarrollo Social” (Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras) se asignaban recursos presupuestales a mujeres, sin precisar su condición cultural y étnica, los cuales actualmente (PPEF, 2018) se han reducido a dos.

El Informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentado en el mes junio del presente año, dio a conocer su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 2016; el cual integra, siete observaciones y diez recomendaciones al desempeño de los programas (Auditorio de Desempeño 16-1-47AYB-07-0277).

Los resultados están encaminados a indagar sobre orientación, coordinación, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones públicas en materia indígena; desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas; la suscripción de convenios de coordinación; rendición de cuentas; ejercicio de los recursos presupuestarios; cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y el control interno.

Entre las recomendaciones más importantes que la Auditoría Superior precisa a la CDI, es propiciar la participación permanente de los pueblos, organizaciones, autoridades y comunidades indígenas en la definición, planeación y ejecución de programas, estrategias y líneas de acción para el desarrollo indígena y la investigación, a fin de fortalecer la cultura, los usos y costumbres, y la participación indígena dentro de la toma de decisiones económicas y políticas del país.

Subsanar la carencia de instrumentos de coordinación inter-institucional los cuales, son de vital importancia para la lograr la organización eficaz entre las diversas instituciones de gobierno con la CDI al fin de mejorar el servicio y la atención brindada al sector indígena. De la misma manera, existe un gran vacío de instrumentos que cuantifiquen el origen étnico o no, de las personas beneficiadas.

Disponer y dar seguimiento a metas e indicadores de los programas sociales que permitan calcular la cobertura de atención respecto de los 68 pueblos y comunidades indígenas, y conocer el impacto de los mismos. Con respecto a la evaluación, la Comisión deberá acreditar que evaluó y dio seguimiento a los ocho indicadores comprometidos en el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018; los cuales, son insuficientes para valorar los 11 derechos mandatados en materia indígena en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 1. Preservar las lenguas indígenas; 2. Conservar el medio ambiente; 3. Acceder a la justicia; 4. Garantizar la educación; 5. Garantizar la salud; 6. Apoyar la nutrición; 7. Mejorar la vivienda; 8. Propiciar la equidad de género; 9. Construir vías de comunicación terrestre; 10. Apoyar las actividades productivas y 11. Proteger a los migrantes.
Sin duda es una encomienda amplia, que las organizaciones buscarán que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) logre desarrollar en este periodo de cierre sexenal; y al realizarse, sentaría las bases de la construcción de mecanismos asequibles al monitoreo de la política pública para población indígena, y facilitando el acceso de los pueblos y comunidades a sus Derechos Humanos.

A poco más de quinientos años de la conquista, los pueblos indígenas han vivido en resistencia, las batallas han sido muchas, sus victorias se cuentan con los dedos de las manos, aun así, el rendirse no es opción; pues no sólo buscan el reconocimiento de sus derechos sino el de toda la comunidad y el de sus futuras generaciones.

*Integrante de Kinal Antzetik Distrito Federal A. C.

**Kinal Antzetik Distrito Federal A. C., es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

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