Convertir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en una herramienta útil no sólo para alcanzar las metas planteadas, sino para discutir cómo seguir avanzando hacia la equidad de género tocando el núcleo duro de las grandes desigualdades, es el reto de la comunidad internacional, consideró Rebeca Grynspan.
La directora de la sede subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), destacó que algunos de los ODM están explícitamente encaminados a lograr una mayor equidad de género, y que no debe perderse la visión transversal dentro de una concepción integral de los mismos, pero tampoco la visión integral dada por las cumbres y la misma Declaración del Milenio.
Grynspan participó en el Congreso Internacional Camino a la Igualdad de Género: Propuestas, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo (PNUD), para reflexionar sobre la forma de articular los ODM con la Plataforma de Acción de Beijing.
En su exposición, Las metas del Milenio y la equidad de género en México, perspectiva en el ámbito internacional, la directora de la CEPAL destacó algunos de los indicadores relevantes de la desigualdad de género que prevalecen en América Latina y en el país, entre ellos el de la pobreza.
Advirtió que en todos los países de la región el índice de feminidad de la pobreza alcanza valores superiores a 100 entre la población de 20 a 59 años, edades en que la vulnerabilidad femenina frente a la pobreza es mayor.
En materia de salud, dijo, aunque la tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe es relativamente baja en comparación con las demás regiones en desarrollo, las muertes por causas relacionadas con el embarazo y el parto siguen siendo un grave problema de salud pública.
Existen grandes diferencias entre los países de la región y sus avances. Sólo un grupo pequeño aparece con niveles por debajo de las 50 muertes por cada 100 mil nacimientos. La lista está encabezada por Uruguay, Chile, Cuba, Santa Lucía, Argentina y Costa Rica y Brasil. México se sitúa en el lugar 13, y en el 20 en cuanto atención calificada de parto, después de Santa Lucía, Granada, Dominica, Belice, Chile, Barbados, Argentina y Brasil.
En el rubro de educación, precisó, de acuerdo con los ODM, la mayoría de los países de la región ha logrado el acceso igualitario de niñas y niños a la enseñanza básica (primaria y secundaria), aunque en México queda pendiente el área de educación terciaria.
Sin embargo, señaló, en México la meta de la igualdad ha sido alcanzada sólo por las niñas y niños de hogares no pobres, y sigue representando un desafío para las niñas de hogares pobres y residentes en zonas rurales, cuyas tasas de asistencia a la escuela son menores que las de las zonas urbanas.
Insistió también en que en muchos países de la región prevalecen sin grandes cambios las tasas de analfabetismo femenino y que las mujeres que tienen acceso a la educación superior ingresan a carreras tradicionales, como las ciencias sociales y humanidades, por lo que es imprescindible reorientar su participación en carreras relacionadas con los actuales cambios y adelantos.
COMPOSICION POR SEXO DE LA POBLACION OCUPADA
En empleos no agrícolas no ha cambiado significativamente en la última década en los países de la región. En la mayoría de ellos, aumentó la participación de las mujeres, en otros se ha mantenido o rezagado. México se encuentra entre los que la han aumentado, pero poco, explicó.
Sin embargo, destacó, el creciente ingreso de las mujeres al mercado laboral se conjuga con su concentración en empleos precarios, mal remunerados y de baja productividad. En México, el 45 por ciento de las mujeres ocupadas se halla en esta situación, además de que sus ingresos siguen siendo menores a los de los hombres en iguales posiciones y con el mismo nivel de instrucción, precisó.
Esta desigualdad contradice el derecho básico a recibir «un mismo salario por un mismo trabajo», por lo que deben adoptarse políticas orientadas no sólo a velar por el cumplimiento de ese derecho, sino a crear condiciones para que las mujeres se desempeñen plenamente en el trabajo remunerado, sin afrontar la mayor carga de trabajo doméstico no remunerado, consideró.
En el rubro de participación política, sostuvo que las leyes de cuotas, para ser efectivas, requieren de tres condiciones básicas: que se adecuen al sistema electoral y estén consagradas en la ley, que estén bien reglamentadas y que el organismo electoral vele por su cumplimiento, situación que sólo se ha dado en Argentina, Costa Rica y México.
Grynspan citó también las estadísticas sobre violencia de género, fenómeno que afecta a una de cada tres mujeres en la región, y que es una de las manifestaciones más extremas de la desigualdad de género y es una de las principales barreras para el empoderamiento de las mujeres.
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